Exponen la precarización de las condiciones laborales de las personas presas

Los derechos laborales de las personas presas han sido el tema con el que ha arrancado la jornada de hoy. Beatriz Rodríguez, profesora de la Universidad Pública de Navarra, ha explicado cómo está el panorama del trabajo de las personas presas y la precarización de sus condiciones de empleo.

Solo el que se realiza para el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es el que está regulado en el RD 782/2001 y se considera trabajo productivo. Esto genera problemas, como que el mismo trabajo pueda considerarse productivo o no -con los derechos que conlleva- en función de si se presta para este organismo o para la institución penitenciaria.

Otro problema es no hay suficientes puestos de trabajo. Y puesto que hay más demanda que oferta, también hay quejas sobre la falta de transparencia en la adjudicación de los puestos de trabajo, pese a que el orden de prelación está tasado en el RD.

En cuanto a las condiciones de trabajo, hay una “cierta precarización, empezando porque solo hay un tipo de contrato -de obra y servicio- y dos categorías profesionales y la remuneración es mínima”. En cuanto a la libertad sindical, es un derecho fundamental, pero es muy difícil de articular en la práctica.

Por su parte Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Castilla-La Mancha se ha centrado en las cuestiones relativas a la extinción de la relación laboral especial. Esta extinción “formalmente nunca es un despido, ni se puede asimilar nunca a un despido”, ha señalado, con lo que no se podría asociar indemnización ni salarios de tramitación. Pero, ha añadido, algunos tribunales superiores de justicia han concedido indemnizaciones por daños y perjuicios.

También en la jornada de hoy se ha hablado del funcionamiento de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria. María Luisa Díaz Quintero, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía, ha explicado el panorama actual, ha solicitado la creación de estos servicios en todos los lugares en los que hay centros penitenciarios y que se incluyan en la Justicia Gratuita. Cándida Fernández, también vocal de esta Subcomisión, ha explicado además cómo funciona el SOAJ del Colegio de Alcalá de Henares, creado en enero de 2021 al amparo del convenio entre el Consejo General de la Abogacía e Instituciones Penitenciarias.