Fundación Abogacía Española y doce organizaciones reclaman una Ley de Vivienda en España

La Fundación Abogacía Española, junto a doce organizaciones, ha solicitado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la adopción urgente de una Ley de Vivienda en España.

Estas organizaciones, que conforman el Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los dictámenes del Comité DESC* en el Estado Español, emplazan al Gobierno a que esta ley:

1. Defina la vivienda como un derecho humano subjetivo, detalle el contenido y alcance de este derecho y las obligaciones de las administraciones, y establezca recursos judiciales ante la vulneración del mismo, incrementando así las garantías de protección de este derecho.
2. Establezca la obligación de disponer de un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda, especialmente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad e incluya la obligación de progresividad en el número de viviendas que integran al mismo.
3. Incluya la obligación de asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada que respete los estándares internacionales del derecho a la vivienda y por lo tanto incluya la prohibición de desalojos cuando estos puedan tener como consecuencia situaciones de calle y sinhogarismo.
4. Incluya la obligación de recopilar estadísticas sobre las personas que han perdido su hogar de manera desagregada por edad, sexo, entre otros aspectos.
5. Comprenda la obligación de que los jueces/as puedan considerar la situación de una persona en riesgo de pérdida de su hogar antes de dictar la orden de desahucio. En este sentido, es necesaria una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6. Introduzca un mecanismo de control de precios en las viviendas de alquiler que garanticen la asequibilidad de la vivienda.
7. Contemple las reformas legales necesarias para que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas que exigen reparación efectiva a las víctimas cuya situación ha sido objeto de un dictamen condenatorio por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales y se adopte un protocolo para el cumplimiento de las solicitudes de medidas provisionales emitidas por el Comité, informando a todas las autoridades pertinentes de la necesidad de respetarlas.

Estas organizaciones recuerdan que, entre 2015 y 2021, España ha sido objeto de seis dictámenes en los que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha concluido que España estaba vulnerando el derecho a la vivienda.

Las organizaciones reconocen que se han adoptado algunas medidas positivas durante esta legislatura, pero han sido insuficientes para abordar la crisis de vivienda que sufre el país en los últimos años, como lo demuestran el alto número de desalojos y el escaso parque de vivienda social. Además, lamentan la ausencia de estadísticas sobre personas que han perdido sus viviendas.

* El Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el Estado español lo forman: Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Cáritas Española, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), FEANTSA, Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Provivienda, Sindicato de Inquilinos, y Red-DESC internacional (ESCR-Net)