La asistencia letrada no obligatoria atenta contra el derecho de defensa de las personas con discapacidad

Reconocer el derecho a la intervención letrada a las personas con discapacidad desde el primer momento en todos los procedimientos. Esta sigue siendo la principal reivindicación de la Abogacía, para lograr el acceso de estas personas a la justicia en igualdad de condiciones. “La asistencia letrada no obligatoria atenta contra el derecho de defensa de las personas con discapacidad”. Así lo ha reivindicado Eva Ribó, coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española.

Lo ha hecho en la presentación del “Protocolo de Buenas Prácticas en los procedimientos de provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica”,  en una sesión organizada por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, a partir de hoy Liber, Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, en la sede del Consejo General del Poder Judicial.

Ribó ha recordado que los ajustes de procedimiento son imprescindibles, no sólo en los procedimientos específicos de provisión de apoyos para personas con discapacidad. “Estamos hablando de todas las materias: civil, familia, laboral, penal, sin los ajustes de procedimiento, la intervención del facilitador, la lectura fácil, estas personas pueden no comprender la gravedad del procedimiento al que se enfrentan”, ha agregado.

La abogada ha hecho extensivo el esfuerzo a todos los operadores jurídicos para garantizar una sociedad verdaderamente inclusiva para las personas con discapacidad. “Tenemos una responsabilidad directa sobre los derechos de las personas con discapacidad y estamos llamados a trabajar codo con codo”. Este protocolo es ejemplo de ello, “de la voluntad de compartir conocimiento y experiencia para para alcanzar una meta común: la garantía de la autonomía de estas personas en el ejercicio de su capacidad jurídica”, ha insistido.

Tras 7 meses escasos desde  la entrada en vigor de la Ley 8/2021 todavía hay que seguir trabajando para que los avances conseguidos sean aplicados y promovidos en todas las instancias. Por eso, desde la Abogacía institucional “estamos trabajando en la formación continua y extensa en materia de discapacidad, desde todas ramas del derecho para garantizar una defensa de calidad”, ha explicado. Además, otro de los retos para la abogacía es crear turnos de oficio especializados en los Colegios.

Junto a ello, para que la nueva ley sea efectiva, es necesaria una mayor partida presupuestaria. “Más recursos, tanto económicos como personales que garanticen su defensa. Pero también más oficinas de atención personalizada en los partidos judiciales, que todos los espacios sean accesibles, y adaptar a lectura fácil, no solo las sentencias, sino todas las notificaciones personales”, ha puntualizado.

Por último, ha señalado que los cambios legales en España, como consecuencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han supuesto también un ilusionante reto para la profesión de la abogacía. Ha añadido que “este Protocolo, código de buenas prácticas, aporta más claridad a la aplicación de la reforma”.

El acto ha sido presidido por Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad. Junta a Ribó han participado también María José Segarra, fiscal de Sala de la Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; José Ángel Martínez, presidente del Consejo General del Notariado; Enrique Galván, director de Plena inclusión España; Ignacio Recondo, presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Torcuato Recover Balboa, abogado y asesor jurídico de la Asociación Liber.

El protocolo es obra de Torcuato Recover, Antonio Ferrer, José Antonio Daza, Rafael Armesto y Antonio Legerén. El prólogo ha sido escrito por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

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