Elecciones 20-D: las propuestas de los partidos políticos para la Justicia

La revista “Abogados” solicitó a los principales partidos con representación parlamentaria, más las dos formaciones con más posibilidades de conseguir un número significativo de escaños, que adelantaran sus propuestas en materia de Justicia para la próxima legislatura. Dado que en algunos casos, al cierre de la edición, aún no se disponía del programa electoral, reproducimos ahora, en www.abogacia.es, sus respuestas más completas -sin restricciones de espacio- y enlaces a los diferentes programas de todos los partidos que lo tienen.

Por otro lado, puede consultar las propuestas de la Abogacía ante las elecciones en el siguiente enlace: Elecciones 20-D: La Abogacía pide a los partidos políticos un Pacto de Estado por la Justicia

Partido Popular 

La legislatura que toca ahora a su fin ha sido especialmente fructífera en el campo de la justicia. El gobierno del Partido Popular, consciente de la necesidad de una justicia rápida y eficaz que asegure los derechos de todos los españoles, ha realizado a lo largo de estos cuatro años una intensa labor legislativa que ha introducido importantes innovaciones que, en conjunto, supondrán una importante mejora en el funcionamiento de nuestro sistema judicial.

Una de las medidas más importantes ha sido la reforma del Código Penal, que ha revisado el tratamiento o la definición de numerosos delitos que preocupan especialmente a la ciudadanía. Así, se ha introducido la prisión permanente revisable para los delitos que, como el terrorismo, revisten especial gravedad; se ha creado el delito de financiación ilegal de partidos políticos; se ha reforzado la protección de los menores frente a los delitos sexuales y se han introducido mejoras en la persecución de delincuentes reincidentes.

Esta reforma, que ha sido definida como la más profunda de las experimentadas por el Código Penal, se ha visto complementada por la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, elaborada con la intención de garantizar la protección de los derechos fundamentales en situaciones en la que, a menudo, se veían comprometidos. Se regulan mejor las actuaciones policiales, explicitando los derechos y deberes de ciudadanos y agentes en estos casos; se tratan acciones como la ocupación de inmuebles, las concentraciones para impedir a las autoridades el ejercicio legítimo de sus funciones o  los disturbios e infracciones que pueden producirse en las manifestaciones y se refuerza la lucha contra el tráfico de droga.

Junto a la revisión de los tipos penales, el gobierno también ha querido revisar el proceso de enjuiciamiento criminal, con el fin de que  sea más ágil y eficaz, manteniendo siempre las imprescindibles garantías jurídicas. Para evitar que la instrucción de las causas se eternice, la ley fija un periodo ordinario de instrucción de seis meses para las causas sencillas y de 18 para las complejas, que podrá alargarse excepcionalmente hasta un máximo de tres años, y facilita la separación en diversas piezas de las “macrocausas”. Además, la reforma prevé nuevos medios para llevar a cabo la investigación de delitos tecnológicos y la adopción de medidas para evitar la llamada “pena de telediario”, que vulnera los derechos constitucionales de los encausados. Por último, gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se creará una segunda instancia penal para revisar las sentencias dictadas tanto por las audiencias provinciales como por la Audiencia Nacional.

En paralelo a esta actualización, el gobierno también ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este campo, una de las modificaciones más importantes será la relativa a la utilización de medios electrónicos, que se convertirán en la forma habitual de comunicación entre los órganos judiciales y de notificación a las partes del proceso. También se abre la puerta a la participación de los graduados sociales en los procedimientos laborales y de seguridad social y se amplía la cobertura de la asistencia jurídica gratuita.

En conjunto, todo esto permite hacerse una buena idea del interés del Partido Popular por introducir reformas en el sector de la justicia y asegurar la garantía judicial de los derechos de todos. Es un interés que se plasmará también, como no podría ser de otra manera, en el programa electoral para las próximas elecciones generales que estamos ultimando en estos momentos y que se hará público en las próximas semanas. Si los españoles nos vuelven a otorgar su confianza, el Partido Popular seguirá trabajando con la determinación con que lo ha hecho a lo largo de esta legislatura y en la misma dirección, dando lo mejor de sí para dotar a España de un sistema judicial moderno, rápido y eficaz.

En cuanto al programa electoral en material de Justicia, el partido propone, en líneas generales, vertebrar la Justicia sobre cuatro ejes:

• Una  Justicia más ágil y eficaz, con reforma de las normas procesales, la elaboración de un nuevo código procesal penal, la implantación definitiva de las nuevas tecnologías, apostando por una Justicia digital. Además, es necesario eliminar los localismos con una gestión común, y reforzar órganos judiciales que lo necesiten, como la implantación definitiva del nuevo registro civil. También una reforma procesal para regular la acciones colectivas y fortalecer la seguridad jurídica preventiva
• Una justicia cercana y de calidad. Se promoverá la Justicia 24 horas. Utilización de los sistemas telemáticos. Se acortarán los plazos y se promoverá la cita previa, así como el cumplimiento de los horarios. Apoyar y fomentar el el excelente servicio de Justicia gratuita que tenemos. Cercanía a los ciudadanos, manteniendo los partidos judiciales adecuándolos. Desarrollo del estatuto de la víctima. Promover la ley orgánica del Derecho de Defensa. Fomentar la especialización en violencia de género.
• Una justicia profesional e independiente. Revisar la misión del CGPJ. Creación de plazas y ayudas para que se pueda acceder a él. Mejora en la provisión de los puestos. Implantación universal de la oficina judicial.
• Una justicia responsable y transparente. Transparencia de los datos de la Justicia. Reforzamiento del régimen de las incompatibilidades.

Puede consultar el programa del Partido Popular en el siguiente enlace: www.pp.es

PSOE

Balance de la legislatura que ahora acaba

Se trata de una legislatura perdida para la justicia.

La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia, primero en las jurisdicciones social y mercantil y luego en la civil, como consecuencia de la reforma laboral del PP, de las ejecuciones de créditos hipotecarios, del endeudamiento familiar y de las cláusulas abusivas en los productos bancarios.

Los cambios legislativos del Gobierno del PP han intentado reducir la demanda de justicia, no satisfacerla, limitando el acceso de los ciudadanos al sistema judicial mediante nuevas tasas procesales, eliminación de la justicia universal, reducción de la justicia gratuita y la privatización de extensos ámbitos de la administración de justicia mediante la  atribución de competencias a Registradores, Notarios, Procuradores, tales como comunicaciones, actos de jurisdicción voluntaria, expedientes de dominio, etc, así como la extensión de las obligaciones de inscripción registral e incluso la pretensión de la atribución a los Registradores de la llevanza del Registro Civil. Además de desmantelarse la justicia interina (1.500 jueces fueron mandados a casa) sin alternativas organizativas ni funcionales, al tiempo que se ha reducido drásticamente la oferta pública de jueces, fiscales y personal al servicio de la administración de justicia, y se han recortado los presupuestos en materia de justicia.

El recurso a la justicia gratuita, único horizonte de protección de las familias más vulnerables, atraviesa una etapa caracterizada por la precariedad, los recortes presupuestarios y la falta de apoyo institucional en un servicio público esencial para garantizar la tutela judicial efectiva, a pesar del esfuerzo de los abogados y abogadas que lo prestan.

A ello hay que añadir el debilitamiento y desnaturalización del órgano de gobierno del poder judicial, el CGPJ, tras la última reforma operada por el Gobierno del PP, que desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica del órgano que el constituyente diseñó, y que motivó la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista de un recurso de inconstitucionalidad, aún pendiente de resolución.

En un contexto de globalización y competencia internacional, la ineficacia del sistema judicial, en crisis como consecuencia de las deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias sufridas en los últimos años, tiene consecuencias muy negativas para los ciudadanos, los trabajadores y las empresas,  aumentando su desconfianza en un sistema judicial del que se sienten cada día más alejados y menos protegidos e incrementando su percepción de que existe una clara desigualdad en función de la carga de trabajo del partido judicial y la capacidad económica de los que intervienen en los procesos judiciales.

Por otra parte la crisis ha sido la excusa para sustituir el espacio democrático de la protesta, de la huelga y de la manifestación por un sistema autoritario plasmado en una Ley de Seguridad Ciudadana que en muchos aspectos supone un retroceso de las libertades públicas. Ahora, es posible sancionar antiguas faltas con sanciones más severas que las previstas en el Código Penal y sin sumisión al previo control judicial.

A lo que sumar la reforma del Código Penal más autoritaria que se ha producido en la España democrática, aprobada en solitario por el PP,  introduciendo la cadena perpetua, aunque se llame revisable, como vértice del sistema de penas, abandonando dramáticamente la finalidad de reinserción social que la Constitución exige y cuando en España la criminalidad baja de modo sostenido desde 2003 y paradójicamente contamos con las tasas de población reclusa más alta de Europa.

Propuestas en materia de Justicia

• Un programa de justicia ha de construir los cimientos para que los derechos y libertades de la ciudadanía sean iguales y homologables para todos y todas. En este sentido planteamos:
• Una revisión urgente y consensuada del Código Penal para garantizar los principios propios de un Derecho Penal democrático;
• La máxima protección a las víctimas de la violencia de género, reforzando los recursos humanos especializados;
• Protección frente a la usura a las numerosas familias devastadas por los efectos de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo, por la actitud de las entidades financieras;
• La consolidación de los derechos de los consumidores en España por medio de una legislación integral;  con revisión del régimen jurídico de obligaciones y contratos,  establecimiento de un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, revisando la normativa de cláusulas y préstamos abusivos con eliminación de las cláusulas suelo y  fortaleciendo la formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
• Una nueva regulación civil de las relaciones familiares, que acoja las nuevas formas de familia y que permita nuevas fórmulas en materia hereditaria.
• Un Gobierno socialista impulsará una administración de justicia de calidad, organizada desde el prisma de la eficiencia y eficacia, garantizando la tutela judicial efectiva y con una financiación suficiente, frente a los recortes de los cuatro últimos años. Y ampliará la incorporación de las nuevas tecnologías, pero con garantía de que el proceso de cambio sea efectivo y se realice de forma cohesionada en todo el territorio.

Leyes que se derogarán, modificarán o promoverán

En este aspecto nos proponemos:

• Revisar de manera urgente el mecanismo de desjudicialización operado mediante la denominada ‘ley mordaza’.
• Revisar el Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la democracia. Entre otros aspectos, derogaremos de forma inmediata la prisión permanente revisable, suprimiremos aquellas penas privativas de libertad que por su escasa entidad no cumplen ni el papel intimidatorio para el infractor ni la finalidad reeducativa, sustituyéndolas en su caso por otras alternativas a la prisión como la libertad vigilada; revisaremos las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo; y derogaremos el artículo 315.3 CP, sobre el ejercicio del derecho de huelga.
• Recuperar el principio de jurisdicción universal.
• Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías, para lo que se tomará como base el Anteproyecto de Ley que ya se aprobó en 2011.
• Y con carácter urgente posponer la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a la limitación de plazos de instrucción.
• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución.
• Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales sin que aleje al ciudadano de la justicia.
• Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales.
• Crear un modelo de Justicia de proximidad, para resolver los litigios de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil.
• Establecer una verdadera alternatividad en todas las materias de jurisdicción voluntaria.
• Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial y de sus servicios comunes.
• Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal, completando el proceso de implantación de las TIC en 2020, de modo que como regla general todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y la ciudadanía serán por vía electrónica.
• Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas.
• Crear Oficinas Judiciales de Atención al Ciudadano en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, que además desempeñen labores de asesoramiento.
• Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización y dotándola de medios suficientes y adecuados
• Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ.
• Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una dotación económica suficiente que permita acabar con la justicia de dos velocidades.

Puede consultar el programa completo del PSOE en el siguiente enlace: www.psoe.es

Ciudadanos

Proponemos:

• Derecho fundamental a la protección de datos personales, con la inclusión en el artículo 18 CE de este derecho
• Derecho fundamental a la transparencia, con su inclusión en el artículo 23 CE.
• Política para promover la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos e instituciones.
• Reforma del artículo 57 CE para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en el trono.
• Nueva sección de derechos sociales en la Constitución.
• Reforma de la ley de partidos: más democracia interna y más transparencia
• Una nueva ley electoral inspirada en el régimen electoral alemán, es decir, la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales.
• La reducción a 250.000 del número de firmas acreditadas para impulsar la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley
• Suprimir el aforamiento de todos los representantes públicos electos que hoy lo ostenten.
• Suprimir los suplicatorios para delitos o imputaciones salvo para los relacionados con la actividad política del parlamentario
• Un régimen de incompatibilidades de todos los representantes públicos transparente, riguroso y que se cumpla
• Supresión del Consejo General del Poder Judicial. Las funciones que el artículo 122 de la Constitución atribuye al Consejo serán asignadas al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, asistido por dos adjuntos.
• Mérito y capacidad, así como ausencia de discrecionalidad, en los nombramientos de jueces y magistrados. Supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados
• Limitación de puertas giratorias entre Justicia y política. Se impondrá a los jueces y magistrados que acepten cargos políticos un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años
• Una justicia rápida, eficaz y con garantías. La efectividad del derecho a la tutela judicial precisa de más jueces y más medios y un plan de Estado que afronte la mejora de la administración de justicia en un plazo razonable para aproximarnos a los ratios medios de la Unión Europea.
• Una instrucción penal rápida, eficaz y con las debidas garantías.
• Una vez producida la resolución judicial se ha de garantizar su efectivo cumplimiento mediante procedimientos u órganos judiciales adecuados.
• Una Fiscalía General del Estado independiente, profesional, y al servicio de la legalidad. El nombramiento del fiscal general del Estado será abierto y regulado en la Constitución.
• Despolitización del Tribunal Constitucional y de los magistrados que lo integran. Una justicia constitucional rápida y eficaz. Las dudas de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia no pueden dilatarse. El plazo para que el Tribunal se pronuncie no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales
• Supresión del decreto ley. La posibilidad de la legislación de urgencia ha de ser proscrita al Gobierno.
• Limitación y despolitización del indulto. La potestad de indulto será objeto de un nuevo desarrollo legislativo.
• Supresión del Senado y creación de un Consejo de Presidentes de las CCAA

Puede consultar el programa completo de Ciudadanos en el siguiente enlace: www.ciudadanos-cs.org

Podemos

El partido propone derogar las siguientes leyes:

• Artículo 135 de la Constitución española de 1978: derogación de la reforma de 2011, para devolverlo a su estado anterior
• Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en su última modificación del 6 de octubre de 2015
• Ley 15/ 1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (ley Sinde)
• Ley 1 /2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
• Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local Ley Orgánica 2/ 1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum
• Ley Orgánica 3/ 1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular
• Ley Orgánica 8/ 1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 (LOU)
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 279 280
• Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica
• Real Decreto 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
• Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros
• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo
• Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
• Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, sobre las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad Reformas laborales de 2010 y 2014

Puede consultar el programa completo de Podemos en el siguiente enlace: www.podemos.info

Izquierda Unida

Puede consultar el programa completo de Izquierda Unida en el siguiente enlace: www.izquierda-unida.es

 

UPyD

Puede consultar el programa completo de UpyD en el siguiente enlace: www.upyd.es

 

PNV

El balance de la legislatura es absolutamente negativo dado el uso y abuso de la mayoría absoluta del PP que no ha buscado apenas consenso con otras formaciones políticas. La utilización desmesurada de la técnica de los Decretos-Leyes, muchos de ellos de imposible encaje en los límites constitucionales de dicha figura jurídica, ha imposibilitado que el Parlamento pudiera participar en la enmienda y discusión sosegada de muchos asuntos. Recordemos que el Decreto Ley 8/2014 reformó nada menos que 26 leyes de un plumazo.

La gestión económica ha propiciado el recorte social al acelerar el objetivo de la reducción del déficit, cuando este podía haberse hecho en un período más prolongado de tiempo. Seguimos con un porcentaje de paro prácticamente idéntico al que había cuando se inició la legislatura.

En el ámbito de los derechos y libertades el retroceso ha sido manifiesto. Empezando por la denominada “ley mordaza”, pasando por un Código Penal que ampara la cadena perpetua y terminando con la reforma del CGPJ o la amortización de la justicia universal.

En este sentido contribuiremos a que se produzcan modificaciones en las siguientes materias:

La ley de Protección de la Seguridad Ciudadana debería reformarse considerando que incurre en errores graves, como la conversión del concepto de seguridad ciudadana en un valor jurídico, recuperando el anacrónico concepto de orden público, que permite limitar o relativizar los derechos fundamentales y las libertades públicas, junto al apoderamiento del espacio público y asimismo la conversión de las faltas en infracciones administrativas.

En cuanto a la legislación de Enjuiciamiento Criminal, es necesario eliminar progresivamente los ámbitos de excepción que se ha contemplado hasta ahora superando las previsiones constitucionales, comenzando por los plazos de incomunicaciones, y seguiremos reclamando la videovigilancia en comisarías, sobre todo en casos de incomunicación.

Entendemos, asimismo, que hay que devolver la coherencia a un Código Penal aprobado con prisas que a día de hoy puede cobijar interpretaciones incongruentes con una lectura sistemática del mismo. Y somos absolutamente contrarios a la pena de prisión permanente revisable que crea una inadmisible indefinición de la pena impuesta y la entrada en vigor de facto de la cadena perpetua sin modificar la Constitución.

Además, la translación de la Directiva Europea sobre el cómputo de penas es incoherente con el contenido de la misma, habiéndose forzado una vez más el derecho en favor de la interpretación política de la mayoría gubernamental.

Estamos también en desacuerdo con la reforma del CGPJ llevada a cabo y la limitación de la dedicación exclusiva a un número reducido de sus componentes. Igualmente insistiremos en propiciar un debate sobre la creación de consejos autonómicos del poder judicial. Nuestro grupo entiende que la unidad del poder judicial no es incompatible con la adaptación del mismo a las características institucionales de un Estado plural, aún menos en Comunidades Autónomas que tienen una personalidad política más acusada.

Lamentamos el retroceso dado en materia de Justicia Universal en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Se impulsó desde un estudio detallado de los casos que estaban siendo tramitados en los tribunales y podían incomodar a terceros para cortocircuitarlos. La consecuencia ha sido un desastre en la persecución de determinados delitos como por ejemplo la lucha policial contra el narcotráfico. Entendemos además que se violan por parte del Estado tratados internacionales que imponen determinadas obligaciones en materia de derechos humanos.

Por último, como colofón, y aunque no forma parte estrictamente del poder judicial, merece una mención la reforma exprés del Tribunal Constitucional. Es, a nuestro juicio, absolutamente improcedente. Una reforma de este calado requiere sosiego, acuerdo amplio y un largo debate jurídico y, sin embargo, fue aprobada en lectura única. Una ley ad hoc para tratar de resolver por la vía judicial un problema que requiere una respuesta política y que además deja en entredicho el principio de separación de poderes.

Puede consultar el programa completo del PNV en el siguiente enlace: www.eaj-pnv.eus/esp/

 Convergents (Democracia i Llibertat)

Balance de la legislatura que ahora acaba

Negativa desde todo punto de vista, el político, el social y el económico. En el terreno político ha habido dejación de responsabilidades por parte del Gobierno Rajoy, fue elegido  Presidente para abordar los problemas políticos y ha sido incapaz de afrontar y dar respuesta a la demanda política que desde Catalunya le han venido haciendo millones de personas desde el inicio de la legislatura. Ha trasladado un problema de Estado y de ciudadanos -que es político- a los tribunales y ello es una barbaridad. Rajoy es culpable del clima de crispación generado, sin propuestas ni respuestas.

Muy negativo es el balance social. El Gobierno ha esquivado las políticas de austeridad que debía abordar trasladando el grueso de la austeridad a las comunidades autónomas, es decir trasladando los recortes a la educación, a la sanidad y a la asistencia social. Así ha debilitado el Estado del bienestar.

Y negativo ha sido también el balance económico, es evidente que la lucha contra la crisis no ha sido la prioridad del Gobierno. Hoy tenemos una economía tan débil como hace 4 años, con menores salarios y con 435.000 empleos menos. En estos años nada se ha hecho para transformar el modelo económico, el Gobierno ha reducido la inversión en I+D+i y ha priorizado las inversiones improductivas, por ejemplo el AVE. Suerte ha tenido en estos años la economía de tener una coyuntura internacional favorable con tres impulsos fundamentales: la caída de los precios del petróleo, la devaluación del euro y la política europea de liquidez a bajos tipos de interés.

Propuestas en materia de Justicia

Dos son las propuestas prioritarias: la primera, recuperar la calidad de nuestra democracia después de una legislatura muy nefasta y la segunda, dotar de más recursos humanos y materiales a la administración de justicia, ya que una justicia demasiado lenta no es justicia.

Leyes que se derogarán, modificarán o promoverán

En el ámbito jurídico y para recuperar la calidad de la democracia derogaremos leyes o parte de ellas que vulneran los derechos fundamentales. Por ejemplo: la reciente reforma del Tribunal Constitucional, norma, posiblemente inconstitucional, que rompe con el principio de separación de poderes e incluso permite al Tribunal Constitucional suspender de funciones a quienes han sido elegidos democráticamente en las urnas; derogaremos la llamada “ley mordaza”, la Ley de Defensa Nacional o la articulación en el Código Penal de la pena de prisión permanente revisable, que bien puede ser equivalente a cadena perpetua.

Desde la perspectiva sectorial, derogaremos la LOMCE, una mala reforma educativa elaborada exclusivamente por el Partido Popular, y que, además, tiene por objetivo atentar contra el modelo lingüístico y educativo de Catalunya, todos los grupos parlamentarios de la oposición estamos comprometidos a derogar esta ley en la próxima legislatura. La reforma local es otra ley a derogar o modificar a fondo, ya que aleja a los ciudadanos del gobierno local, en vez de fomentar su participación, que es lo que pide la ciudadanía. También la ley de unidad de mercado debe derogarse ya que desprotege el consumidor e incrementa la burocracia, son las directivas europeas de defensa de la competencia las que garantizan que tengamos un mercado único en toda Europa y, paradójicamente,  en España no siempre se respetan suficientemente (pagamos la energía, el teléfono, el ADSL, … más caros que la media europea).

La pasada legislatura tuvo una alta promulgación legislativa y en muchos casos con el uso del voto único del Partido Popular. En general la primera prioridad de la legislatura no ha sido ni social ni económica, sino ideológica: recentralizar el Estado, cerca de 50 leyes así lo ponen de manifiesto, sea a través de ampliar el carácter básico de las disposiciones, sea a través de la asunción directa de competencias por parte del Estado. Es evidente que este modelo no sirve para Catalunya y en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar modificarlas.

Nuestra prioridad de modificación legislativa es social. La sanidad y la educación necesitan más recursos y ello requiere modificar la legislación para que en 2016 la Generalitat y las comunidades autónomas tengan más recursos. También la legislación sobre el papel de la Seguridad Social en la lucha contra las desigualdades debe revisarse, especialmente para hacer frente a la pobreza infantil y a la ampliación de la protección social de las personas en situación de paro de larga duración. En el ámbito del empleo, el salario mínimo debe aumentar y necesitamos más y mejores políticas activas de empleo.

Nuestra prioridad en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura es defender los derechos de los ciudadanos y de la sociedad catalana en la “Hoja de Ruta de Catalunya” por la independencia, por lo que en este periodo transitorio participaremos activamente en toda la actividad legislativa bajo la perspectiva de contribuir a reforzar el estado del bienestar y a impulsar la transformación de la economía hacia un modelo más eficiente, sostenible y competitivo, pero nuestra prioridad será el diálogo con todas la fuerzas parlamentarias, con los interlocutores sociales y con todas las fuerzas vivas de la sociedad con el fin de lograr que la voluntad catalana de independencia en el marco de la Unión Europea, llegue a buen puerto y sea beneficiosa  para Catalunya y para España.

Puede consultar el programa completo de Convergents (Democracia i Llibertat) en el siguiente enlace: www.democraciaillibertat.cat

ERC

Puede consultar el programa completo de ERC en el siguiente enlace: www.esquerra.cat

Unió

Puede consultar el programa completo de Unió en el siguiente enlace: www.unió.cat

EH-Bildu

Puede consultar el programa completo de EH-Bildu en el siguiente enlace: www.ehbildu.eus

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Puede consultar el programa de BNG en el siguiente enlace: bng.gal/programas-eleitorais/

 

Coalición Canaria

Puede consultar el programa de Coalición Canaria en el siguiente enlace: www.coalicioncanaria.org

 

Compromís

Puede consultar el programa de Compromís en el siguiente enlace: www.compromis.net

 

Equo

Puede consultar el programa de Equo en el siguiente enlace: www.partidoequo.es

Foro Asturias

Puede consultar el programa de Foro Asturias en el siguiente enlace: www.foroasturias.es

 

Geroa Bai

Puede consultar el programa de Geroa Bai en el siguiente enlace: www.geroabai.com

 

PACMA

Puede consultar el programa de PACMA en el siguiente enlace: www.pacma.es

 

Vox

Puede consultar el programa de Vox en el siguiente enlace: www.voxespana.es