El PP sancionará a tres senadores del PAR por votar a favor de pedir al Gobierno derogar las tasas

El PP aplicará “sanciones internas” contra tres senadores del Partido Aragonés (PAR) que forman parte de su grupo parlamentario y que este miércoles se han saltado la disciplina de voto al apoyar una moción que pide al Gobierno derogar la ley de tasas judiciales ante el “desgarrado y unánime clamor” en su contra, informa Europa Press

El Partido Popular ha hecho valer en el Pleno del Senado su mayoría para tumbar esta iniciativa, que ha sido formulada por los socialistas y que ha contado con el respaldo de CiU, el Grupo Mixto, la Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Vasco (EAJ-PNV).

La propuesta, ha sido rechazada con 141 votos en contra, 88 votos a favor y la abstención del senador del PP por Soria Gerardo Martínez. Entre los tres senadores que han amparado la moción, se encuentran los representantes del PAR Rosa Santos, María Jesús Burró y José María Fuster.

Según informaron a Europa Press fuentes del Grupo Parlamentario Popular, se aplicarán sanciones contra estos tres senadores del PAR que están integrados en el grupo y que ya ocasiones anteriores se han distanciado de la disciplina de voto. Por ejemplo, el partido les multó en junio cuando votaron para mantener las ayudas al carbón.

En concreto, la moción reclamaba al Gobierno la derogación de la norma porque genera una “enorme indefensión”, sobre todo en tiempos de crisis, y “deja la Administración de Justicia como un servicio al que sólo podrán acceder aquellos a los que les sobre el dinero, a los que no lo necesitan para llegar a fin de mes y que nunca preguntan por los precios de las cosas porque, cueste lo que cueste, lo van a tener de sobra”.

UNA LEY “CRUEL, INJUSTA Y PROFUNDAMENTE INMORAL”

El portavoz del PSOE en Justicia, Arcadio Díaz-Tejera, ha calificado de “cruel, injusta y profundamente inmoral” esta norma, mientras que la senadora ‘popular’ Silvia Franco le ha replicado que la ley “no afecta” al derecho a la tutela judicial efectiva ni tampoco supondrá ningún “obstáculo” para acceder a los tribunales.

Los senadores del Grupo Mixto, la Entesa pel Progrés de Catalunya, el Grupo Vasco y CiU se han hecho eco de las voces “autorizadas” como la del fiscal general del Estado o el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuestionando la “excesiva” cuantía de los nuevos gravámenes.

Además, han coincidido en reprochar la falta de diálogo exhibida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el “vacío legal” que ha provocado la ausencia de la aplicación de las tasas durante casi un mes.

JUSTICIA ADMITE AL PSOE QUE NO CALCULÓ LOS TIEMPOS

En la defensa de la iniciativa, el senador socialista Arcadio Díaz-Tejera ha recogido el “clamor” del mundo de la Justicia contra este “tasazo” y este “vaciamiento” del derecho a la tutela judicial efectiva. “Esta ley universaliza las tasas al extenderla a las personas físicas y a las empresas con una facturación inferior a ocho millones de euros, que hasta ahora quedaban excluidas”, ha dicho.

“La razón de ser del texto es recaudar”, ha resumido el socialista, antes de remitirse a la “chapuza” de que el Gobierno no tuviera preparados los formularios de autoliquidación y retrasara la aplicación de las tarifas, aunque la norma hubiera sido publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este punto, ha confesado que preguntó sobre esta cuestión a un alto cargo del Ministerio de Justicia durante un almuerzo celebrado con otros portavoces parlamentarios y éste le respondió que “calculaban que en la tramitación de la norma, el ritmo iba a ser distinto” y que “no llevaron el ritmo adecuadamente” sobre la orden que debía regular los formularios de pago. “Acusé recibo de la explicación pero no deja de ser una chapuza”, ha zanjado.

PP ADMITE “EFECTOS BENEFICIOSOS” DURANTE CONGELACIÓN DE TASAS

A este respecto, la senadora del PP Silvia Franco ha aseverado que “no se suspendió la entrada en vigor” de la ley y que ésta contemplaba una “simple remisión reglamentaria, que se utiliza en infinidad de veces”.

“Ha habido un lapso de tiempo en el que no se dictó esa orden ministerial y ha habido un periodo durante el cuál los sujetos pasivos de las tasas no las han hecho efectivos. Les pido, al menos, que reconozcan que los efectos no han sido perjudiciales, sino, todo lo contrario, han sido beneficiosos entre comillas porque durante este periodo los sujetos pasivos no han abonado las tasas”, ha explicado.

Desde el Grupo Mixto, el senador Jesús Iglesias ha advertido del “riesgo” de gravar los procedimientos con unas tasas que pueden ser finalmente declaradas inconstitucionales. A su vez, Isidro Martínez Oblanca ha puesto de relieve que las “prisas” han arrastrado al “ridículo” a los ministros Alberto Ruiz-Gallardón y a Cristóbal Montoro.

A juicio de la senadora de Entesa Iolanda Pineda, el titular de Justicia ha logrado poner en su contra a todos los operadores jurídicos. Para la senadora de CiU Eva Parera, Gallardón cree “tener el poder de la verdad” y debería reflexionar sobre la posible validez de los argumentos de los sectores afectados.