06 abril 2021
Estado de Derecho: nuevo mecanismo para proteger el presupuesto y los valores de la UE
El Parlamento Europeo aprobó en el pleno del 16 de diciembre de 2020 un acuerdo, alcanzado junto al Consejo, por el que se establece un mecanismo que permitirá la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho en los países miembros. La decisión de suspender los pagos la tomará el Consejo por mayoría cualificada según la propuesta de la Comisión.
Las nuevas reglas se aplican desde el 1 de enero de 2021. Polonia y Hungría llevaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este mecanismo alegando que la UE no tiene competencia para definir ese concepto ni para establecer las condiciones que evalúen su cumplimiento, pero esto no anula su aplicación.
Una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 25 de marzo defiende que el mecanismo está en marcha y que la Comisión Europea tiene la obligación legal de defender los intereses financieros de la UE. Además, sostiene que el Parlamento Europeo está dispuesto a emprender acciones legales contra la Comisión si no cumple con sus obligaciones.
Los eurodiputados ya habían advertido en la sesión plenaria de octubre que los valores europeos estaban en peligro. También incidieron en que los fondos de la UE, procedentes tanto del presupuesto a largo plazo como del plan de recuperación aprobado para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, no deberían ponerse en manos de “quienes trabajan en contra de la democracia y los derechos fundamentales en Europa”.
Los eurodiputados reclamaron en una resolución aprobada el 7 de octubre de 2020 reforzar el Estado de derecho a través de un nuevo mecanismo y de la imposición de estrictas sanciones a aquellas naciones que violen este principio fundamental de la Unión Europea. Así, insistieron en que las instituciones comunitarias deben acordar reglas claras que vinculen el acceso a los fondos de la UE con el respeto al Estado de derecho.
La Unión Europea ya cuenta con herramientas a su disposición para proteger el Estado de derecho. Sin ir más lejos, la Comisión publicó el pasado 30 de septiembre el primer informe anual sobre el Estado de derecho, que supervisa la evolución tanto positiva como negativa del Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo ha estado observando a Rumanía y Bulgaria desde que se unieron a la UE en 2007.
Sin embargo, los eurodiputados insistieron en que estas herramientas son insuficientes. Si bien hay audiencias en curso en el Consejo en virtud del Artículo 7 con respecto a Polonia y Hungría, el Parlamento lamentó la falta de avances significativos por parte de estos dos Estados miembros en solucionar los problemas relativos a esta cuestión.
La corrupción o la falta de tribunales independientes pueden significar la falta de protección contra el uso indebido del dinero de la UE asignado a un Estado miembro. Por ello, la Comisión presentó una propuesta legislativa en 2018 que tiene como objetivo defender los intereses financieros de la UE si se detectan deficiencias en el Estado de derecho.
Los ponentes del informe del Parlamento, el eurodiputado Petri Sarvamaa y la eurodiputada Eider Gardiazabal Rubial, comenzaron las negociaciones con el Consejo en octubre y llegaron a un acuerdo el 5 de noviembre de 2020. Los negociadores del PE lograron una interpretación más amplia de violación del Estado de derecho. Ésta permitirá la activación de la cláusula no solo cuando ésta ponga en riesgo la buena utilización de los fondos de la UE, como sucede con los casos de corrupción y fraude, sino que también cubrirá las infracciones sistémicas de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia del poder judicial, cuando las mismas afecten o corran el riesgo de afectar a la gestión de los fondos de la UE.
El acuerdo también protege a los destinatarios finales de los fondos, como las ONG, agricultores o estudiantes, que tendrán la posibilidad de presentar una queja a la Comisión a través de una plataforma web, que les ayudará a garantizar que reciban las cantidades debidas, incluso si sus Gobiernos no están actuando adecuadamente.
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