Habrá un parque de viviendas sociales en alquiler para desahuciados

El Gobierno ha aprobado el jueves 15 de noviembre dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.

Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter “urgente” se adoptan en una primera fase para “paliar” los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de “nuevos umbrales” para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de “revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas”. Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.

SEGUNDA FASE, EN LA TRAMITACION PARLAMENTARIA

Además, anunció que “también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora –ahora en el 20 por ciento en muchos casos–, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias”.

Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos pero, precisó, “muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en negociación con los grupos”.

EL DESAHUCIO SE PARA DOS AÑOS SIN COSTE PARA EL DEUDOR

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es “evitar que nadie se tenga que ir de su casa”, no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga “puntualmente” sus hipotecas.

De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique esta medida.

Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de: familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por: dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.

También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una “alteración significativa de circunstancias económicas”, es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años –es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento–; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

PARQUE DE VIVIENDAS SE CREARA CON LAS QUE TIENEN LOS BANCOS

A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.

Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que “tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB”. “Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad”, apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.

Estas viviendas –añadió– están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.

LAS MEDIDAS NO AFECTAN A LA MORA HIPOTECARIA

El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto “no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria”. En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, “en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio”.

Pero dejó claro que el principio general es que “las deudas y los intereses hay que devolverlos”. Por lo tanto, dijo “no hay ninguna afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria” y añadió que el problema “está acotado” porque se atiende a “un colectivo muy específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja”.

DACIÓN EN PAGO, ULTIMO RECURSO

Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que se trata de una solución de “última instancia” y que es mejor primero aplicar una “reestructuración de la deuda” o una “quita”.

Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los cambios legislativos se trata de “actuar con equilibrio, justicia, sensibilidad social e inteligencia” y advirtió de que si se protege en exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de préstamos.

LEY HIPOTECARIA

De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. “No voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una tramitación de una Ley”, dijo en referencia a que el Real Decreto se tramitará como proyecto de Ley.