El PSOE, acompañado de la Plataforma Justicia para Todos, presenta ante el TC el recurso contra las tasas

• El PSOE recurre las tasas ante el TC por supeditar el acceso a la Justicia a la “tarjeta de crédito” del ciudadano
•  Califica las tasas como “un atentado” al Estado de Derecho y acusa al Gobierno de “mentir una vez más” al no rectificar la pasada semana

El PSOE, acompañado por la ‘Plataforma Justicia para Todos’, presentó el martes 19 de febrero ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la Ley de Tasas Judiciales impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón porque “viola en varios pasajes el texto constitucional y degrada la Administración de Justicia”.

El principal grupo de la oposición se reunió el pasado enero con representantes de la Plataforma, que reúne al Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CCOO, CSI-F, USO y STAJ.

Tras el encuentro, celebrado en el Congreso de los Diputados, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, trasladó su compromiso de recurrir la norma al entender que “de la tutela judicial efectiva de la que habla la Constitución, quita el apellido y pasa a una tutela judicial en función del dinero que uno tenga”. En su opinión, viola además el derecho a la igualdad de todos los españoles.

El Grupo Parlamentario Socialista ha interpuesto el recurso al argumentar que las tarifas “abusivas, desequilibradas e injustas” impuestas en la norma suponen “un atentado” y “una quiebra del Estado de Derecho”. “El acceso a los tribunales depende hoy de la tarjeta de crédito de los ciudadanos”, ha sentenciado la portavoz Soraya Rodríguez.

“Teníamos una esperanza débil de que el Gobierno rectificara y que el viernes 15 de febrero el ministro cumpliera con ese anuncio, ciertamente un poco vago, de que iba a modificar su propia ley y acomodarla a unas tasas que no obstaculizaran el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha dicho Rodríguez.

No obstante, la socialista ha lamentado que el Gobierno “una vez más” ha mentido “en boca de su ministro de Justicia” al no llevar al Consejo de Ministros la rectificación de la ley, días antes de que cumpla el plazo para recurrir. “No cumplió con su palabra, no sabemos si finalmente nos dirá que cumplió con su deber”, ha ironizado la portavoz, refiriéndose a las palabras del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

EL PSOE PIDE AGILIDAD AL TC

Este incumplimiento unido a la petición unánime de todos los sectores implicados es lo que ha llevado a los socialistas a recurrir una norma que “debilita la democracia”. Por ello, ha pedido agilidad a los magistrados del Constitucional ya que cada día que pasa los ciudadanos ven cómo se vulnera su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, consagrados en la Constitución.

Dicho esto, Soraya Rodríguez ha llamado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón a hacer “una reflexión profunda” sobre el hecho que “nadie le haya acompañado” en “una sola de las decisiones” que ha tomado desde que está al frente del departamento de Justicia. “La primera y la segunda instancia también conforman el derecho constitucional, que se ha quebrado con una decisión equivocada, una más, del Gobierno”, ha remachado.

El plazo para recurrir la Ley 10/2012, de 20 de noviembre finaliza el 21 de febrero al haber transcurrido los tres meses desde su aprobación. Esta norma contempla incrementos de entre 50 y 750 euros más una cuantía variable en función del objeto del litigio y extiende por primera vez el pago a las personas físicas y al orden Social.

En su recurso, los socialistas alegan que “generaliza una figura recaudatoria que sólo era constitucionalmente sostenible en dosis contenidas y ponderadas, erigiendo una barrera económica que de forma irrazonable y desproporcionada disuade y discrimina a muchos ciudadanos en el ejercicio de su derecho fundamental de acceso al juez”.

Las cuotas son “desproporcionadas” respecto a los niveles salariales en España y en muchos casos superiores al valor de la reclamación, añaden.

REPRESENTANTES DE LA ‘PLATAFORMA JUSTICIA PARA TODOS’

Desde la ‘Plataforma Justicia para Todos’, Francisca Sauquillo, quien también es presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha advertido de que las recomendaciones de la Defensora del Pueblo sobre las tasas no son suficientes para dar marcha atrás a la norma. “Sin poder acceder a la Justicia, los demás derechos pueden quedar en un sueño, en el vacío porque no los pueden ejercer”, ha dicho.

Desde la USO, José Luis Fernández ha atribuido a un “afán recaudatorio” la imposición de estos gravámenes al entender que no mejorarán la Administración de Justicia, sino que solamente imponen trabas a los ciudadanos a la hora de ejercer legítimamente sus derechos. “Pedimos al Gobierno que derogue la ley y sea sensible a la demanda de los ciudadanos”, ha asegurado a Europa Press.

En los mismos términos se ha expresado el presidente del área de Justicia del sindicato de funcionarios CSI-F, Francisco Lama, al agradecer al PSOE la presentación de este recurso. Además, ha anunciado paros parciales para mañana desde las 11.30 hasta las 12.30 de los funcionarios de Justicia en defensa de este servicio público y en protesta por las tasas y la “privatización” de los registros civiles.

MILES DE FIRMAS CONTRA LAS TASAS

La norma ha recibido la oposición de más de 400.000 firmas de ciudadanos a través de la recogida de rúbricas por los operadores jurídicos aglutinados en la Plataforma Justicia para Todos y de la página web www.change.org.

La Plataforma Justicia para Todos ha entregado además más de 350.000 firmas contra las nuevas tasas al Ministerio de Justicia. La norma contempla incrementos de entre 50 y 750 euros más una cuantía variable en función del objeto del litigio, además de un coste de hasta 1.200 euros en los recursos ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

Abogacía, sindicados, consumidores y funcionarios han sido los impulsores de la iniciativa de recogida de firmas, mientras que el abogado laboralista y bloguero, Fabián Valero, ha promovido la  suscripción a través de Internet con la finalidad de devolver a la Justicia “al estado real de igualdad previo a la entrada en vigor de la polémica ley”.

COMUNICADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA