PSOE, IU, CiU, ERC, UPyD y PNV piden devolver al Gobierno el proyecto de justicia gratuita de Gallardón

Seis grupos parlamentarios de la oposición, el PSOE, IU-ICv, UpyD, CiU, PNV y ERC, han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto que reforma la ley de Justicia Gratuita. Sus propuestas se debatirán el próximo martes 29 de abril  en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto que reforma la ley de justicia gratuita al entender que constituye un “nuevo ataque” a los derechos fundamentales y especialmente a los ciudadanos más desfavorecidos. Acusa al Gobierno de “desmantelar” también este servicio e impedir su acceso a los inmigrantes en situación irregular.

Así lo exponen los socialistas en la enmienda a la totalidad, recogida por Europa Press, que se suma a las presentadas por la Izquierda Plural y el Grupo Vasco, que ha criticado cómo “vulnera” las competencias de las comunidades autónomas y ha preguntado dónde ha ido a parar la recaudación de las tasas judiciales que supuestamente debería haberse destinado a financiar la justicia gratuita.

El Grupo Socialista cree que el Ejecutivo materializa en esta norma una de las líneas por las que ha optado para luchar contra la inmigración clandestina y lo hace colocando a los inmigrantes en situación irregular fuera del sistema.  “Esta medida se suma a otras que viene realizando el Gobierno en la dirección de ignorar o suprimir derechos”, expone.

El principal grupo de la oposición entiende que el proyecto de ley es un “eslabón” más en la tarea que se ha propuesto Gallardón de “dar una nueva lanzada” a la Administración de Justicia.

Critica que trata de forma igual “situaciones desiguales” al permitir el acceso a estas prestaciones a ciertas personas con recursos económicos. En todo caso, deja claro que “endurece” los requisitos para disfrutar de este derecho,  al rebajar de 14.910 a 12.780 euros los importes para las unidades familiares de una sola persona.

Los socialistas defienden que el servicio de la justicia gratuita debe garantizarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, evitando la “incertidumbre” de vincularlo con la recaudación de las tasas judiciales. En este sentido, recuerdan que los gravámenes han sido recurridos en el Tribunal Constitucional, por lo que la estimación de su inconstitucionalidad tendría consecuencias directas para la justicia gratuita.

“El proyecto de norma constituye no solo un instrumento de desincentivación  del uso de este servicio, sino que aumenta innecesariamente las obligaciones de los abogados que prestan el servicio, a los que reduce los honorarios, haciendo recaer en los mismos cualquier disfunción del sistema y maltratando con ello al servicio público y a los letrados que lo prestan”, señala el escrito, que concluye que beneficia a los grandes bufetes en detrimento de los abogados con despacho propio en pequeñas localidades.

Izquierda Plural califica la iniciativa legislativa como “un ataque más al servicio público” e indica que no garantiza la financiación suficiente para mantener el sistema gratuito. “Este proyecto es inviable, nace muerto por la carencia de dotación presupuestaria para el servicio de asistencia jurídica gratuita en todo el país”, dice este grupo.  UPyD pide la devolución al Ministerio de Justicia del proyecto, que fue aprobado el pasado febrero en el Consejo de Ministros, y asegura que el próposito del Gobierno es “desmantelar o privatizar la Justicia”. “Dista mucho de dar una solución satisfactoria a las víctimas”, agrega.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV acusa al Gobierno de “quebrar” con la reforma el criterio de cercanía con la justicia, “vulnerar” las competencias de las comunidades autónomas y generar inseguridad jurídica.

La enmienda de devolución de ERC indica que la reforma parte de un “convencimiento erróneo” de que los ciudadanos acuden a la Justicia de forma “abusiva y patológica”. Tacha el proyecto de “injusto” y asegura que no tiene en cuenta la realidad autonómica. CiU también incide en esta cuestión y pone de manifiesto que el nuevo texto suprime el carácter subsidiario de la normativa estatal frente a la autonómica.