Fundación Abogacía denuncia la pasividad institucional hacia los españoles presos en el extranjero

Francisco Segovia, coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía Española, ha intervenido en los XVII Encuentros Jurídico Penitenciarios, celebrados en Pamplona del 12 al 14 de noviembre, con una ponencia en la que ha explicado el trabajo de la Fundación con los presos españoles en cárceles extranjeras. Segovia ha lamentado los escasos resultados logrados hasta la fecha lo que, según indica, tiene mucho que ver con la pasividad de las instituciones implicadas, tanto españolas como de otros países.

Francisco Segovia ha recordado que el Consejo General de la Abogacía Española creó la Fundación en el año 2003 y que sus fines son la defensa y promoción de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo, para lo que lleva a cabo proyectos tanto en España como en otros países. Dentro de ese gran campo que son los derechos humanos su ámbito de actividad es, principalmente, el facilitar el acceso a la justicia de los colectivos más vulnerables, “por eso estamos hablando de presos españoles en el extranjero, de víctimas de trata o de malos tratos y tortura”.

“En el ámbito de la cooperación estamos trabajando en el fortalecimiento de defensorías públicas en América Latina para que se protejan correctamente los derechos de las personas privadas de libertad y, de forma muy concreta, este año hemos trabajado en la defensa de los derechos de españoles privados de libertad en Ecuador, para lo que hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de Pamplona”, indicó Segovia. El programa se ha beneficiado en 2014 y 2015 de las ayudas económicas que concede el MICAP a proyectos solidarios.

Esta intervención se produce a partir de una modificación legal en Ecuador que, en principio, mejoraba las perspectivas de los presos en cuanto al tiempo que tenían que estar privados de libertad. “Nos dimos cuenta de que había muchas posibilidades de que surgiesen dificultades importantes para que los presos se beneficiaran de esa reforma legal, decidimos intervenir y llevamos un año trabajando en este asunto que verdaderamente es muy, muy complejo”, señaló el representante de Fundación Abogacía.

La reforma legal introducía un principio de proporcionalidad en las penas por tráfico de estupefacientes. “Antes, independientemente de la cantidad de droga, la condena era de entre 8 y 12 años, y el 99% de los españoles que están presos en Ecuador lo están por tráfico de drogas. Ante los problemas que planteaba la aplicación de la reforma decidimos trasladarnos a Ecuador y reunirnos con todas las instituciones que tenían algo que ver con este tema, Poder Judicial, Defensoría Pública, Consulado de España… Empezamos a investigar cuántos presos hay, en qué situación están, cuándo se les va a aplicar la reforma. Vimos que todo iba a ser muy lento, y estamos hablando de una lentitud que va a tener un impacto tremendo sobre derechos, son demoras de muchos meses, años incluso, que afectan a personas que están privadas de libertad”.

La Fundación visitó a los presos allá, en Ecuador, y contactó también con los presos españoles condenados en Ecuador pero que están cumpliendo sus penas en España. Son cerca de cien y su situación es, asimismo, muy complicada.

Francisco Segovia ha explicado que la Fundación Abogacía inició una campaña de información entre los presos sobre la reforma y cómo podía afectarles. “En realidad esta campaña debía hacerla la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias porque es la que tiene la responsabilidad legal, pero como no lo hizo lo asumimos nosotros. A partir de ahí lo que hicimos fue asesorarles para solicitar que revisaran sus condenas en Ecuador y cómo mejorar su tratamiento penitenciario aquí en España, su clasificación de grado sobre todo”.

Resultados decepcionantes

El ponente lamentó los pocos avances logrados: “La verdad es que hemos conseguido algunos resultados, pero son muy escasos para el esfuerzo que estamos haciendo, y la razón hay que buscarla en la pasividad de la mayoría de las instituciones que están implicadas, tanto en Ecuador como en España. Hemos logrado que 15 o 20 presos de los que habían sido trasladados aquí mejoraran su situación penitenciaria, pasando de segundo a tercer grado o de tercer grado a la libertad condicional, y nueve o diez revisiones de condena allá en Ecuador, que significan la inmediata excarcelación. Pero hay que decir que estamos hablando de 180 o 190 presos en total, entre los que están allá y los de aquí, y de esos, 80 o 90 podían solicitar la revisión de condena con resultado de excarcelación. Hemos iniciado muchos más procedimientos, pero todo es tan lento que los resultados son decepcionantes”.

Además, ha examinado los puntos de coincidencia entre el trabajo de la Fundación y el ámbito penitenciario, “que son muchos porque en el ámbito penitenciario existe un riesgo más elevado que el promedio de vulneración de derechos fundamentales. Hay que reflexionar sobre cómo prevenir este riesgo, y cuando se produce una vulneración también hay que pensar lo que hay que hacer”.

En España el trabajo de la Fundación se ha centrado en el papel de la abogacía en la prevención de los malos tratos y la tortura, “y también se han abordado de manera muy específica los riesgos de las personas con discapacidad intelectual que están en el ámbito penitenciario, que pasan por procedimientos judiciales que pueden concluir con privación de la libertad por temas penales”.

La versión del Ministerio de Justicia

Tras Francisco Segovia intervino alguien que bien podría ser uno de los destinatarios de sus críticas, Santiago Hernández Castrillo, jefe del Área de traslados de personas condenadas, dependiente de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. Está al frente del departamento administrativo que se ocupa de tramitar las solicitudes de cumplimiento de penas en el país de origen o de residencia de internos que han sido condenados en otros países.

Santiago Hernández explicó los convenios o tratados internacionales que posibilitan el cumplimiento de la condena en el país de origen o de residencia de la persona condenada por un delito cometido en el extranjero. España, además de los convenios multilaterales que contemplan esta opción, ha suscrito convenios bilaterales con 32 países que también posibilitan el traslado de internos para el cumplimiento de penas. “Es un recurso que está ahí, hay un convenio del Consejo de Europa que lo autoriza desde el año 1983, pero la verdad es que parece que no se conoce demasiado y tampoco se utiliza demasiado”, ha reconocido el ponente.

Por ello, Santiago Hernández ofreció a los participantes en los encuentros, y puso a disposición de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria, información que les permita conocer los procedimientos y trámites para saber si un interno extranjero está en condiciones de ser trasladado a su país para terminar de cumplir la condena que se le impuso en España, con el fin de que los abogados puedan después asesorar a estos reclusos.

Sobre la situación de los presos españoles en Ecuador aseguró que el Ministerio de Justicia “sigue muy de cerca el asunto, yo he tenido contacto directo con ONG’s, fundaciones y asociaciones de ayuda a los presos españoles en el exterior, conozco a través del consulado de Ecuador de la labor que está haciendo la Fundación de la Abogacía Española, y con frecuencia intercambiamos información y datos sobre presos o expedientes”.

Según Santiago Hernández, cuando Ecuador aprobó la reforma del Código Penal que abría la puerta a la revisión de las condenas “nos mantuvimos muy atentos y en permanente comunicación con el consulado, que estaba también muy pendiente para presentar todas las solicitudes de traslado. No hemos recibido información concreta de la documentación que debe pasar por el Ministerio, pero ya se nos ha dicho que la Fundación de la Abogacía está realizando esta labor de intermediación, conseguir la solicitud del interno, presentarla de acuerdo con un modelo homogeneizado por la Administración ecuatoriana a la Defensoría Pública…” Añadió que “conocemos cómo está actuando la Fundación  Abogacía, es un procedimiento que no está pasando directamente por el Ministerio de Justicia, pero en cuanto recibimos una decisión del Gobierno ecuatoriano de excarcelación por aplicación del nuevo código penal, inmediatamente la mandamos por fax a la Audiencia Nacional y queda anotado en nuestros registros que esa persona ha sido excarcelada”.

En cuanto al caso de Perú, el ponente ha dicho que la situación se encuentra “enquistada, pero por el propio procedimiento interno peruano, no toma decisiones sobre las 300 autorizaciones de traslado que ha aprobado y ha enviado el Gobierno español. Tienen un sistema muy complejo, intervienen varias instancias judiciales, son necesarias las firmas de diversos ministros e incluso un decreto del ejecutivo, y además creo que existe un planteamiento político de no considerar prioritario este asunto”.

CLAUSURA XVII ENCUENTROS JURIDICO PENITENCIARIOS