España reconoce que un chico es menor de edad dos años después de deportarlo

España ha reconocido la minoría de edad de un chico marroquí al que expulsó en enero de 2014 por la frontera de El Tarajal pese a que él tenía entonces 16 años, contaba con una partida de nacimiento que lo acreditaba, estaba en un centro de menores de Bilbao y tanto Fundación Raíces como el Defensor del Pueblo habían alertado sobre su caso. El menor, que volvió a entrar en España en los bajos de un camión, se encuentra ahora en acogida y con un permiso de residencia. Un juez ha condenado en costas a la Administración durante este procedimiento.

Hamza (nombre falso) llegó a Cádiz en 2013 a bordo de una patera. La presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, explica a Europa Press que nadie le preguntó por su edad, fue tomado por adulto y se le abrió un procedimiento de expulsión. Su abogado de oficio se interesó por su juventud y solicitó en Marruecos la partida de nacimiento en la que probaría después que había nacido en 1997.

El documento llegó fuera de plazo para recurrir, pero aún así, aquel letrado se presentó en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con la partida de nacimiento en un recurso de reposición para que se declarase nula la orden de expulsarle. La legislación española establece que no se puede expulsar a un menor de edad y se le debe dar protección pública. En el caso de Marruecos, además, existe un convenio específico para estos niños, que deben ser entregados a servicios sociales con una serie de garantías y una vez localizadas sus familias.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz rechazó el recurso por los plazos “aunque era un menor y su resolución claramente era nula”, conforme apunta Reyzábal. El chico no se quedó en la provincia, con su partida de nacimiento bajo el brazo se marchó a Barcelona, donde ingresó en un centro de menores.

LAS PRUEBAS ÓSEAS DIJERON QUE ERA ADULTO

Sin embargo, la Fiscalía barcelonesa decidió someterle a pruebas para determinar su edad, unos test que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo no deberían realizarse a ninguna persona que esté en posesión de documentación oficial en la que conste la fecha de nacimiento, como en este caso. Además, España tiene un convenio con Marruecos por el que se da por buena toda documentación expedida en su Registro Civil, aunque no esté traducida. Le hicieron radiografías y el fiscal decretó que Hamza “al menos superaba los dieciocho años”.

Decidió entonces viajar a Bilbao, de nuevo con su partida de nacimiento. Nadie allí la puso en duda, tenía 16 años y fue acogido en un centro de menores. “Una mañana nos llamaron del centro. La policía se había presentado a buscarle. Nos dijeron que el plan era llevarle al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, y desde allí, ejecutar su expulsión”, dice Reyzábal.

Fundación Raíces llamó al Defensor del Pueblo y escribió al juez de vigilancia del CIE de Aluche para advertirles del inminente de ingreso de un niño que tenía acreditada su minoría de edad. Finalmente, no se produjo el internamiento, pero los policías que le acompañaban siguieron camino hasta Ceuta y le expulsaron a Marruecos, conforme explica la organización.

EL FISCAL DE EXTRANJERÍA CONFIRMA LA EXPULSIÓN

Según informó después el Fiscal de Sala de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, el chico fue expulsado por la frontera de El Tarajal el 16 de enero de 2014. En un escrito dirigido a Fundación Raíces, argumenta que le declararon adulto porque “las pruebas médicas practicadas y el dictamen del Médico Forense concluyó que la edad del examinado al menos superaba los dieciocho años”.

Afirma además, que si tenía una “documentación genuina sobre la identidad y la fecha de nacimiento” debió presentarla en alegaciones ante la Fiscalía de Barcelona que le declaró adulto o ante la Administración que decidió expulsarle.

Raíces sostiene que “en todo momento” el chico defendió que era menor de edad y recuerda que la partida de nacimiento constaba ya desde el primer recurso presentado fuera de plazo contra la expulsión. “Nos pasaron a todos por encima por el empeño de la Fiscalía. Los agentes de la brigada de Extranjería de Cádiz, ni cortos ni perezosos, se hicieron más de 1.000 kilómetros desde Bilbao hasta Ceuta para expulsarle”, denuncia Reyzábal.

DE VUELTA A ESPAÑA EN LOS BAJOS DE UN CAMIÓN

Así se lo trasladó al Juzgado gaditano de Instrucción número 4 en una denuncia cuya tramitación se ha prolongado casi tres años durante los que el menor, que fue abandonado por las autoridades en la provincia marroquí de Castillejos, siguió intentando llegar a España hasta conseguirlo escondido en los bajos de un camión “jugándose la vida”, en palabras de Reyzábal.

A su llegada, Hamza volvió a Barcelona pero esta vez, llevaba su pasaporte. Lo tramitó en Tánger, su localidad de origen, con ayuda de la Asociación Al-Jaima y la misma partida de nacimiento que llevaba encima. Con él, los mismos servicios de menores que le habían dado por adulto reconocieron que no había cumplido los 18, le ingresaron en un centro de protección, se hicieron cargo de su tutela y facilitaron así la obtención de un permiso de residencia.

Esto supuso la revocación de la orden de expulsión dictada en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, pero cinco meses después sus servicios jurídicos la seguían defendiendo en el Juzgado gaditano, conforme la documentación consultada por Europa Press.

Cuando Raíces comunicó al instructor que el menor ya estaba protegido, el tribunal resolvió que el objeto de la demanda había decaído. Sin embargo, la sentencia dictada a finales de abril condena en costas a la Administración al considerar que “con su actuación ha provocado que hubiera que interponer un recurso contencioso administrativo que posteriormente ha devenido innecesario” y que “sin duda” rechaza “todas sus pretensiones”.

Hamza fue expulsado por Ceuta a Marruecos el 16 de enero de 2014 y recibió por fin protección en Cataluña el 8 de septiembre de 2015, cuando la Dirección General de Atención a la Infancia declaró que estaba en desamparo. “Durante casi un año y ocho meses la Administración dejó en la calle a un niño cuando su obligación era protegerle y todo por un empeño de la Fiscalía”, denuncia Raíces, que ultima una demanda contra la Administración para pedir responsabilidad patrimonial en este caso.