En defensa de los valores y principios del Estado del bienestar

Por Fernando Ledesma Bartret, consejero permanente del Consejo de Estado

Tony Judt escribe en “Pensar el siglo XX”: “Los grandes vencedores del siglo XX fueron los liberales del siglo XIX, cuyos sucesores crearon el Estado del bienestar en todas sus posibles formas. Ellos consiguieron algo que, todavía en la década de 1930, parecía casi inconcebible: forjaron unos Estados democráticos y constitucionales fuertes, con una fiscalidad alta y activamente intervencionistas, que podían abarcar sociedades de masas complejas sin recurrir a la violencia o la represión. Seríamos unos insensatos si renunciáramos alegremente a este legado … De modo que la elección a la que nos enfrentamos en la siguiente generación no es entre el capitalismo y el comunismo, o el final de la historia y el retorno de la historia, sino entre la política de la cohesión social basada en unos propósitos colectivos y la erosión de la sociedad mediante la política del miedo”.

Propongo oponer a la política del miedo políticas realistas de esperanza, que para que no sean proclamación de ingenuos buenos deseos incumplidos han de estar asentadas en la participación democrática y dirigidas a conseguir que todos los sacrificios que democráticamente se imponen -y que a veces son necesarios-tengan la más rápida respuesta posible en términos de reparto igualitario de la riqueza acumulada gracias al esfuerzo colectivo, pues la austeridad por sí sola no sirve para nada (Martín Schultz. El País semanal 12 de enero 2014).

Me parece de todo punto evidente que una carga fiscal mal repartida, en la que las rentas del trabajo soporten gravámenes excesivos, especialmente cuando se comparan con las que inciden sobre rentas de diferente origen; recortes del gasto público que limiten en exceso el acceso de los ciudadanos al ejercicio de derechos necesarios para el desarrollo de su personalidad, básicamente en los ámbitos de la educación, la sanidad y la seguridad social, creándose situaciones de desvalimiento de niños y ancianos; el desmontaje de estructuras jurídicas que permiten a los trabajadores la defensa de sus derechos o que impiden el desperdicio del recurso más valioso que tienen los países, su talento humano (Joseph E. Stiglitz); la rebaja de los controles medioambientales necesarios para asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta; la entrega a la codicia privatizadora de espacios pertenecientes al demanio público, etc., etc., actuaciones como las que acabo de citar provocan el efecto erosivo al que se refiere Tony Judt y ponen en riesgo la cohesión en que se funda el contrato social sobre el que ha de construirse la convivencia en paz.

La paz es una palabra que pronunciada en el 2014, a los cien años del comienzo de la Primera Guerra Mundial -aquella gran tragedia que tuvo lugar, según Margaret MacMillan, entre otras razones porque ninguno de los actores clave fue un líder con la suficiente grandeza e imaginación, ni con el suficiente coraje, como para oponerse a las presiones que empujaban hacia la guerra (págs. 25 y ss. de la obra “1914. De la paz a la guerra”)- resuena con fuerza reivindicativa de soluciones justas, en las que la solidaridad se haga presente, unas veces para reclamar la aceptación de restricciones, pero otras para exigir políticas públicas de bienestar que alcancen prioritariamente a las capas más débiles de la sociedad que no deben ser las que sufran y soporten más duramente la recuperación. “La gente ha hecho un sacrificio enorme. Lo peor que podríamos hacer es volver a los negocios como si nada hubiera ocurrido” (Ed. Miliband, en un reciente debate en la Universidad de Londres).

RECESIÓN ECONÓMICA

Cada día es mayor el número de los que, al tiempo que reconocen que Occidente está empezando a superar la recesión económica provocada por recetas neoliberales que recomendaban la eliminación de las intervenciones estatales, afirman que ello se está produciendo a costa de un grave deterioro de la democracia y de un crecimiento de la desigualdad. Así por ejemplo, el historiador Eric Hobsbawn (en el capítulo 19 de su obra “Historia del siglo XX), mantiene que “la principal causa de tensión internacional de cara al nuevo milenio es la creciente separación entre las zonas ricas y pobres del mundo”. Y añade: “A medida que se aproximaba el milenio, se vio cada vez más claro que la tarea principal de la época no era la de recrearse contemplando el cadáver del comunismo, sino más bien la de reconsiderar los defectos intrínsecos del capitalismo”. Y continúa afirmando: “si las décadas finales del siglo XX demostraron algo, fue que el principal problema del mundo, incluido el mundo desarrollado, no era cómo multiplicar la riquezas de las naciones, sino cómo distribuirlas en beneficio de sus habitantes. Y para ello es indispensable el Estado. Pues ¿quién, de no ser la autoridad pública, podría y querría asegurar un mínimo de renta y de bienestar para todo el mundo, contrarrestando la tendencia hacia la desigualdad tan visible en las décadas de crisis? A juzgar por la experiencia de los años 70 y 80, ese alguien no sería el mercado”.

“Los europeos creíamos -escribe Zygmunt Bauman- que con nuestro Estado de bienestar habíamos solucionado los problemas de la desigualdad” pero “desde hace veinte o treinta años en el interior de las sociedades ricas las desigualdades se están disparando. Es evidente -dice- que las clases medias se están empobreciendo. Podemos hablar más que de proletariado de precariado, pues aunque grandes sectores de las clases medias tengan hoy trabajo ha desaparecido la certeza de que puedan tenerlo mañana. Viven en un estado de constante ansiedad. Hoy sabemos que la felicidad no se mide tanto por la riqueza que uno acumula como por su distribución”. (Entrevista publicada en el diario El País el 18 de enero 2014).

En la medida en que este diagnóstico sea certero –y yo así lo creo- la verificación de su existencia se transforma en un verdadero desafío al que hay que hacer frente con las únicas armas posibles en una sociedad democrática: las de la razón convertida en leyes, decisiones, conductas, reglamentos, comportamientos que eviten el desastre. Como la catástrofe que pone de manifiesto el informe “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”, publicado el pasado 20 de enero de 2014 por la ONG Oxfam Intermon, del que únicamente extraigo el siguiente dato: 85 individuos acumulan tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial.

Dijo Albert Camus el día 10 de diciembre de 1957 al recibir el Premio Nobel de Literatura: “Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo podrá hacer. Pero su tarea es quizá mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. Llama la atención la coincidencia de esta reflexión con lo escrito cuarenta años después por Hobsbawn: “Si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos, y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la obscuridad.”

LA LEY PROPONE SOLUCIONES, LOS TRIBUNALES LAS HACEN CUMPLIR

En el fondo, los desafíos que la obra Los desafíos de la justicia contencioso-administrativa, del magistrado José Manuel Bandrés, plantea no son más que incitaciones para la identificación de los problemas más importantes de la convivencia humana y para salir a la búsqueda de las soluciones posibles. Soluciones, evidentemente, que sólo pueden ser tales en la medida en que la ley las propone y la Administración y los Tribunales las hacen cumplir, pues el autor -y sus prologuistas- parten de la primacía del imperio de la ley y del sometimiento absoluto de los tribunales a la legalidad. Pero en el seno de una sociedad democrática organizada de acuerdo con el principio de participación las leyes se aprueban, modifican, aplican bajo la inspiración de los principios,  valores y preceptos que la Constitución establece, cuyo sentido y alcance no pueden estar desvinculados de la búsqueda de respuestas a los problemas de desigualdad que acabo de exponer. Sobre todo cuando la Constitución establece que el Estado, además de democrático y de Derecho, es social.

No me olvido de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tengo presente el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria. Y, naturalmente, recuerdo que, tras la reforma aprobada el 27 de septiembre de 2011, el artículo 135 CE impone a todas las administraciones públicas adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Y comparto la opinión de quienes consideran que “la estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para garantizar, a medio y largo plazo, un crecimiento económico sostenido, pues los desequilibrios permanentes, con déficits estructurales y deudas acumuladas que se hacen impagables, arruinan las perspectivas de crecimiento y merman la confianza de todos los actores” (“Debates confusos”, Felipe González, El País, 30 Agosto 2011).

Pues bien, llegado a este punto me pregunto: ¿ceden las exigencias del Estado social en tiempos de crisis? Me acerco a la respuesta de la mano de uno de los padres de la Constitución Española, quien ha escrito recientemente (Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en “¿Unión Europea Vs. Estado Social”?) que “el Estado social supone la primacía de la política sobre la economía … El Estado social supone la negación del Estado liberal en cuanto no sólo organiza el mercado, sino que corrige su dinámica y distribuye sus beneficios atendiendo a criterios que son ajenos al propio mercado … La evolución de la demografía y las restricciones de la economía pueden forzar a redimensionar el Estado social precisamente para hacerlo viable; pero debe seguir siendo un Estado de bienestar solidario, capaz de proporcionar lo que, a la altura de nuestro tiempo, la dignidad de una ciudadanía democrática requiere: un bienestar digno y una reducción de la desigualdad de oportunidades”.

Hay que ayudar al lector a seleccionar de entre las diferentes opciones posibles aquellas que conducen a la realización de esos valores y principios, a la preservación del Estado social en que España está constituida (art. 1.1 CE), a la defensa del Estado de bienestar.