El XIII Congreso de la Abogacía delibera sobre la formación continua y los desafíos deontológicos

El XIII Congreso de la Abogacía, que tiene como objetivo marcar la hoja de ruta para los próximos cuatro años, deliberó este jueves sobre cómo garantizar una formación continua de calidad y cómo regular, y acreditar, las especialidades. Y también debatió sobre los principales desafíos deontológicos que afronta la profesión.

Más de un millar de profesionales participaron en las ponencias deliberativas,  que culminaron con la votación de una serie de conclusiones.

María Emilia Casas, catedrática del Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, al frente de la ponencia sobre especialidades y formación legal continua, señaló que la formación es una “exigencia imprescindible”. “El cambio social acelerado tiene un efecto en el ordenamiento jurídico y por eso un especialista que no conozca la jurisprudencia de todos los órdenes no estará en condiciones de defender correctamente a sus clientes. Ese cambio es imparable y obliga a una transformación continua del conocimiento”

Y por eso Casas señaló que es esencial que la Abogacía institucional desarrolle en todo el territorio un programa de formación continua “que garantice que todos los profesionales de la abogacía tienen las mismas oportunidades independientemente de su lugar de residencia o de colegiación profesional”.

Y añadió que la necesidad de “regular y homogeneizar el uso especialidades es un reto pendiente para la profesión”, apuntó. “Hasta ahora, la regulación establecida en el código no ha encontrado un desarrollo normativo que establezca qué requisitos deben cumplirse para ostentar el título de especialista en las distintas disciplinas o materias jurídicas y quién debe dotar o autorizar a los profesionales de la abogacía para el uso de las diferentes titulaciones especializadas”.

De manera paralela en otra sala se deliberaba sobre los desafíos deontológicos, en una ponencia liderada por José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que habló de la carga ética del abogado en tiempos de mucha litigiosidad e incertidumbre, así como de la importancia de la claridad,“que todos sepamos nuestros deberes y los cumplamos”. “El abogado tiene un deber de veracidad y fiabilidad, pero ustedes se mueven en un terreno difuso porque se discute la verdad, y la verdad probada a lo mejor no se parece a la verdad real”.

“El mayor deber deontológico de un abogado es tener fe en la profesión, no tirar la toalla, no quejarse. La abogacía no es un mundo feliz, acechan problemas. La justicia no es infalible pero es lo menos malo que tenemos”, concluyó.

El viernes se deliberará sobre derechos y libertades, y sobre intermediación y nuevos modelos de negocio. También habrá un grupo de trabajo sobre justicia gratuita y turno de oficio.

Estas ponencias deliberativas han recibido propuestas de los colegiados y colegiadas, que han podido presentar comunicaciones para contribuir al debate. Tras las deliberaciones, que se prolongarán durante jueves y viernes, se llegará a una serie de conclusiones que serán votadas por los participantes.

Además de estas sesiones deliberativas, hay seis itinerarios de formación continua sobre práctica jurídica procesal, las últimas reformas legales, la cultura del acuerdo, diferentes habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas de despacho. En total, más de 60 ponencias impartidas por expertos y juristas de primer nivel, incluido el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que habló de la reforma de la casación.