Filipinas: aumentan los ataques contra los abogados

COMUNICADO

Nosotras, las organizaciones firmantes, abogados, y miembros de la profesión jurídica, expresamos nuestra profunda preocupación acerca de los crecientes ataques contra los abogados en Filipinas y el entorno laboral opresivo al que se enfrentan desde el comienzo del mandato del presidente Duterte. Exigimos desde aquí al Gobierno de Duterte que garantice y proteja de forma adecuada la seguridad e independencia de los abogados, y acabe con la cultura de impunidad en la que estos ataques están teniendo lugar.

Asesinatos extrajudiciales y acoso a los abogados

Desde que el presidente Duterte tomó posesión de su cargo el 30 de junio de 2016, el número y la intensidad de los ataques contra los abogados han aumentado de forma significativa. Al menos 41 abogados y fiscales han sido asesinados entre julio de 2016 y el 5 de septiembre de 2019, incluyendo a 24 abogados ejercientes. Los abogados son también acosados e intimidados. Son blanco de amenazas de muerte, vigilancia, estigmatización y otras formas de violencia. Además, como mínimo 5 jueces, en activo o retirados, han sido asesinados desde julio de 2016, elevando la cifra total de juristas asesinados en Filipinas a, al menos, 46 en ese mismo tiempo. 8 juristas han sobrevivido a atentados contra su vida.

Los abogados, en riesgo

La mayoría de los asesinatos y atentados contra los abogados ocurrieron como consecuencia del ejercicio de sus funciones profesionales o se cree que están relacionadas con su trabajo. Los abogados que defienden personas acusadas de terrorismo o narcotráfico están especialmente en riesgo, así como los compañeros que defienden a críticos del gobierno como periodistas, opositores políticos y activistas de derechos humanos. Los abogados encargados de casos de alto nivel con impacto en intereses establecidos como la reforma agraria, o abogados que participan en el debate público sobre cuestiones de derechos humanos, también se enfrentan a represalias.

Fuertes implicaciones de las amenazas y la estigmatización

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha señalado recientemente que altos cargos del Gobierno de Filipinas han amenazado a abogados y a otras personas que han protestado contra las políticas del Gobierno, y añadió que esto “crea un riesgo muy real de violencia contra ellos, y socava el Estado de Derecho, así como el derecho a la libertad de expresión”.

Antes de ser atacados, algunos abogados fueron etiquetados como “comunistas” o “terroristas” por personal del Estado. Misiones de investigación nacionales e internacionales han identificado la práctica de estigmatizar o etiquetar (por ejemplo, clasificando a personas como “enemigos del estado” o similares), combinada con la cultura de impunidad, como una de las principales causas fundamentales de los asesinatos extrajudiciales en Filipinas en el pasado; y a día de hoy sigue sin ser atajada.

Grave deterioro de los derechos humanos

Los ataques contra los abogados, fiscales y miembros de la judicatura, y el asesinato de otros activistas de los derechos humanos en Filipinas durante los últimos tres años han tenido lugar en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, lo que ha provocado que estos ataques estén siendo ejecutados a lo largo y ancho del país en un clima de aparente impunidad institucional.

Preocupadas por esta situación de grave deterioro de los derechos humanos, once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, en una nota de prensa de 7 de junio de 2019, apremiaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a emprender una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Filipinas. “En vez de que (por el Gobierno) se lance un mensaje contundente señalando que estos atentados y acoso son inaceptables, está imponiéndose una retórica contra las voces independientes en el país, continuando la intimidación y los ataques contra las voces críticas del Gobierno, como la prensa independiente, los defensores de los derechos humanos, los abogados y los periodistas”, señalaron los expertos.

Cultura de impunidad

Los expertos de derechos humanos de Naciones Unidas también señalaron que “el Gobierno no ha mostrado ninguna señal de que vaya a promover investigaciones plenas y diligentes de estos casos, y de que vaya a llevar a los autores ante las autoridades, para así poder hacer justicia a las víctimas y evitar la recurrencia de estas violaciones”.

Consecuencias

Los atentados y asesinatos de abogados y la impunidad en la que se refugian los autores de los mismos socavan la capacidad de los abogados de proveer defensa técnica de forma efectiva, hace que los abogados cada vez sean más reticentes a encargarse de asuntos sensibles, y consecuentemente mina, de forma severa, el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y la adecuada protección de derechos, incluyendo el derecho al recurso y el derecho a un juicio justo.

Obligaciones internacionales

De acuerdo con los Principios Básicos sobre la función de los Abogados (Principios Básicos), los Estados deben asegurar que todas las personas dentro de su jurisdicción puedan acceder de forma efectiva y en pie de igualdad a abogados de su propia elección, así como los abogados tienen el derecho a elegir y ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas. Los Principios Básicos requieren que los abogados sean adecuadamente protegidos cuando su seguridad se vea amenazada por llevar a cabo sus legítimas funciones profesionales, y que no se les identifique con su cliente o con el caso de su cliente. Los Principios Básicos afirman que los abogados, como todos los demás ciudadanos, son titulares de los derechos a la libertad de expresión y de reunión. El deber de respetar y garantizar estas libertades forma parte integral de las obligaciones legales internacionales de Filipinas bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Recomendaciones

Visto lo anterior, las organizaciones e individuos abajo firmantes urgen al Gobierno de Filipinas a que:

1. Investigue de forma diligente, efectiva, independiente y a fondo, todos los asesinatos extrajudiciales y atentados contra los abogados y otros juristas, con el objetivo de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia en procedimientos que respeten los estándares internacionales de un juicio justo;
2. Tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los abogados, incluyendo la provisión de medidas de seguridad adecuadas en coordinación con las personas afectadas;
3. Condene con contundencia toda forma de ataques y amenazas contra los abogados, de forma pública, a todos los niveles políticos y en fuertes términos; y,
4. Cumpla plenamente con los valores nucleares de la profesión jurídica, que y que conciencie de ellos; entre otras formas captando la atención de los principales actores, especialmente miembros del Ejecutivo, la Policía y el Ejército hacia los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la función de los Abogados.

(VER LISTA DE FIRMANTES EN DOCUMENTO ADJUNTO)