Fiscalía rectifica para reconocer a un menor extranjero no acompañado

La Fiscalía de Madrid ha modificado el decreto de determinación de la edad que dictó sobre Rafik, un chico marroquí que está solo en España, para reconocer que realmente es un menor de edad, tal y como figura en la partida de nacimiento oficial expedida por Marruecos. Este organismo sometió al joven a una batería de pruebas médicas y dictaminó que que tenía 19 años, tras lo cual se le abrió un procedimiento de expulsión para deportarle.

Según ha informado la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, a Europa Press, Rafik ha sido oficialmente reconocido como menor de edad por la Fiscalía de Menores de Madrid, por lo que ha entrado bajo tutela de la Comunidad autónoma acogido en el centro para niños y adolescentes de Hortaleza.

El joven lleva tres meses en España desde que consiguió entrar en Melilla. Ante su apariencia física, que evidenciaba minoría de edad, las autoridades de la ciudad autónoma lo ingresaron en el Centro de La Purísima. Quería llegar a Madrid, así que cruzó a la Península como polizón y se puso en viaje.

En Granada fue interceptado por las autoridades que, al igual que en Melilla, le reconocieron como menor de edad y le llevaron a un centro especializado. Además, le inscribieron en el Registro estatal de Menores Extranjeros no Acompañados, una base de datos nacional donde deben figurar con su huella dactilar y sus datos todos los niños migrantes encontrados. En Jaén, donde fue descubierto después, también le dieron por menor y le llevaron a un centro. Tenía 17 años.

La situación cambió cuando fue detectado en la capital. Al poco de entrar en el Centro de Menores de Hortaleza, lugar al que le conducieron de nuevo, por su apariencia física, fue sometido a una serie de pruebas médicas de determinación de la edad (radiografía de la muñeca, exploración testicular y análisis de la dentadura) en el Hospital Gregorio Marañón.

EXPULSADO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Los análisis concluyeron que Rafik tenía 19 años, así que fue expulsado de sistema de protección de menores. La Brigada de Extranjería fue a buscarle al propio centro y le trasladó a los calabozos de la comisaría de Aluche. Salió al día siguiente con un proceso de expulsión abierto, un nuevo número de identificación personal y una nueva edad: las autoridades policiales determinaron que tenía 18 años y podían deportarle.

Aunque Fundación Raíces presentó una solicitud de medidas cautelares en primera instancia para intentar que la Fiscalía, atendiendo a la jurisprudencia del Supremo al respecto, reconociese como válida la partida de nacimiento del chico expedida por las autoridades de su país, el juzgado no ha llegado a pronunciarse antes de que lo haga el propio Ministerio Fiscal.

El cambio en la situación de este chico procede de la propia Fiscalía de Menores, que ha enmendado su decreto en reclamación de la Fundación Raíces y tras la difusión del caso en los medios de comunicación, conforme ha explicado Reyzábal, que se ha personado con el adolescente este miércoles para solicitar la revocación.

DURMIENDO EN LA CALLE

Desde que Rafik salió de comisaría ha estado en la calle. Durmió unos días en una silla del SAMUR Social y después, en un albergue para adultos por intervención de una educadora que, voluntariamente, se hizo cargo del chico. Al ser decretado adulto es considerado un inmigrante en situación irregular, así que no tiene ni tutela pública, ni acceso a la escolarización o a la atención primaria.

Las pruebas de determinación de la edad a las que fue sometido se sustentan en el Protocolo Marco de Actuación sobre Menores Extranjeros no Acompañados elaborado por el Gobierno y publicado en octubre del año pasado. Establece que las certificaciones expedidas por los países de origen de estos niños, como el pasaporte o la partida de nacimiento, “no constituyen prueba plena” de su edad, así que se pueden hacer análisis médicos complementarios.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite una demanda presentada por Fundación Raíces contra este acuerdo administrativo porque entienden que con su aplicación se producen casos de desprotección como el de Rafik, un menor de edad tomado por adulto, como dice Reyzábal, “sólo porque está solo en España”.

En su recurso, denuncian además que el protocolo es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo, pues en una sentencia de julio de 2014 determinó que “un inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad”. Tampoco cuando pese a no tener documentos, sea por su apariencia física obviamente menor de edad.