El Turno de Oficio en macrocausas: labor imprescindible para la Justicia pero ruinosa para el letrado

• La retribución media del abogado de oficio en España es de 143 euros por asunto
• Los letrados del Turno piden una contraprestación económica graduada según las causas de especial complejidad 

La instrucción de un sumario con cientos de miles de folios, años de preparación del juicio, viajes sin fin al juzgado para conseguir fotocopias, casos mediáticos bajo el escrutinio de los medios de comunicación, vistas orales interminables, muchas horas de dedicación en perjuicio de la atención diaria del bufete… este es el panorama al que se enfrentan los abogados que por el Turno de Oficio les ha tocado atender a investigados en una macrocausa. Toda esta labor muchas veces tiene como compensación una retribución media de 143 euros por asunto.

Los abogados de oficio que atienden el cada vez mayor número de causas de especial complejidad tienen una reclamación común: que su dedicación exclusiva tenga un baremo superior. El derecho de defensa de los ciudadanos más desfavorecidos no puede realizarse a costa de la vocación de los letrados que prestan la asistencia jurídica gratuita en estas macrocausas.

Decenas de abogados han estado defendiendo en toda España a ciudadanos en macrocausas inabarcables, pero la palma se la llevan Madrid, Andalucía y Valencia. Las principales reclamaciones de los abogados del turno de oficio en macrocausas, al igual que en el resto de los procedimientos, pasan por una “verdadera dignificación de la profesión y un reconocimiento de la labor diaria. Debe llevarse a cabo una contraprestación económica -sobre todo en las causas de especial complejidad- graduada” en proporción a su complejidad y dedicación, como reconoce Antonio Hierro, abogado de oficio de causas como los EREs y los Cursos de Formación en Andalucía.

CASO GURTEL

Juan Antonio Gragera es uno de los abogados de oficio que ha defendido a investigados, ya condenados, por el caso Gurtel. Este letrado inscrito en el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid desde 1996, tuvo que dedicarse en exclusiva desde septiembre de 2014 a conocer en profundidad un sumario con más de 700.000 folios (el más voluminoso que ha investigado la Audiencia Nacional), cerca de 200 investigados en todas sus ramificaciones. Tarea que inicialmente tuvo una compensación de 200 euros, “dure lo que dure” el procedimiento, aseguró el letrado.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2018 a 29 de los 37 acusados en el juicio por la Época I (1999-2005) del caso Gürtel, a penas que van desde los 51 años y 11 meses que recayeron en Francisco Correa (defendido por Gragera) hasta los cinco meses, correspondientes a Jacobo Gordon, mientras que absolvió a los otros ocho procesados, entre ellos Álvaro Pérez.

Esta primera sentencia que dictó la Audiencia Nacional en relación con la trama Gürtel incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. La sentencia incluye un total de 165 penas y 1.687 páginas, incluyendo un voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado. Hasta el Tribunal Supremo tuvo que estudiar los numerosos recursos presentados a la sentencia del caso Gürtel, primera etapa.

El Convenio del caso Gürtel, firmado entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid, tuvo por objeto mejorar las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio a los que les correspondió la causa por tratarse de un asunto de especial complejidad y dedicación. La fórmula, suscribir un convenio específico, era la misma que se había utilizado anteriormente con los abogados de oficio a quienes correspondió la defensa de los encausados en el caso del 11-M.

ANDALUCÍA: CASOS CURSOS DE FORMACIÓN Y ERE

El caso ERE es el procedimiento iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía entre 1980 y 2018 y de los sindicatos CC.OO. y UGT.

En 2019 y vinculado con el caso anterior, la Audiencia de Sevilla ordenó la reapertura de la causa de los Cursos de Formación de la Junta de Andalucía al estimar parcialmente el recurso presentado por el PP Andaluz contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la pieza principal del caso, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos andaluces. El objeto fueron las presuntas irregularidades que pudieron haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre los años 2009 y 2012.

Antonio Hierro, abogado sevillano y defensor de un alto cargo encausado en la macrocausa de los EREs, ha reconocido que esta macrocausa “ha tenido un efecto traumático en mi despacho así como en el equipo de  profesionales que colaboran en el mismo, habida cuenta el volumen de documentos, diligencias judiciales y valoraciones jurídicas que, como abogado defensor, he tenido que controlar”.

En relación a los honorarios que perciben los abogados de oficio, el letrado sevillano considera que “resultan absolutamente insuficientes y se liquidan con un retraso más que considerable” pero la responsabilidad para atender a los ciudadanos, a pesar de esta escasa compensación económica y el elevado coste profesional, “va implícita en esta vocación, el turno de oficio se sostiene fundamentalmente por la participación de un gran número de abogados que con su sacrificio personal, sin una contraprestación económica aceptable,  diariamente vienen interviniendo en causas judiciales de todas las jurisdicciones, sin que a pesar del tiempo transcurrido desde su instauración se de respuesta y solución a cuestiones elementales”.

Juan Antonio Marín Lozano, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, mostró –siendo portavoz de Ciudadanos Andalucía- su solidaridad con los abogados del Turno de Oficio que llevan macrocausas y declaró “me quedé atónito al comprobar que ni los ERE, ni los Cursos de Formación, ni Malaya, ni Invercaria son ni han sido para el Ministerio de Justicia causas ‘de especial complejidad’, y que sus abogados de oficio han cobrado —si es que lo han cobrado ya, que seguro que muchos no— 252 euros por los primeros cinco mil folios y a razón de 22 euros por cada mil folios más”. (Más información)

CASOS EN VALENCIA: GURTEL, TERRA MÍTICA Y EMARSA

El caso Emarsa es un caso de corrupción por un desfalco de 25 millones de euros ocurrido en la Comunidad Valenciana en el que se vieron implicados dirigentes y militantes del PP y que salió a la luz pública a finales de 2011 cuando fueron imputados los directivos de la empresa Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima.

Una macrocausa que contó con el abogado del Turno de Oficio Lorenzo Izquierdo en defensa de uno de los 24 investigados y tuvo que ponerse al corriente de una instrucción que acumuló 131 tomos en soporte papel, de los que 43 integraban la pieza principal y los otros 88 correspondían exclusivamente a documentos, con 37.769 folios en total y miles más en CD anexos, todos instruidos en el Juzgado número 15 de Valencia.

Izquierdo reconoció poco después de ser designado para esta macrocausa que si “no se le proporcionaban recursos extraordinarios económicos y de personal, se estaba vulnerando claramente el derecho de defensa” de su defendido. Y es que “cuando te toca un caso de estos, pierdes clientes; esa es la realidad”, aseguró a los medios de comunicación este letrado del Turno de Oficio.

Por su parte, el que fuera decano del Colegio de Abogados de Valencia en 2014, Mariano Durán, exigió equiparar el trato para los abogados del Turno de Oficio de casos excepcionales como Terra Mítica (que cobró 700 euros por toda la causa) o macrojuicios como el de Paterna (566 imputados y 25 tomos de proceso) al negociado con la Conselleria para el caso Emarsa, que finalmente contempló una remuneración de 3.500 euros (por cuatro años de dedicación), frente a los 700 que obtendrían por representar a los acusados.

El Colegio de Abogados valenciano propuso establecer un convenio para contemplar una remuneración “especial” para aquellos casos que por volumen, número de tomos, horas de trabajo y personas imputadas incurren en gastos superiores a los contemplados por el baremo para casos de especial complejidad. Porque casos como los citados anteriormente van más allá de la especial complejidad.