12 marzo 2014
El PP rechaza en el Congreso destinar a las CCAA el dinero de las tasas para justicia gratuita
El Partido Popular rechazó ayer, 11 de marzo, en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que exigía al Gobierno destinar a las comunidades autónomas el dinero recaudado por las tasas judiciales para poder sufragar el sistema de Justicia Gratuita, informa Europa Press.
El PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU apoyaron esta iniciativa para exigir al Gobierno que cumpla su palabra y asuma el mandato que plasmó en la polémica ley de tasas al vincularla con la financiación de la justicia gratuita. El Ejecutivo recaudó 300 millones en 2013 con cargo a estos gravámenes, pero las comunidades “no han recibido ni un solo euro” y la oposición pregunta “a dónde ha ido el dinero”.
La diputada del PP Beatriz Escudero ha recordado que el Ministerio de Justicia se comprometió con las comunidades en la conferencia sectorial del pasado diciembre a asumir el sobrecoste generado por la ampliación de la justicia gratuita y que en esa línea se está trabajando.
NO HA DESTINADO NI UN SOLO EURO
El portavoz del PNV en materia de Justicia, Emilio Olabarria, fue el encargado de defender su iniciativa y de exigir al ministro Alberto Ruiz-Gallardón que “cumpla su palabra” y destine a las comunidades autónomas con las competencias transferidas la parte proporcional que les corresponde.
“Es lo que prometió el ministro y lo que, hasta el día de hoy, ha incumplido”, afirmó Olabarria, que criticó que al ministro “se le llene la boca” justificando las tasas en la necesidad de sustentar la justicia gratuita, cuando lo cierto es que no ha destinado “un solo euro” a la misma.
El diputado vasco denunció el “expolio” a las comunidades que prestan este sistema y apoyó la enmienda del PSOE al considerar que la polémica ley de tasas es “inconstitucional” por sus “perversos efectos” para el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
El diputado del PSOE Antonio Camacho presentó la enmienda de su grupo para derogar la ley de tasas y, mientras no se anulen, librar sin más demora la recaudación que les corresponde a las comunidades que soportan la justicia gratuita. “Desconocemos hacia dónde van unos ingresos que, al mismo tiempo, atentan a la tutela judicial efectiva”, agregó.
El socialista alertó de la “grave patología” que se produce cuando la propia oposición tiene que instar al Gobierno a dar cumplimiento a esta controvertida ley, que recoge en su artículo 11 la vinculación entre ambos servicios. “Es su obligación, lo único que pedimos es que asuma su responsabilidad”, remachó.
La portavoz de UPyD, Rosa Diez, también apoyó la iniciativa de la formación vasca para el “reparto del botín de las tasas, que no tienen otro objetivo que recaudar dinero” y se aprobaron bajo el “argumento falaz” de soportar la justicia gratuita.
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, advirtió de que las tasas han “desplomado” la protección de los ciudadanos ante la Justicia y se han convertido en un “negocio ruinoso” para el Gobierno. “Al final, no ha ido un euro a nadie. Estamos ante una gran estafa del Gobierno que ha provocado la ruptura de la igualdad de todos los ciudadanos”, añadió.
Desde CiU, el parlamentario Jordi Jané también apoyó la iniciativa de la formación nacionalista vasca porque es un “imperativo legal” transferir a las comunidades la parte de la recaudación de las tasas que corresponden al peso que asumen al prestar el servicio de justicia gratuita.