El Supremo amplía a 26 semanas el permiso de maternidad para familias monoparentales de empleados públicos

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las familias monoparentales de empleados públicos a extender el permiso de maternidad de 16 a 26 semanas.

La decisión del tribunal tiene en cuenta el interés superior del menor y la igualdad por razón de nacimiento reconocidos en la Constitución.

“El tipo de familia no puede determinar la diferencia de trato”, dice la sentencia.

Este fallo surge a raíz de una demanda de una profesora a la que se le había negado la ampliación del permiso en Valladolid. La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo argumenta que limitar el permiso a 16 semanas en familias monoparentales frente a las 26 semanas de familias biparentales genera una discriminación injustificada entre los recién nacidos.

Carlos Bazán, abogado que ha conseguido el fallo, manifiesta que “el menor de una familia monoparental debe gozar del mismo derecho que el perteneciente a una biparental, así como del respeto necesario a principios constitucionales como el de igualdad, para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento”.

El alto tribunal reconoce el derecho a acumular los permisos que la normativa recoge para familias biparentales, pero excluye las seis primeras semanas que son de goce obligatorio entre los dos progenitores y concede finalmente 26.

Esta interpretación, según los magistrados, busca garantizar la igualdad y la protección de los derechos de los menores, evitando cualquier forma de discriminación en el acceso a estos beneficios, como el cuidado, la atención y protección familiar

Sin embargo, la otra sala del Supremo, la de lo Social, ha desestimado numerosas solicitudes de familias monoparentales que no forman parte del sector público, y el Tribunal Constitucional aún tiene pendientes varios recursos relacionados con esta cuestión.

“Los abogados podrán alegar esta sentencia en los Juzgados de lo Social como ejemplo de que hay magistrados del Supremo que creen que no es constitucional denegar el derecho porque vulnera el principio de igualdad”, apunta Bazán.