El PSOE anuncia que recurrirá ante el TC la Ley de las Tasas Judiciales

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado el martes 20 de noviembre que el Grupo Socialista recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales impulsada por el Ministerio de Justicia pues consideran que vulnera la igualdad de todos los españoles y el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que va a impedir que los ciudadanos sin recursos puedan acudir a los tribunales.

El presidente del Consejo General de Abogacía Española, Carlos Carnicer, ya pidió este lunes al PSOE que plantease un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales, habida cuenta de que es el único grupo parlamentario de la oposición son suficientes diputados para formalizar esa impugnación. El Consejo General de la Abogacía ha agradecido en una nota de prensa que, atendiendo a las peticiones de los abogados, el PSOE haya tomado la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Tasas. ACCEDA A LA NOTA DE PRENSA

“La decisión está tomada: Vamos a recurrir”, ha aclarado la portavoz del Grupo Socialista en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

PSOE: UN TASAZO, UNA BARBARIDAD Y UNA TROPELÍA

Rodríguez ha recalcado que esta norma, que ha definido como “tasazo” es “una tropelía” y una “barbaridad” que ha suscitado el rechazo de todos los colectivos afectados y que sólo cuenta con el apoyo del Gobierno que la ha impulsado. Así, ha insistido en que la implantación de tasas va a dar lugar a “una Justicia para pobres y otra para ricos” y tiene su origen “en la peor ideología de la derecha”.

Además, ha puesto algunos ejemplos de lo que ocurrirá cuando entre en vigor. Según ha explicado, una víctima de un accidente de tráfico que quede tetrapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización, otros 6.650 si tiene que presentar recurso de apelación y casi 7.000 si tiene que llegar a la casación. “Es una verdadera barbaridad”, ha clamado.

PP: POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LA UE

El anuncio del PSOE fue contestado minutos después por el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, quien considera que el proyecto auspiciado por Alberto Ruiz Gallardón defiende una “posición racional” sabiendo que “la Justicia no es gratis” y que alguien debe pagarla.

En este sentido, ha recordado que en España las tasas sólo cubren el 10 por ciento de lo que cuesta la administración de Justicia, mientras que en la media de la Unión Europea ese porcentaje se eleva al 30%.

Además, sostiene que nuestro país sigue teniendo las tasas más bajas, que un 72% de los procedimientos carecen de gravamen (todos los penales) y que por la vía social es libre la primera instancia y sólo se cobra el recurso, aunque con descuento del 60% para el trabajador.

REUNIÓN CON CARNICER EN EL CONGRESO

Carnicer se reunió ayer lunes en el Congreso con Soraya Rodrúguez, en la que, dijo, esperaba encontrar la misma sensibilidad que la que su grupo parlamentario ha mostrado durante el trámite parlamentario de la citada norma.

“La posición que ha mantenido el PSOE y otros partidos en el trámite de la ley indica que no están de acuerdo con la misma, por lo que espero que la sensibilidad de los representantes del pueblo español sea tan alta como la de los 180.000 abogados españoles”, ha insistido Carnicer.

A juicio del presidente del Consejo de la Abogacía, esta ley es una “barbaridad” ya que establece unas tasas para interponer determinadas acciones judiciales que “la mayoría” de los españoles no van a poder llevar a cabo por falta de recursos.

Además, atenta contra preceptos básicos de la Constitución, como la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad o el reconocimiento a la justicia gratuita, y porque desde el Ministerio que preside Alberto Ruiz-Gallardón se sigue defendiendo que esta iniciativa lo que persigue es financiar el derecho a una justicia gratuita.

TAMBIÉN A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española también pidió a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el pasado jueves 15 de noviembre, que presente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas, una vez esta norma sea publicada en el BOE.

Durante el acto de inauguración de la Jornada ‘Víctimas de trata con fines de explotación en España: la legalidad en el cuarto oscuro’, celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía y que ha estado presidido por Carlos Carnicer y Soledad Becerril, el presidente de la Abogacía ha trasladado a la defensora del Pueblo la preocupación de todos los abogados porque “normas como la Ley de Tasas vulneran los Derechos Humanos”.

Carnicer ha recordado, ante la defensora del Pueblo, que este tributo quebranta preceptos constitucionales como la igualdad, la tutela judicial efectiva y el acceso a la Justicia de los ciudadanos. El presidente de la Abogacía ha mostrado su convencimiento de que “los derechos que se van a resentir por las tasas tendrán la mano protectora del Defensor del Pueblo”.

DECLARACIONES DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Según Europa Press, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtió de “la que le viene encima” a la institución con la Ley de tasas, que fue aprobada el miércoles 14 noviembre tras el rechazo de vetos y enmiendas en el Senado. En concreto, Becerril,  pidió al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, “ser defendida de la que se les viene encima con la Ley de tasas”.

Así, ha asegurado que los miembros de la institución todavía no han salido del “asunto tan grave del alzamiento de deudores hipotecarios”, que están resolviendo “como pueden”, y ya se les “amenaza” con el “aluvión” de la Ley de tasas. “Denos una semana para poner los papeles en orden, señor presidente, y nos ocupamos de ello, además de los temas habituales de los que todos los días tiene que ocuparse la institución del Defensor”, aseveró.

Por su parte, Carnicer, incidió en que esta ley “vulnera preceptos constitucionales y de acceso a la justicia, de igualdad y de publicidad efectiva”. “Estoy seguro que los derechos humanos que se van a resentir como consecuencia de la Ley de tasas tendrán la mano protectora de la institución del Defensor del Pueblo”, concluyó.