Elecciones mexicanas: impacto en la abogacía

Las elecciones presidenciales en México tuvieron lugar el 1 de julio del presente año. De acuerdo con el artículo 40 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libes y soberanos”.

Desde el 1 de diciembre de 2012, el presidente de México ha sido Enrique Peña Nieto en representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un partido socialdemócrata que defiende una postura centrista en el ámbito político. Durante su mandato, en lo que a seguridad concierne, Peña Nieto ha logrado ciertos avances como pueden ser las capturas de miembros relevantes del narcotráfico que operaban dentro del país, sin embargo, la promesa de abatir los niveles de violencia no ha sido alcanzada en su totalidad. Además, en este periodo se han desatado escándalos sobre abusos o vulneraciones a los derechos humanos, los cuales han tenido un gran impacto mediático, llamando incluso la atención de organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En 2017, el comercio bilateral entre México y España aumentó un 15% con respecto al año anterior, y las exportaciones aumentaron un 12,2%. También es relevante destacar el acuerdo para promocionar internacionalmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); la Cooperación Española impulsó un programa de apoyo psicosocial y para la recuperación de las actividades educativas de la población infantil afectada por el terremoto en México.

El sistema democrático multipartidista mexicano presentó en estas elecciones varios partidos políticos registrados; los que más relevancia tienen actualmente son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón y el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Los candidatos a la presidencia de México presentaron durante las campañas electorales las propuestas oficiales que recogían sus programas para asegurar los votos de la población en base a las diversas soluciones que proponían para combatir los aspectos más relevantes para los ciudadanos de este país.

El candidato José Antonio Meade Kuribreña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el candidato Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional (PAN), el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón y el candidato Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recogían dentro de sus propuestas, iniciativas similares como la lucha contra la impunidad, la corrupción y la inseguridad. Abordando estos aspectos mediante instrumentos legislativos; por ejemplo, a través de la creación de la Fiscalía General como órgano superior y general con la finalidad de garantizar la independencia y autonomía del poder judicial actuando conjuntamente con la implantación y aprobación de un Código Penal Nacional y la armonización normativa con el fin de asegurar la justicia y combatir la impunidad en México.

A pesar de que las principales iniciativas tuvieron como finalidad alcanzar los mismos objetivos, surgieron una diversidad de propuestas que derivaron de cada candidato y diferentes formas de llevarlas a cabo. Por ejemplo, el candidato del (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, proponía un mejor futuro para los jóvenes del país, garantizando ayudas para completar su educación, un empleo o un crédito para emprender o iniciar un negocio, buscando así incrementar el empoderamiento de los jóvenes, de la población indígena, de las mujeres y de las personas con alguna discapacidad.

Entre las iniciativas más relevantes de Ricardo Anaya (PAN), se encontraba la creación de un Ingreso Básico Universal (IBU) el cual consistiría en que todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos tendrían derecho a recibir una prestación del Estado que les garantice vivir con un mínimo de dignidad; esta medida buscaba acabar con la desigualdad social y la pobreza extrema.

Dentro de las propuestas del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón se encontraba la iniciativa de disminuir los impuestos, con el objetivo de incrementar la liquidez de la población y que este hecho permitiera a las empresas y a los empresarios tener mayor margen para impulsar las inversiones comerciales y de esta forma asegurar la creación de empleos de calidad y bien remunerados.

Las propuestas de (MORENA) con el candidato electo para la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador se centraban en rescatar el campo del abandono para contrarrestar la migración y la desintegración familiar. Esta propuesta establecía que el regreso al campo permitiría aprovechar la mayor cantidad de recursos naturales y conocimiento que posee el país. López Obrador pretende impulsar el desarrollo regional con la participación de los tres sectores: el público, el privado y el social.

Las propuestas electorales de los candidatos a la presidencia de México contenían modificaciones y planes de mejora que afectaban a diferentes ámbitos; sociales, económicos, de seguridad y justicia en el país. Sin embargo, los candidatos principales estaban de acuerdo en la necesidad de realizar un cambio sustancial dentro del Poder Judicial en México.

La necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución, con el objetivo de crear una Fiscalía General independiente del poder político, reforzada con la aprobación de una Ley Orgánica de la Fiscalía para garantizar de esta forma que sea un órgano autónomo, apartidista, imparcial, capaz, independiente, meritócrata y profesional. Tomando como referencia para su concepción y organización las mejores prácticas a nivel internacional con el fin de fortalecer a las procuradurías locales y asegurar la independencia de sus tareas para combatir de forma directa la corrupción del país.

Dentro de las modificaciones que podrían afectar al funcionamiento del Poder Judicial en México, las propuestas de los candidatos y del nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluían la intención de crear un Código Penal Nacional. Actualmente existen 32 Códigos Penales Estatales, un Código Penal Federal y un Código Penal de Justicia Militar. Ante la falta de homogeneidad normativa surge la necesidad de aprobar e incorporar un Código Penal Nacional con el objetivo de armonizar y limitar las diferencias que existen en los procedimientos judiciales en los diferentes estados del país. De esta forma se intensificarán las capacidades de investigación y los medios para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad actual en México.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en este país, ya que existen preceptos en la normativa que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los ciudadanos mexicanos, además de perjudicar el equilibrio de las facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación, los estados, las Instituciones, los órganos del Estado y los Poderes que lo conforman.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española a través de su Fundación se busca garantizar la defensa de la defensa de los derechos humanos de la población y de los abogados ejercientes en las zonas más conflictivas, por esta razón, recientemente se realizó en el mes de mayo una misión dedicada a buscar una solución viable para combatir esta situación e intentar proveer seguridad a la población y proteger los intereses y la integridad de la abogacía en el país.

En México, los cuerpos del Ejército Nacional y la Marina se encuentran a disposición del Estado en las calles de los estados que conforman el país, está fue una decisión que se tomó en 2006 cuando Felipe Calderón comenzó su período presidencial para garantizar la seguridad pública dentro de los estados, pero también en las propias carreteras que conectan las ciudades que se han convertido en focos de creciente inseguridad hasta que mejoren los cuerpos policiales que velan por la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, la presencia de las fuerzas del Ejército Nacional ha producido un efecto negativo en la sociedad, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre este tema, analizando las consecuencias que tiene el permitir que los cuerpos militares realicen funciones que son competencia del Poder Judicial de un país. El Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados ha manifestado su preocupación por el hecho de que las fuerzas militares sean quienes desempeñen las funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, perjudicando los derechos humanos de los ciudadanos y limitando las garantías de imparcialidad y autonomía de Magistrados y abogados del país.

A pesar de la incertidumbre que inunda el país a causa de los posibles cambios que se puedan derivar de las elecciones, España y, por lo tanto la Unión Europea (UE), cuentan con una posición privilegiada dentro de la Agenda exterior de México gracias al acuerdo bilateral firmado el 8 de diciembre de 1997 y que se ha modificado y actualizado por un nuevo acuerdo firmado y ratificado el 23 de abril de 2018 entre la UE y México.

El Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y México garantiza la exención de los impuestos a prácticamente todos los bienes comerciados entre la UE y México, incluyendo diferentes sectores. Además el acuerdo no solo facilita el intercambio de productos, sino que también prevé el intercambio de servicios dentro de las diferentes áreas de actuación, entre ellas se encuentran los servicios jurídicos, además de incentivar las inversiones de capital entre los países firmantes, lo cual ofrece una gran ventaja a empresas como a profesionales para incrementar los lazos comerciales y las inversiones en terceros países.

Este aspecto del acuerdo tiene gran relevancia e impacto dentro del ámbito de la abogacía, ya que facilita el acceso a los abogados españoles y europeos a operar dentro del espacio profesional de México y, sobre todo, en las áreas relacionadas con la importación y exportación de bienes y las inversiones de capitales entre los países que son parte del acuerdo, creando de esta forma un lazo muy importante entre México y Europa, siendo España la puerta de acceso para Europa, que también se puede beneficiar de las relaciones con terceros países actuando como un bloque en lugar de como Estados independientes.

Por otro lado se encuentra el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), un acuerdo bilateral entre la UE y Canadá, el cual se basa en un pacto de libre comercio de bienes y servicios en el que se reducen las tasas aduaneras para un gran número de productos y se estandarizan las normas para favorecer los intercambios y facilitar el acceso de servicios a los diferentes países, de esta forma se busca fomentar la integración de profesionales fuera de sus Estados de origen e incrementar la inversión de capital en terceros países.

Además de los dos acuerdos antes mencionados entre la Unión Europea (UE), México y Canadá, respectivamente, existe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que vincula a Canadá, México y Estados Unidos, el cual tiene como objetivo facilitar el comercio entre los tres países miembros y de esta forma poder ofrecer una ventaja a los mismos dentro del escenario internacional.

Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consiste en una zona de libre comercio en la cual se busca reducir el coste de los aranceles con el fin de promover el intercambio de bienes entre México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente, este acuerdo está pasando por un momento de modificaciones y cambios, este hecho afecta al futuro de los Estados que conforman el Tratado ya que se están replanteando las bases y principios del mismo y se puede perder la oportunidad de diversificar y fortalecer los mercados interno y externo, incrementado de esta forma la presencia de productos de estos países en el mundo. Sin embargo, las consecuencias de las modificaciones del Tratado se pueden ver agudizadas por aspectos internos, como pueden ser los resultados de las elecciones en México que puedan tener como consecuencia un cambio en la tendencia y en las negociaciones del mismo.

El TCLAN, el Acuerdo entre la UE y México y el CETA ofrecen una oportunidad para los profesionales de los países vinculados por medio de los pactos de libre comercio de bienes y servicios, ya que son las empresas exportadoras e importadoras las principales protagonistas de los beneficios que derivan de dichos acuerdos al igual que las nuevas áreas de trabajo y mercado, como por ejemplo; para los juristas y abogados de los diferentes países quienes pueden encontrar grandes oportunidades en el ejercicio de sus funciones en terceros países que forman parte de estos acuerdos.

Uno de los beneficios más relevantes a nivel internacional es la ampliación de la visión profesional e incluso la oportunidad de alcanzar un acuerdo que englobe a todos los países que forman parte de los diferentes acuerdos buscando armonizar y simplificar los procesos comerciales y las normativas que los regulan. La internacionalización de las líneas de comercio que vinculan a los países que forman parte del Tratado o de los Acuerdos ofrece una gran ventaja a los profesional europeos en el ámbito de la abogacía para poder colaborar, asociarse con despachos de abogados fuera de sus fronteras y por lo tanto ampliar su visión de mercado y trabajo a países como México, Estados Unidos y Canadá por medio de la triangulación comercial.