26 febrero 2013

El PP tumba en el Congreso una iniciativa para eximir a los ciudadanos del pago de tasas judiciales

La Comisión de Justicia del Congreso, con el voto de la mayoría absoluta del PP, ha rechazado una iniciativa del PSOE, instando al Gobierno a “adoptar urgentemente” las medidas necesarias para excluir a las personas físicas del pago de las tasas judiciales, limitando su alcance a las personas jurídicas, y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a los tribunales por no poder hacer frente al pago de las nuevas tarifas.

Esta proposición no de ley, que ha contado con el respaldo de CiU, UPyD, el Grupo Mixto y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), no ha salido adelante puesto que los ‘populares’, que cuentan con mayoría absoluta en el arco parlamentario, han rechazado apoyarla. El resultado de la votación ha sido 23 en contra y 18 a favor.

El encargado de defender la propuesta, el exministro Antonio Camacho, fiscal de carrera, ha denunciado que las tasas afectan profundamente a los derechos fundamentales e infringen el libre e igualitario acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

“No conozco una ley tan corta que infrinja tantos derechos de la Constitución y afecte de manera tan profunda a los derechos de los ciudadanos”, ha advertido Camacho, para invitar al Gobierno a seguir reflexionando tras la última rectificación de la ley de tasas, anunciada el pasado viernes.

UNA “OFICINA DE RECAUDACIÓN” EN JUSTICIA

Ha valorado esta modificación como un “avance” pero no una solución al problema. Ha advertido de que la reducción de las cuantías variables de las tasas apenas supone una pérdida del 5 por ciento en la previsión del dinero recaudado a cuenta de los nuevos gravámenes.

A su entender, la modificación de la Ley de Justicia Gratuita tampoco alivia la lesión de los derechos fundamentales generada por las tasas. “El Gobierno avanza muy lentamente con una ley que sigue generando un problema grave a la democracia. Una parte importante de la ciudadanía no tiene acceso a los tribunales”, ha resumido.

El Grupo Mixto, CiU, UPyD e Izquierda Plural han mostrado su respaldo a la iniciativa al entender que la ley convierte la Justicia en el “privilegio de unos pocos” y abre “una nueva oficina de recaudación” en el Ministerio de Justicia. A su juicio, la última reforma anunciada apenas supone una “insignificativa minoración” de las cuantías.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevó el pasado viernes al Consejo de Ministros una reforma de la Ley de Tasas Judiciales que reduce el tramo variable de las tasas pero mantiene las fijas, que alcanzan los 1.200 euros en recursos ante el Tribunal Supremo.

 

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