11 abril 2013
El Senado da luz verde a la ley que suspende el proceso de renovación del CGPJ
El Senado ha dado luz verde a la ley que suspende el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha puesto en marcha su presidente Gonzalo Moliner, entre las críticas de la oposición que ha considerado un “escándalo” esta norma al tildarla de “chapucera y extravagante”.
La Cámara Alta ha tumbado las cinco propuestas de veto impulsadas por senadores de IU, ERC, la Entesa Pel Progrés de Catalunya y el PSOE, que han descrito este proyecto de ley como “extravagante”, “escandaloso”, “chapucero” y “excepcional”.
La mayoría absoluta del PP ha servido para que, por 146 votos a favor y 77 en contra, saliera adelante en lectura única la norma que suspende el artículo 112 y, parcialmente, el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El primer precepto hace referencia al procedimiento de designación de los 12 vocales de adscripción judicial, que serán elegidos entre una lista de 36 candidatos, mientras que el segundo se remite a la renovación cada cinco años y al comienzo del proceso con seis meses de antelación.
Los senadores del PP Luis Rodríguez Comendador y Manuel Altava han rechazado las críticas de la oposición. “No podemos estar con una manera de elegir a los vocales, cuando en poco tiempo se presentará un proyecto de ley que hará ineficaz esa manera de elegir a los vocales”, ha argumentado Altava.
ENTRE CASOS BÁRCENAS Y URDANGARIN
La senadora de ERC, Ester Capellá, ha denunciado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en un momento protagonizado por los casos “Bárcenas, Urdangarin o Campeón, entre tantos otros”. Mientras que el socialista Antonio Julián Rodríguez lo ha considerado “antijurídica, intencionada y seguramente inconstitucional”.
Desde CiU, María Rieradevall ha anunciado el rechazo de su grupo por su tramitación urgente y por cuanto conduce al “despropósito” de un modelo de Consejo marcado por una clara “intencionalidad política”.
El senador de IU Jesús Enrique Iglesias ha emplazado al Gobierno a respetar “escrupulosamente” la división de poderes y la aplicación de la legalidad vigente, mientras que el parlamentario de la Entesa Joan Saura ha afirmado que esta norma suspensiva “cae en el ridículo”.