El VII Congreso de DDHH analiza el marco jurídico del derecho a la salud, la vacunación y el modelo sanitario

El VII Congreso Anual de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía se centra este año en el acceso universal a la salud desde el prisma de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que está afectando a todo el planeta. Por ello, durante la primera jornada del Congreso, que se ha celebrado este jueves 9 de diciembre, se han abordado asuntos de tanta importancia y actualidad como el marco jurídico del derecho a la salud en España, la estrategia de vacunación del Covid-19, el uso de tecnología en la salud o el modelo sanitario actual.

Restricción y no suspensión de derechos fundamentales

La primera mesa del Congreso ha abordado “El marco jurídico del derecho a la salud en España y su funcionamiento durante la pandemia del Covid-19”, donde se ha analizado la figura del estado de alarma, sus implicaciones y la aplicación de leyes de ámbito sanitario dentro y fuera de ese contexto, un análisis fundamental para entender decisiones de las autoridades que han tenido repercusiones jurídicas posteriores.

Para ello, han intervenido Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional, y Juan Carlos Zapata, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y presidente de su Sala Contencioso-Administrativo.

López Guerra, quien fue magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha abordado desde un punto de vista constitucional el marco jurídico de la salud destacando la dicotomía entre restricción o suspensión de los derechos fundamentales por la declaración de los estados de alarma basados en el art. 116 de la Constitución. Para el catedrático, y de acuerdo con la sentencia del TC de 2016 sobre la huelga de los controladores aéreos, “el estado de alarma delimita las restricciones y no suspende los derechos fundamentales”. Tras el estado de alarma se aplicó la legislación normal y sobre salud; pero “difícilmente se puede justificar la limitación de derechos fundamentales si no es por una ley orgánica”.

Durante la respuesta legislativa a la pandemia, se ha multiplicado la publicación normativa con 34 reales decretos leyes (según art. 86 de la Constitución) y reducida la actividad parlamentaria; pero “las normas justificadas por la pandemia han supuesto cambios sustanciales como han sido la normativa sobre desahucios o el ingreso mínimo vital, entre otros”.

Por su parte, Juan Carlos Zapata ha repasado la aplicación de los decretos de estado de alarma y las resoluciones administrativas de las CCAA para combatir los efectos del Covid, destacando la Ley 16/2003 que establece las órdenes comunicadas y dictadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad. El problema, para el magistrado, es que “sólo se puede impugnar ante el TC los decretos del estado de alarma y que sus actos derivados sí pueden impugnarse en la jurisdicción ordinaria”.

Zapata ha defendido que el juez “no debe ratificar ni autorizar medidas generales como son el confinamiento y el toque de queda; sino que debe proceder a su control posterior”. El magistrado ha avanzado que el TSJ de Aragón ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad porque con la normativa vigente un tribunal no debería ratificar medidas sanitarias sino establecer su control. Para el magistrado es esencial “una lista de normas de emergencia sanitaria”.

La distribución de la vacuna: España está preparada

Los diversos aspectos sobre la distribución de la vacuna para luchar contra la actual pandemia, la aprobación de los diferentes productos, su seguridad y los planes de vacunación a la población han sido algunos de los aspectos tratados por la segunda mesa del VII Congreso de Derechos Humanos de la Fundación del Consejo General de la Abogacía, titulada “La distribución de la vacuna del Covid-19, ¿está España preparada?”

Para hablar de ello, César Cierco Seira, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida y doctor en Derecho ha destacado que “el papel del Derecho en este horizonte de la vacunación, muchas veces se reduce a si debería ser voluntaria u obligatoria, pero “la vacunación es una cuestión estratégica y exige tener en cuenta muchos elementos, no solo la parte jurídica”, ha añadido.

“Donde hay una medida preventiva para proteger la salud pública, debe estar el poder público. Hay un compromiso por el que el poder público debe tomar partido por la vacunación y garantizar las condiciones de acceso”, que es fundamental en los sistemas de vacunación voluntaria. En todo caso, “los dos sistemas no están enfrentados y pueden ser complementarios”, ha asegurado, ya que “la finalidad es la misma, la generalización de la vacunación en busca de ese fin social que es la inmunidad de grupo”. No obstante, Cierco ha señalado que “el papel del Derecho es el de ofrecer alternativas jurídicamente viables y tratar de reforzar las estrategias dando lo que el derecho puede dar, que es claridad y seguridad. Nos jugamos mucho no solo para combatir la pandemia, sino también la propia política de vacunación en sí”, ha concluido.

Por su parte, María Jesús Lamas Díaz, directora de la Unidad de Coordinación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aseguró que “España sí está preparada para la distribución”, ya que se trata de una actividad farmacéutica regulada muy sólida que ya ha demostrado sobrada eficacia. En cuanto a “llevar toda la vacunación a su usuario final, ahora nos estamos preparando, hay muchas incertidumbres que no se pueden resolver hasta más adelante, como cuándo van a llegar las dosis, en qué cantidad… depende de los contratos que se han hecho y la distribución está sujeta también a la capacidad de producción”, ha recordado.

Lamas ha destacado que “el plan de vacunación está basado en un criterio de solidaridad, priorizando a los colectivos que más lo necesitan” y ha vuelto a recordar que “en España está muy bien engrasado el sistema para llevar la vacuna a los usuarios”, aunque ha destacado que por las características de esta vacunación, que se va a realizar de forma masiva en muy corto periodo de tiempo, “las actividades de vigilancia y seguridad a partir de que el usuario recibe la vacuna van a ser muy importantes”, para que, en caso de que aparezca una incidencia “se pueda actuar de inmediato”.

Finalmente, Raquel Martínez García, secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ha destacado que “el Ministerio de Sanidad tiene una estrategia clara marcada y se ha contado con todos los profesionales sanitarios para tener un plan, que es fundamental en este caso”. Además, ha reivindicado el intenso trabajo de la Agencia Europea del Medicamento para que la regulación llegue cuanto antes, “pero no por eso se van a dejar de cumplir los protocolos”, ya que “la seguridad de las vacunas antes de la comercialización sigue cumpliendo todas las garantías”.

Asimismo, la secretaria general del Consejo de Farmacéuticos ha defendido su colectivo al asegurar que “tenemos una tarea importantísima en información y educación sanitaria, en transmitir mensajes sólidos y homogéneos, para romper el escepticismo y que esta vacunación sea un éxito”, ya que “con la única excepción del acceso al agua potable, la vacunación es la mejor acción de salud pública para combatir las enfermedades prevenibles y reducir la mortalidad”.

La tecnología, indispensable pero no suficiente para garantizar el acceso a la salud

La tecnología como factor de cambio en el sector sanitario y por tanto en ampliar y garantizar un mayor acceso al sistema sanitario de la población fue el tema tratado en la mesa “El empleo de nuevas tecnologías en el acceso universal a la salud”, en la que participaron expertos como Julio Mayol Martínez, director médico del Hospital Clínico San Carlos, para quien “la gran transformación digital de la salud debe ser mucho más que simplemente utilizar la tecnología para hacer más de lo mismo”, sino que “utilizar la tecnología es algo que mejora el acceso a la salud, que es un resultado, no la mera ausencia de enfermedad, para que las tecnologías consigan mejorar los resultados y por tanto dar acceso a más personas a esos resultados de calidad”.

Para Mayol “la tecnología es una palanca para la transformación digital de los sistemas sanitarios”, pero “hay que cambiar el modelo los mecanismos por los que funciona el sistema. Nos financian por existir y por el volumen de cosas que hacemos, pero deberían hacerlo por la cantidad de salud que aportamos a la persona y a las sociedades”. En definitiva, que la tecnología se aplique para “conseguir un resultado, la salud, y no que vaya dirigida a un medio, la asistencia sanitaria”, ha añadido.

Por su parte, Juan Ignacio Coll Clavero, coordinador de Transformación Digital del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha abundado en la idea de que “las tecnologías son indispensables, pero no son suficientes para universalizar el acceso a la salud”. “La transformación digital de los servicios nos lleva a una nueva demanda, una nueva forma de ejercer la medicina. Estamos en una evolución de la sociedad del conocimiento y tenemos la obligación de innovar cambiando el modelo económico de la sociedad”, y ha advertido: “la transformación digital no se hace con una varita mágica, es un cambio cultural”.

Por otro lado, ha aludido a una nueva demanda a la que hay que dar respuesta, la denominada medicina “Cinco P”: “personalizada; predictiva; preventiva; participativa, y poblacional”.

Finalmente, Francisco Pérez Bes, abogado, socio de Derecho Digital en Ecix Group, ha apostado por la educación sanitaria, y ha considerado por “incluir la cultura de la protección de la información como parte de la protección de la salud”. “El tratamiento adecuado de la información de la que disponemos por medio de las tecnologías  permite prevenir y predecir ciertas cosas, que posiblemente va a llevar a una transformación del concepto de hospital, hasta convertirse en un centro de información que se dedica a la medicina, pero que su foco no está en el medicamento, sino en este cambio de negocio que permite utilizar información para llevar a cabo su cometido: diagnosticar, tratar e investigar”, ha aventurado. “El mejor hospital no va a ser el que mejor instalaciones tenga, sino el que mejor diagnostique y trate haciendo uso de la información”, ha añadido.

En cuanto a ciberseguridad, Pérez Bes ha señalado que “los riesgos cambian y la dependencia tecnológica de este sector, con el peligro de obsolescencia que conlleva,  se debe gestionar” para desarrollar una cultura de ciberseguridad que haga posible que “los pacientes podamos hacer un uso seguro y confiable del sector sanitario”.

Modelo sanitario: su fortaleza repercute directamente en la salud de la población

Para acabar la primera jornada, se celebró la mesa “Impacto del modelo sanitario en el acceso a la salud”, donde se analizó si España cuenta con un modelo sanitario eficaz y como afecta esto a la salud de las personas.

La primera en intervenir ha sido Paloma Navas Gutiérrez, directora general de Salud Pública de Cantabria, que ha recordado que “los sistemas sanitarios no se crearon como una idea caritativa, sino que respondió a un gran movimiento sindical y reclamación de derechos de los trabajadores y para tener una fuerza de trabajo sana”, y responden a “valores y expectativas de la sociedad en la que están anidados”. Por ello, ha descrito el sistema sanitario de Estados Unidos, país en el que estuvo viviendo y estudiando, y ha asegurado que “no se contempla que sea un derecho de base, sino un bien que consumo que puedes tener solo si la puedes pagar”.

“Tener un sistema sanitario afecta a la salud”, ha asegurado, tanto su propia existencia como la complejidad burocrática del mismo o si, como en el caso de Estados Unidos se basa en seguros privados, “aumenta la probabilidad de padecer enfermedades graves y diagnósticos tardíos porque los que no están asegurados no van al médico”. Por todo ello, Navas ha destacado que conocer este tipo de sistemas “pone en valor el éxito de nuestro sistema de salud”.

Por su parte, Antonio Cabrera Majada, médico de atención primaria en el Centro de Salud Daroca, portavoz del colectivo Atención Primaria se Mueve, ha considerado que “el Covid-19 ha sido un test de estrés para nuestro sistema sanitario que es momento de revisar un poco”. Desde su experiencia como médico de un centro de salud primaria, ha asegurado, tras difundir un vídeo sobre lo que se vivió en su centro durante la primera ola, que aunque la primaria está inserta totalmente en el sistema de salud, es necesario recordar que “debe estar fuerte para que el sistema esté también fuerte”. “Un sistema nacional de salud en un país como España se entiende que cada ciudadano debe recibir la asistencia en función de sus necesidades, no en función del seguro que tenga”, y una manera de asegurarlo es “con una atención primaria fuerte que sea capaz de dar respuesta a estas situaciones”, ha añadido. Sin embargo, aunque la recomendación es que “tiene que haber salud en todas las políticas, y que se haga evaluación del impacto en la salud”, lo que influye “es una visión muy individualista en el acceso al sistema sanitario, donde pesan más las razones económicas y la imagen”, ha remarcado.

La siguiente en intervenir ha sido Concha Herranz Calvo, médico de familia en el Centro de Salud General Ricardos y delegada de prevención de UGT, que ha querido dejar claro que “el acceso al sistema sanitario es una cosa y el acceso a la salud es otra”, y que “todos los trabajadores del sistema sanitario, son necesarios e imprescindibles, ya que el trabajo es multidisciplinar y complementario”. Además, Herranz ha denunciado que “la estrategia de riesgos laborales en sanidad es reactiva, es el afectado el que consulta, no proactiva como debería ser. Pero incluso durante la presión que han tenido durante la pandemia han intentado dar todo lo que han podido para implementar medidas necesarias”.

Finalmente, Diego Ayuso Murillo, secretario general del Consejo General de Enfermería ha recordado que “invertir en sanidad no es un gasto. Es invertir en salud”, y ha señalado que aunque se hicieron muchas cosas bien, “se han detectado fallos importantes en la gestión del Covid-19, porque teníamos dos déficits muy importantes: “escasa inversión en sanidad” y un exceso  del “modelo hospitalocentrista, con una atención a la enfermedad aguda muy potente”, pero que necesita potenciar la atención primaria. Por ello, “pedimos que ese modelo de robustez pase por una mejor atención a la patología crónica, que durante la pandemia no han tenido un buen seguimiento de su enfermedad. Hay que plantearse estrategias para hacer frente a la ola secundaria derivada de la no atención de otras enfermedades”, ha añadido.

Además, ha reivindicado que “se debe actualizar la normativa legal relativa a las profesiones sanitarias, ya que a los profesionales de enfermería no nos permiten aumentar competencias”.

• La Abogacía reivindica el papel fundamental de la Ciencia y el Derecho en el acceso a la salud