Gallardón, un mandato cargado de nefastas reformas

Alberto Ruiz-Gallardón llegó al Ministerio de Justicia con el compromiso de poner en marcha numerosas reformas legislativas que cambiarían la Administración de Justicia de arriba abajo. Así, se comprometió a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que, entre otros asuntos, planeaba atribuir al fiscal la instrucción penal. Otra de sus propuestas estrellas era reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la idea de implantar tribunales de instancia y modificar el reparto territorial de los partidos judiciales.

Asimismo, desde el principio puso de manifiesto su intención de llevar adelante reformas de otras leyes importantes como la que regula el Código Penal o la que ahora le hecho dimitir, la reforma de la Ley del Aborto que impulsó el Gobierno socialista en 2010. También se ha eliminado durante su mandato más de 1.300 jueces y fiscales sustitutos.

Pero en estos casi tres años en los que ha sido responsable del Ministerio de Justicia, Gallardón no ha podido cumplir con todos los proyectos a los que aspiraba. Eso sí, son suyas algunas de las reformas más controvertidas del Ejecutivo. Sus reformas y proyectos de ley han tocado 79 textos y le han enfrentado a todos los colectivos jurídicos.

“Nunca un ministro de Justicia fue capaz de aglutinar en contra de su gestión a todas las asociaciones judiciales y a los propios ciudadanos, a los que, en su condición de usuarios de la Administración de Justicia, gravó con desproporcionadas tasas judiciales”, sostiene la asociación Foro Judicial Independiente.

LEY DE TASAS

En este tiempo, se ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, la cual fue reformada apenas unos meses después por vía de decreto ley para reducir la cuantía de los gravámenes. El ministro justificó la implantación de las tasas para “garantizar más la justicia gratuita”, aunque ni un solo euro de lo recaudado en 2013 ha ido a la Justicia Gratuita ni a la Justicia en general. Los grupos de la oposición y la Abogacía Española, así como la práctica totalidad de los colectivos judiciales, criticaron esta reforma, que se aprobó en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.

El Partido Socialista presentó el 23 de septiembre en el Congreso una Proposición de Ley para derogar las tasas judiciales. La proposición no fue aprobada tras la votación, con 168 votos en contra frente a los 157 a favor de la derogación de las tasas. La ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional

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LEY DE JUSTICIA GRATUITA

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido una de las actuaciones más polémicas de Ruiz-Gallardón. La nueva ley lleva meses en trámitación parlamentaria y está pendiente de ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

La reforma reduce para los colectivos más afectados por la crisis los umbrales de renta para acceder a la Justicia Gratuita y elimina la obligatoriedad de territorialidad en la colegiación de los abogados adscritos al turno de oficio. Será sospechoso de abuso el que solicite este derecho más de tres veces en un año. La Abogacía se ha opuesto a esta reforma, ya que la considera un empeoramiento de la ley anterior y pone en riesgo el buen funcionamiento actual gracias al servicio de los 42.500 abogados de oficio en España.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El proyecto de reforma del Código Penal se encuentra en proceso de presentación de enmiendas en el Congreso e incluye la prisión permanente revisable. Esta nueva figura, se aplicará en delitos especialmente graves y supondrá que el reo no pueda obtener la libertad condicional hasta que cumpla, de forma íntegra, su privación de libertad durante un periodo de entre 25 y 35 años. La Abogacía se ha mostrado en contra

Otros nuevos delitos que incluye son el matrimonio forzado, la violencia de motivos racistas, la incitación al odio o realizar cualquier acto sexual con menores de 13 años.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

A pesar de todo, Gallardón no ha podido aprobar muchos de sus proyectos ‘estrella’, como la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, que aún no ha sido presentada como proyecto de ley, y tampoco ha eliminado los partidos judiciales.

La ley pretendía crear los Tribunales Provinciales de Instancia y los Tribunales Superiores tendrían más competencias, ya que asumirían las que tenían las Audiencias Provinciales en Materia Civil.

LEY DE ENJUICIAMENTO CRIMINAL

Además, el ministerio no ha llegado a encargar en estos tres años el informe de expertos sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por lo tanto, tampoco verá la luz en esta legislatura. El ya exministro pretendía renovar la ley de 1892.

Con esta ley, Gallardón proponía cambiar la figura de imputado por la de encausado. Por otra parte, el Ministerio Fiscal sería el encargado de instruir casos, en lugar del juez de instrucción. La Policía Judicial quedaría, por tanto, al servicio del Ministerio Fiscal y se restringirían las competencias de los jurados.

REFORMA DEL CGPJ

También se había comprometido, de acuerdo con el programa del Partido Popular, a cambiar la forma de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar un mayor peso a la carrera judicial, aunque finalmente mantuvo el sistema de elección directa de los vocales por parte del Parlamento. Con la reforma, solo los seis vocales que pertenecen a la Comisión Permanente pasan a tener dedicación exclusiva y sueldo, junto con el presidente y vicepresidente del CGPJ.

Se ha simplificado, también, el sistema de mayoría en la toma de decisiones, salvo en casos especiales. La reforma tuvo una mala acogida entre jueces y fiscales, que se manifestaron en ciudades de toda España el 23 de noviembre de 2012 y realizaron un paro en febrero de 2013. La ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Los problemas a raíz de las reformas de Gallardón se han visto, además, agravadas por la primera dimisión del presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Dívar, en junio de 2012.

JUSTICIA UNIVERSAL

Durante su mandato, también se ha reformado la justicia universal, que aunque fue iniciativa del Grupo Popular en la Cámara Baja, resultó ser otra de las reformas más contestadas porque llevó a la Audiencia Nacional a avalar la puesta en libertad de medio centenar de narcotraficantes y aboca al archivo de más de una decena de causas por crímenes de lesa humanidad como las investigaciones de genocidio en el Tíbet o en Ruanda.

PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

La reforma ha causado mucha tensión entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia, ya que Gallardón anunció que se privatizaría la gestión del Registro Civil. Finalmente, al no llegar un acuerdo, las nuevas competencias las asumirán los registradores mercantiles. La decisión desató la indignación del colectivo.

EXAMEN DE ACCESO

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional de abogado, el Consejo General de la Abogacía Española reclamó en febrero de 2014 la convocatoria urgente de la evaluación final para que éstos pudieran obtener la aptitud profesional que acredita las competencias necesarias para el ejercicio de la Abogacía.

La evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. El retraso en publicar la convocatoria supuso una frustración para cientos de graduados en Derecho que superaron el máster de acceso, pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española, que siempre ha trabajado en colaboración con los Ministerio de Justicia y Educación, llevando a cabo todas aquellas labores de apoyo y desarrollo de la realización de la prueba de acceso, dentro del ámbito de la colaboración institucional, estima que la celebración de este examen es una garantía para los ciudadanos de que los abogados que les defiendan están adecuadamente preparados para ello y que, por tanto, el examen es irrenunciable.

La Abogacía siempre ha defendido que el enfoque de la prueba de acceso sea eminentemente práctico y responda a las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados. Las evaluaciones deben ir dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado.