El PP retrasa la tramitación de la Ley Antidesahucios al 14 de marzo para esperar la resolución del TSJUE

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha confirmado este martes que el PP retrasará los siguientes pasos en la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios –que se aglutinará con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago– al menos hasta el 14 de marzo, cuando se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dice sentencia sobre la Ley Hipotecaria Española.

Según ha explicado el diputado ‘popular’ a los medios a la salida de la Junta de Portavoces, retrasar el procedimiento es “lo prudente y responsable”, porque las sentencias del Tribunal de Luxemburgo “tienen el carácter de cosa juzgada” por lo cual podría obligar a cambiar la normativa poco después de que la apruebe el Congreso.

“La sentencia puede afectar a la normativa española. Por tanto, entendemos que lo prudente, lo sensato, es esperar a conocer los términos de la sentencia para ver si fuera necesario adaptar la normativa española a algunos términos de la misma”, ha insistido.

Un fallo que, a la luz del informe que presentó la abogada general del TUE Juliane Kokott sobre la Ley Hipotecaria Española, supondrá un duro correctivo a la actual normativa, particularmente en temas como la indefensión de los ciudadanos o las condiciones abusivas que deben soportar en temas como los intereses o los procedimientos de subasta.

“ESPERAR UNA SEMANA NO ES UN PROBLEMA”

Además, Bermúdez de Castro ha recordado que los afectados por las ejecuciones hipotecarias “llevan esperando muchos años” a resultas de que el anterior Ejecutivo socialista “no tomó ninguna medida”, por lo que “esperar una semana no es un problema para que esas medidas se adopten finalmente”.

A renglón seguido, ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado medidas “de protección a los deudores hipotecarios” con el objetivo de dar soluciones a las personas que, por haber perdido de forma sobrevenida su empleo, no deben perder también su hogar”, y ha reiterado que la decisión más prudente es “esperar a conocer los términos de la sentencia del TJUE”. “Ése será el momento, en función del contenido de una sentencia que no debo prejuzgar, en que se cierre el plazo de enmiendas”, ha zanjado.

Y es que tras la admisión a trámite de la ILP por unanimidad del Pleno del Congreso, ‘populares’ y socialistas instaron a la Mesa de la Cámara a declarar el procedimiento de urgencia para esta iniciativa, con el objetivo de poder aglutinarla cuanto antes al proyecto de ley que ya se estaba tramitando y que el texto definitivo estuviera aprobado en la Comisión de Economía el 7 de marzo.

Sin embargo, a falta de dos días para ese plazo inicialmente marcado, aún no se ha cerrado ni siquiera el plazo de enmiendas de totalidad, que vence este miércoles aunque finalmente se volverá a prorrogar, como ya temía el PSOE. Su portavoz de Vivienda, Leire Iglesias, avanzó en declaraciones a Europa Press hace unas semanas que los ‘populares’ tenían intención de retrasar el procedimiento, cosa que ahora se ha confirmado.

De esta manera, lo previsible es que el plazo de enmiendas a la ILP se cierre, como pronto, el viernes 15 de marzo, aunque dado el carácter de urgencia de la iniciativa y que la Comisión de Economía tiene competencia legislativa plena, la norma podría salir rumbo al Senado en la misma semana del 18 al 22 de marzo, si así lo deciden los grupos.

NO HACE FALTA PARALIZAR EL PROCESO

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela también ha hecho referencia a este asunto en rueda de prensa, coincidiendo con el criterio del PP de que es necesario “esperar a conocer el resultado de la sentencia” del Tribunal Europeo. “Nos parece bien que el Gobierno, por una vez, no funcione a golpe de titular”, ha subrayado.

No obstante, ha recordado que esperar a conocer ese fallo “no es ningún obstáculo” para poder continuar con las negociaciones que ya se habían iniciado sobre las más de 200 enmiendas parciales que las diferentes formaciones habían presentado al proyecto de ley del Gobierno, muchas de las cuales ya recogen aspectos que, previsiblemente, estarán en la sentencia europea.

“Hay suficiente materia para empezar a trabajar. He hecho llegar al portavoz del PP (Alfonso Alonso) que nos parece absolutamente urgente que la ponencia reanude sus trabajos, sobre todo por el volumen muy importante de enmiendas que hay. Hacer las cosas bien, por una vez, no significa tener que dejarlas durante todo este tiempo”, ha señalado.

NO REBAJAR LA ILP

Finalmente, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, también ha expresado su “preocupación” por la paralización de la tramitación, que considera una “nueva maniobra dilatoria” del PP, al que ha recomendado que, “aplicando la misma regla de esperar a que la UE haga su dictamen, establezca una moratoria a todos los desahucios”.

“No se trata de ver si el dictamen de Europa dice una cosa u otra. Lo que se está dilucidando aquí es si el PP quiere realmente que se apruebe la ILP presentada por la Plataforma Antidesahucios (PAH) en sus justos términos o si pretende una modificación a la baja para rebajar las reivindicaciones justísimas que más de un millón y medio de ciudadanos han firmado”, ha apostillado.

Los promotores de la iniciativa popular exigen al Congreso que apruebe la ley Antidesahucios en los términos exactos que recoge su propuesta –dación en pago retroactiva, moratoria general de los desahucios y creación de un parque de vivienda en alquiler social– y amenaza con “señalar” a los diputados que se opongan en sus entornos laborales y familiares.

Sin embargo, el propio presidente, Mariano Rajoy, rechazó la aplicación de una dación en pago retroactiva de forma generalizada como pide la PAH, porque podría dañar “sin remedio” la garantía hipotecaria e impedir el acceso futuro a los préstamos, tal y como dijo durante el Debate sobre el estado de la Nación. No obstante, tendió la mano al PSOE para llegar a acuerdos, que pasarán por una flexibilización de los umbrales a partir de los cuales se considera que una familia es vulnerable y puede, por tanto, optar a medidas como la reestructuración de la deuda, quitas o acceso a viviendas sociales.