El turno de oficio español, referencia para Jordania en la puesta en marcha del suyo

En Jordania no existe un sistema de turno de oficio. Contar con un abogado solo es necesario para delitos de más de diez años, y, si una persona es arrestada y no tiene medios para un abogado, en el mismo juicio el juez o el fiscal llaman a un letrado. Con frecuencia echa mano de uno de los que pululan por el Palacio de Justicia esperando que les surja una oportunidad.

El gobierno jordano es consciente de que debe mejorar la asistencia jurídica gratuita, y ampliar su cobertura,  y ha dado ya pasos en esa dirección, como la aprobación de un Reglamento en 2018 que creaba un fondo para financiarla y establecía mecanismos administrativos para la puesta en marcha de un sistema similar al español.

El prestigio y la eficiencia de nuestro sistema, una verdadera referencia en todo el mundo, fue precisamente la razón por la que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) escogió al Consejo General de la Abogacía Española – y a su Fundación Abogacía- para llevar a cabo el proyecto “Acceso a la justicia y empoderamiento legal en Jordania: hacia un sistema de asistencia jurídica eficaz y sostenible”. Este programa es una de las patas del programa de apoyo al Estado de Derecho en Jordania puesto en marcha por la Unión Europea.

“El valor añadido de la cooperación española se basa precisamente en la sólida experiencia institucional y el buen funcionamiento del sistema de prestación de asistencia jurídica gratuita por la Abogacía Española”, afirma el coordinador de la Fundación Abogacía, Francisco Segovia.

El proyecto, que arrancó el mayo pasado en plena pandemia con un presupuesto de tres millones, acaba de cumplir un año. “Los objetivos son fortalecer el sistema de asistencia jurídica gratuita, mejorar la formación de sus operadores jurídicos y por último, sensibilizar a la ciudadanía sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita”, cuenta su coordinador en Ammán, el abogado español Isidro García. “Actualmente el sistema de justicia gratuita en Jordania es anticuado y limitado. Se reduce al ámbito penal y para casos graves, con penas de más de 10 años”, añade.

En los casos con penas menores de diez años, en los que la asistencia letrada no es obligatoria, se puede solicitar un abogado de oficio, que se concede, y es aprobado por el mismísimo Ministro de Justicia, en función de criterios como la situación económica o la existencia de antecedentes penales (los reincidentes no tienen derecho a la asistencia gratuita). “Es un sistema sencillo, pero largo y engorroso. Está bien si hay pocos casos, pero no para cuando haya un gran volumen”.

En el proyecto está prevista la asesoría de expertos españoles, pero debido a la pandemia hasta la fecha ha tenido que realizarse de manera virtual porque no han podido viajar a Jordania.  También se han llevado a cabo ya varios estudios de evaluación sobre la situación actual del sistema de asistencia jurídica gratuita y su margen de mejora. “No hay datos fiables, estamos en torno a los 1.000 casos anuales, lo que supone un porcentaje muy bajo del total de los casos penales, muy poco en comparación con España y por debajo de los estándares internacionales”, explica García.

Precisamente uno de los objetivos del proyecto español es aumentar el número de casos. Y para eso es fundamental dar a conocer el sistema, porque todavía hay un gran desconocimiento sobre el mismo y carece de prestigio.  “Está aumentando la demanda de asistencia jurídica gratuita en casos de menos de diez años, aunque mucha gente prefiere todavía ir con su abogado privado que el que le toque por lo público”, cuenta.

Abogados no faltan en Jordania, más bien al contrario, cuenta García.  Pero sí es necesario organizar el turno y automatizar su gestión.  Los recelos frente a la asistencia jurídica gratuita parten en primer lugar de los propios abogados jordanos, que “piensan que estos sistemas les quitan el trabajo”, cuenta García.

Por ello otra parte importante del proyecto son las labores de sensibilización para promover una mayor conciencia de la ciudadanía sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita. Con este fin ya han puesto en marcha varias campañas en radio y televisión.

También se ha ayudado al proceso de digitalización del sistema: se ha dotado de equipamiento informático al Ministerio de Justicia y está previsto hacerlo a los oficiales de enlace en los juzgados. Pero todavía queda mucho por hacer, como cuenta el coordinador: “Existen algunas listas de abogados, pero no hay un sistema nacional en el que sean llamados por orden o en relación con su especialización. Tampoco hay guardias, porque no existe la asistencia al detenido. Entre la asistencia jurídica gratuita para los casos más graves y la realización plena del derecho a la defensa y la asistencia jurídica al detenido va un trecho, y eso son pilares de nuestro sistema en España”.