Gallardón apuesta por dotar a los fiscales de “medios legislativos” para dirigir la investigación de los delitos

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destacado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal estará acompañada de “una actualización” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de dotar a los fiscales de “todos los medios legislativos” para asumir la dirección de la investigación penal.

Gallardón se ha expresado así durante su visita a la sede de la Fiscalía General del Estado donde ha sido recibido por el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, y por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo.

El ministro ha estado acompañado por el secretario de Estado, Fernando Román, y por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, en su primera visita a la Fiscalía General donde ha firmado en el Libro de Honor y ha presidido con Torres-Dulce una reunión con los fiscales de Sala celebrada en la Sala de Juntas.

Durante el encuentro, que se ha prolongado durante una hora y media de duración, Gallardón y Torres-Dulce han analizado el estado actual y las necesidades del Ministerio Público, que se verán reflejadas próximamente en el Libro Blanco, un documento que se encuentra en fase de elaboración.

El titular de Justicia ha recordado su condición de fiscal de carrera y ha reafirmado su prioridad por incrementar la autonomía del Ministerio Público como evidencia su decisión de traspasar la formación inicial a los nuevos fiscales a la Fiscalía General y la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una partida individualizada y autónoma por vez primera para este órgano.

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el ministro ha indicado que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vendrá acompañada de una actualización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de dotar a los Fiscales de todos los medios legislativos para asumir la dirección de la investigación penal.

Durante el encuentro, Gallardón y Torres-Dulce han analizado el Estatuto de la Víctima y otras medidas legislativas que afectan a las competencias del Ministerio Público