20 febrero 2014
ICA Málaga impulsa la mejora de las condiciones de trabajo de los abogados en las prisiones
El decano del Colegio de Abogados de Málaga y presidente de la Subcomisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Javier Lara, ha mantenido una reunión en Instituciones Penitenciarias con el subdirector general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Javier Nistal, para proponer mejoras en el trabajo de los abogados que atienden a los internos en las prisiones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Durante el encuentro, Lara ha propuesto medidas que ayudarán mejorar la actividad de los abogados, en concreto, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Así, se ha solicitado la posibilidad de realizar las entrevistas a los internos por videoconferencia, lo que reduciría el número de desplazamientos a las prisiones sin perjudicar el servicio que ofrecen los letrados.
Además, se ha vuelto a hacer hincapié en la importancia que tiene el uso de aparatos electrónicos como ordenadores, IPAD o móviles durante las visitas a los internos en los locutorios de la prisión. Dada la dificultad de esta posibilidad por temas de seguridad, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha propuesto que los abogados puedan contar con un ordenador interno de la prisión.
Por último, Francisco Javier Lara ha abordado la implantación de interfonos en los locutorios. Esta herramienta beneficiará tanto a los abogados como a los detenidos, pues asegura la intimidad durante el desarrollo de las conversaciones.
Con estas propuestas, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha vuelto a mostrar su preocupación por las condiciones en las que desarrollan su trabajo los abogados en los centros penitenciarios. Además, la institución colegial está colaborando activamente para la puesta en marcha del convenio entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, relativo a la orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual se encuentra ya en trámites.