Guardia de 24 horas con víctimas de violencia de género: “Estamos aquí para ayudarla”

Cuando una mujer acude a comisaría, en cualquier punto de España a cualquier hora del día o de la noche, a denunciar que ha sido víctima de violencia de género tiene derecho a contar con un abogado del turno de oficio. Así lo establece la ley de Asistencia Jurídica Gratuita – que en su artículo 2. g. dice que  “con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos … así como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección…”- .

Para garantizar ese derecho existe un turno especializado en víctimas de violencia de género, en el que actualmente están inscritos 20.614 letrados (de los que más de la mitad, 11.093, son mujeres). Repartidos por todo el país, hacen guardias de 24 horas, organizadas por los Colegios de la Abogacía.

El Colegio de Madrid cuenta con 12 profesionales de guardia cada día. A la letrada Clotilde Bueno le toca un caluroso martes de junio, desde las 22 hasta la misma hora del miércoles. Ocupa el segundo lugar en la lista y no tardan mucho en llamarla de la centralita del Colegio:  Una mujer quiere denunciar a su marido por malos tratos en la comisaría de Moratalaz. Al llegar, Bueno se encuentra con una mujer española, llamémosla Paula, que ha huido de su casa con su hija de tres años porque su marido, y padre de la niña, la ha agredido y amenazado y tiene miedo por ella y la niña.

La letrada, que lleva casi 20 años inscrita al turno de oficio, escucha su relato con paciencia:  cómo la agredió su marido hace 10 días, y por qué cuando vino la policía no quiso denunciar ni enseñarles el moratón –“él me coaccionó para que no lo hiciera, me dijo que no volvería a pasar”-.

Bueno le explica que va a pedir una orden de protección, para que él no pueda acercarse ni comunicarse con ella, y también van a solicitar la guarda y custodia de su hija.

Tras ello, aún muy nerviosa, Paula presenta su denuncia ante una agente de policía. Será una de las 464 denuncias que de media se presentan cada día en España (en 2021 se registraron un total de 162.848), según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial, que ha constatado en el primer trimestre de este año un aumento del 19% respecto al año anterior.

La agente redacta con mimo su denuncia, detallando todo lo ocurrido. Y el formulario de riesgo arroja una valoración: medio.

En la comisaría el asesoramiento letrado no es preceptivo a la hora de denunciar; sí se le debe ofrecer a la víctima que puede, o no, aceptarlo. “Debería ser obligatorio antes de hacer la denuncia porque la víctima está muy desorientada sobre los recursos que tiene y las vías judiciales que hay. Es importante que sepa cuáles son sus opciones, qué puede hacer y qué no”, cuenta Bueno, que reconoce que muchas veces el que haya o no asistencia letrada en comisaría “depende de la prisa que tenga la policía, porque a veces le dicen a la víctima que el abogado puede tardar unas horas en llegar…”.

Los trámites se prolongan casi hasta las dos de la mañana, hora en la que Bueno y Paula salen de la comisaría con una cita al día siguiente a las 10 de la mañana en los juzgados de violencia sobre la mujer.

El resto de la noche Bueno ya no recibirá ninguna llamada más y logrará dormir.

Poco antes de las 10 de la mañana la letrada se encuentra con Paula a las puertas del juzgado. Antes de entrar a sala trata de tranquilizarla. La vista es rápida: la víctima responde a las preguntas de jueza, fiscal y letrada de oficio, que le pedirá que detalle los insultos y amenazas que ha sufrido y que cuente si cree que su pareja puede ocasionarla algún mal a ella o a su hija, o si quiere que la niña vea a su padre.

-No, responde Paula firme.

-¿Por qué?, pregunta la letrada.

-Porque una niña tiene que crecer en un ambiente agradable, sin que la zarandeen.

Antes de que termine la vista la letrada pide que se acuerde una orden de protección con orden de alejamiento y prohibición de comunicación. Sin embargo, la jueza no la concede porque considera que no está probado que exista una situación objetiva de riesgo (tres de cada 10 órdenes solicitadas son denegadas, según el CGPJ).

Ya fuera de la sala, Bueno informa a Paula de que su marido ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Y vuelve a explicarle, de cara a la nueva vista que tendrá lugar dos días más tarde en la localidad donde residían, la importancia de que la historia sea coherente y se expliquen bien los hechos.

Mientras se despiden, recibe una llamada para asignarle un nuevo asunto en otro juzgado: una joven de 22 años, que va a prestar declaración sobre unos hechos ocurridos en febrero, cuando su ex pareja, con la que convivía, la golpeó  y le quitó el móvil.

Le pregunta si quiere ratificar la denuncia y le explica las consecuencias de hacerlo. La chica duda. “Si este señor le molesta de nuevo, es mejor para usted que este procedimiento esté abierto. Yo le explico los pros y contras, mi obligación es informarla, pero usted es libre de hacer lo que quiera”, explica Bueno, antes de pedirle que le cuente todo lo que le ha ocurrido.

Entre titubeos y sollozos, la chica acaba relatándole, en el pasillo del juzgado, varios episodios violentos a lo largo de 2021, y le muestra en el móvil fotos de lesiones en brazos y cara, y mensajes con amenazas e insultos.

“Nada justifica que la trate así. Yo si fuera usted denunciaría y ampliaría la denuncia. Aquí estamos para ayudarla y yo le animo a que lo haga”, le dice Bueno, que durante más de media hora tratará de convencerla, sin éxito, de que denuncie también esas agresiones anteriores.

Finalmente, la joven solo relata ante la funcionaria la última agresión, de mucha menor entidad que las ocurridas tiempo atrás, con lo que es muy probable que el caso quede archivado.

“Esto es el pan nuestro de cada día, que al llegar al juzgado no quieran denunciar”, comenta luego la letrada con cierta impotencia. “Yo animo siempre a denunciar porque el silencio no va a ninguna parte. Cuando hay un problema así hay que ser valiente e ir adelante con la denuncia, por una misma, y por los hijos, si los hay”.

“Estoy convencida de que el Estado pone los medios necesarios para que superen esta situación. Pero es la denuncia la que abre esos caminos –argumenta-; si no denuncias no se puede saber que existe un problema ni reclamar responsabilidad al Estado. La denuncia es la que va a dar la voz de alarma, es como si sabes que tienes un cáncer y no vas al médico, nadie te cura”.

Se queda hasta las dos de la tarde en el juzgado, por si entra algún caso…. Esa tarde no la vuelven a llamar. “Ha sido una guardia muy tranquila”, comenta. “Lamentablemente no suelen ser así”.