El PSOE presenta ante el TC un nuevo recurso contra las tasas, y la defensora del Pueblo rechaza hacerlo

El Grupo Parlamentario Socialista, tras la solicitud de la Plataforma Justicia para Todos, ha presentado el jueves 23 de mayo en el Tribunal Constitucional, un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de tasas judiciales del Gobierno, que modificó su anterior Ley de tasas.

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha explicado a los medios de comunicación, a la salida del TC, que “las mismas razones que justificaban la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en la primera Ley de tasas, siguen vigentes y justifican la presentación de este segundo recurso”. Además, ha subrayado que “el ministro Gallardón hizo una modificación política de su primera ley para hacerle un lavado de cara”, y ha insistido en que “la barrera económica que estableció dicha norma, como un verdadero muro de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, sigue presente”.

A la presentación del recurso ha acudido también el diputado socialista Antonio Camacho, y representantes de la plataforma Justicia para Todos, formada por el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y STAJ, así como asociaciones de mujeres como Themis.

“La modificación sustancial de alguna tasa variable, sin modificar las tasas fijas, hace que efectivamente hoy haya muchísimos ciudadanos en España que estén desistiendo de un derecho fundamental que tienen reconocido en la Constitución, de acceder a la justicia para defender sus derechos, porque no tienen recursos económicos para poder presentar una demanda”, ha asegurado Soraya Rodríguez.

La responsable socialista ha dejado claro que, además de este segundo recurso, “presentaremos todos los que sean necesarios hasta que el Gobierno no modifique de verdad, garantizando el derecho a la justicia de los ciudadanos, esta nefasta ley”.

Por último, ha indicado que “el ministro Gallardón tiene una cartera de leyes por la que pasará a ser conocido cuando deje el ministerio como uno de los ministros más conservadores, extremos, y más retrógrados de la democracia española”, y ha recalcado que la “peor ley es la que impide a los ciudadanos que puedan ejercer sus derechos” porque supone “el recorte” de los mismos.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO SE NIEGA

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no recurrirá las nuevas tasas judiciales al entender que su reforma cambió en lo “sustancial” estos gravámenes y su modificación a través de un decreto-ley venía justificada ante la “extraordinaria y urgente necesidad” de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos.

Así ha respondido la institución en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido remitida a Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía y miembro de la Plataforma Justicia para Todos, integrada también por varias organizaciones sindicales y de consumidores.

Los solicitantes consideran que subsisten motivos de inconstitucionalidad en la reforma de la Ley de Tasas judiciales, que fue modificada meses después de su aprobación mediante un decreto-ley sin concurrir “razones de extraordinaria y urgente necesidad” y sin respetar la reserva de ley en materia tributaria ni la prohibición de regular por decreto ley derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.

Sin embargo, la defensora del Pueblo, oída la opinión unánime de la Junta de Coordinación y Régimen Interior, no considera procedente llevar este asunto al Alto Tribunal. En todo caso, el tribunal de garantías sí resolverá al respecto ya que el PSOE presentó la pasada semana un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto ley, informa Europa Press.

GESTIONES CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

En su escrito, la Defensora del Pueblo alude que realizó “toda clase de gestiones” con el Ministerio de Justicia para mediar en este caso al ser consciente de los “problemas” que acarreaba la nueva ley a “muchos” ciudadanos y de la “necesidad de que fueran abordados con celeridad”. Esta mediación surtió efecto con el compromiso del Gobierno a acometer una “fuerte reducción de la cuantía” de las tasas y a suprimir algunas de ellas.

Tal es así, recuerda, que el decreto-ley redujo en un 80 por ciento las tasas variables, aumentó el número de beneficiarios de Justicia Gratuita y disminuyó las expectativas de ingresos de la Hacienda Pública en “decenas de millones de euros”. “No sólo el 5% que se ha indicado por algunos medios, pues este pequeño porcentaje se refiere a previsiones de ingresos por tasas fijas, no a expectativas de ingresos por tasas variables, que son el grueso de la reforma”, matiza.

Subraya que el Real Decreto-Ley es “el fruto de la mediación de la Defensora del Pueblo, que quiso una reducción de las tasas judiciales que fuese ‘rápida'”. “Era patente la extraordinaria y urgente necesidad de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos”, alega.

El hecho de que el Ministerio no haya acogido la totalidad de las recomendaciones que le efectuó la Defensora del Pueblo pero sí “lo sustancial”, no puede ser, dice, un argumento para que esta institución mantenga abierta “indefinidamente” esta “controversia”.

Por último, se reafirma en que este organismo obtuvo “resultados concretos e inmediatos” al servicio de los ciudadanos con la aprobación de la reforma legislativa, que fue la vía de actuación “más eficaz” para el servicio público.