El PSC pregunta a la UE si investigará el impacto de las tasas en el acceso de los españoles a los juzgados

El eurodiputado del PSC Javier López Fernández ha presentado una pregunta en el Parlamento Europeo para saber si Bruselas piensa investigar el impacto que las tasas judiciales del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han tenido en el acceso de los españoles a los tribunales.

El europarlamentario ha preguntado si la Comisión Europea piensa realizar algún estudio comparativo del impacto en el acceso a la Justicia que ha tenido el “desproporcionado” aumento de las tasas judiciales aprobadas el 20 de noviembre de 2012 en España.

“¿Considera la Comisión la posibilidad de realizar algún tipo de recomendación al Gobierno español con el objeto de garantizar que aquellos ciudadanos, empresas e instituciones con menores posibilidades y recursos no vean limitado su derecho a la justicia por el pago de estas tasas?”, recoge la pregunta.

López recuerda que el dinero que los ciudadanos deben pagar en varios órdenes jurisdiccionales ha llegado a “niveles inasumibles” para muchos de ellos y añade que la práctica totalidad de los profesionales de la Justicia han manifestado su oposición a la cuantía de estos gravámenes.

Cita como ejemplo una campaña puesta en marcha en la red social de Twitter por la llamada ‘Brigada Tuitera’ que reúne a más de 5.000 profesionales que exigen la derogación de las tasas judiciales.

El Consejo General de la Abogacía ha encabezado desde el primer momento la oposición a las tasas judiciales, ya que considera que vulneran el derecho a la tutela judicialo efectiva y, por lo tanto, son inconstitucionales. La Abogacía Española impulsó la constitución de la Plataforma Justicia para Todos de la que forman parte asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de Justicia, sindicatos y consumidores.

El presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, le reiteró al actual ministro de Justicia Rafael Catalá en su primera reunión su oposición a las tasas judiciales.  Catalá, ha anunciado que “revisará” esta norma después de evaluar su impacto en la litigiosidad, aunque de momento las tasas, que llegan en algunos casos a 800 euros en apelación o a 1.200 en los recursos ante el Supremo, siguen vigentes.