Informe 2021 sobre el Estado de Derecho en la UE y situación en España

La Comisión Europea ha publicado el segundo informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho, con una Comunicación en la que se analiza la situación en la UE en su conjunto y capítulos específicos sobre cada Estado miembro. El informe de 2021 examina lo acontecido desde el pasado mes de septiembre, profundizando en la evaluación de los problemas detectados en el informe anterior y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. En general, el informe muestra muchos avances positivos en los Estados miembros, incluidos los ámbitos en los que se están abordando los retos señalados en el informe de 2020. Sin embargo, siguen existiendo preocupaciones, que en algunos Estados miembros han aumentado, por ejemplo en lo que se refiere a la independencia del poder judicial y a la situación en los medios de comunicación. El informe también subraya la fortaleza de los sistemas nacionales durante la pandemia de COVID-19. Esta pandemia también puso de manifiesto la importancia de la capacidad de mantener un sistema de controles y equilibrios que respete el Estado de Derecho.

El informe de 2021 se basa en la metodología y el alcance del informe anterior, centrándose en los cuatro elementos clave: sistema judicial; marco de lucha contra la corrupción; libertad y pluralismo de los medios de comunicación; otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios.

1. Sistemas judiciales

Casi todos los Estados miembros están llevando a cabo reformas relacionadas con sus sistemas judiciales, aunque con variaciones en cuanto a objetivos, alcance, forma y progreso. En varios se han adoptado o se están tomando medidas para reforzar la independencia judicial mediante reformas relacionadas con los consejos judiciales, el nombramiento de jueces y la independencia y autonomía de la fiscalía, por ejemplo. Sin embargo, algunos han seguido llevando a cabo reformas que reducen sus garantías de independencia judicial, suscitan preocupación o agravan las existentes relacionadas con una mayor influencia del poder ejecutivo y legislativo en el funcionamiento de su sistema judicial. Además, en otros, los ataques políticos y los reiterados intentos de socavar a jueces o instituciones judiciales cuestionan aún más la independencia judicial. Desde la adopción del informe de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE ha reafirmado la importancia de la tutela judicial efectiva para la defensa del Estado de Derecho. Por último, la pandemia de COVID-19 ha dado un nuevo sentido a la urgencia de modernizar los sistemas judiciales y puesto de relieve el potencial de la digitalización.

1. Normativas en materia de lucha contra la corrupción

Los Estados miembros de la UE siguen figurando entre los países con mejores resultados a escala mundial, y 10 de ellos se encuentran entre los 20 países más importantes del mundo considerados menos corruptos. Varios Estados miembros están adoptando o revisando actualmente estrategias o planes de acción nacionales contra la corrupción. Muchos de ellos adoptaron medidas para reforzar los marcos de prevención e integridad de la corrupción, incluidas normas sobre conflictos de intereses, transparencia de los grupos de presión y «puertas giratorias». Sin embargo, siguen existiendo dificultades, en particular en relación con investigaciones penales, enjuiciamientos y la aplicación de sanciones por corrupción en algunos Estados miembros. En varios Estados miembros siguieron apareciendo casos de corrupción importantes o muy complejos. Los recursos asignados a la lucha contra la corrupción no siempre son adecuados en algunos Estados miembros, mientras que en otros persisten preocupaciones sobre la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento y la resolución de grandes casos de corrupción. En general, la pandemia ha lentificado las reformas y las decisiones en casos de corrupción en algunos Estados miembros.

1. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Durante la pandemia, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en Europa sufrieron una fuerte presión. Con el mayor número de alertas de seguridad de los periodistas y los trágicos acontecimientos recientes, es necesario abordar esta cuestión en toda la UE. El Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2021 (una fuente clave de información para el informe sobre el Estado de Derecho) apunta a un deterioro general de la situación de los periodistas en varios Estados miembros. No todos los reguladores de los medios de comunicación están libres de influencia política y existe un alto riesgo de interferencia política en los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Además, los medios han sido cruciales para mantener informados a los ciudadanos durante la pandemia de COVID-19, a pesar de que una serie de restricciones dificultaron el trabajo de los periodistas. La pandemia también ha desencadenado graves retos económicos para el sector, lo que ha llevado a algunos Estados miembros a adoptar sistemas de apoyo a los medios de comunicación. Este apoyo debe aplicarse de manera transparente y equitativa.

1. Controles y equilibrios institucionales

Desde el año pasado, algunos Estados miembros han seguido emprendiendo reformas constitucionales para reforzar los controles y las salvaguardias. Algunos han adoptado recientemente medidas para aumentar la transparencia de la elaboración de la legislación y mejorar la participación de los ciudadanos. En general, los controles y equilibrios nacionales, incluidos los Parlamentos, los tribunales, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes, han desempeñado un papel crucial durante la pandemia de COVID-19, que ha sido una prueba de resistencia para el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen retos para el proceso legislativo, como cambios repentinos, procedimientos acelerados o el sistema de control constitucional. La sociedad civil sigue beneficiándose de un entorno favorable en la mayoría de los Estados miembros, pero en algunos sigue enfrentándose a graves retos, como amenazas deliberadas de las autoridades, protección inadecuada frente a ataques físicos o verbales o un nivel inadecuado de protección de los derechos fundamentales que garantizan su trabajo. Estos retos se han visto exacerbados por el contexto de la pandemia de COVID-19. Una serie de acontecimientos recientes han suscitado preocupación en relación con el respeto de la primacía del Derecho de la UE, esencial para el funcionamiento del ordenamiento jurídico de la UE y la igualdad de los Estados miembros en la UE.

La adopción del Informe sobre el Estado de Derecho de 2021 marca el inicio de un nuevo ciclo de diálogo y seguimiento. La Comisión invita al Consejo y al Parlamento Europeo a que prosigan sus debates generales y específicos por país sobre la base de este informe, y pide a los Parlamentos nacionales y a otros actores clave que sigan intensificando los debates nacionales. La Comisión invita a los Estados miembros a afrontar eficazmente los retos señalados en el informe y está dispuesta a ayudarles en estos esfuerzos.

Situación en España

El informe de la Comisión Europea menciona de manera explícita a la Abogacía, con la aprobación del nuevo Estatuto: ” Se ha aprobado un nuevo estatuto de la Abogacía que destaca su independencia. El nuevo estatuto se aprobó el 2 de marzo de 2021. El Consejo General de la Abogacía Española ha participado en el proceso legislativo. El estatuto destaca la independencia de los abogados y establece nuevas disposiciones relativas al secreto profesional. El estatuto establece que los colegios de abogados serán democráticos, autónomos y transparentes. Según el nuevo estatuto, los despachos están obligados a publicitar sus servicios en línea. También establece disposiciones en relación con el derecho a la formación y la promoción de la igualdad de género en la profesión jurídica. Las disposiciones del nuevo estatuto parecen ser coherentes con las recomendaciones del Consejo de Europa.”

Y sobre la Asistencia Jurídica Gratuita:

“El Parlamento ha aprobado una nueva ley que refuerza el sistema de asistencia jurídica. España se encuentra entre los Estados miembros que tienen un mayor número de casos de asistencia jurídica por cada 100.000 habitantes, aunque tiene uno de los presupuestos más bajos asignados por caso. El 9 de marzo de 2021 se aprobó un real decreto sobre asistencia jurídica gratuita que refuerza el sistema preexistente. El real decreto refuerza las disposiciones en materia de protección de datos, fija la periodicidad del pago en determinadas Comunidades Autónomas que no han asumido las competencias en la gestión de la Justicia, y establece la creación del Consejo Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita, con el objetivo de promover la coordinación de la implantación de la asistencia jurídica entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia. La ley parece ser coherente con las directrices del Consejo de Europa en relación con los mecanismos de garantía de calidad, la organización de los sistemas de asistencia jurídica y la disponibilidad de los proveedores de asistencia jurídica y la recopilación de datos.”

Las conclusiones generales del informe de España indican lo siguiente:

El sistema judicial español sigue enfrentándose a algunos retos, relata la Comisión Europea en su informe individual. En particular, la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial persiste a falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar una serie de órganos constitucionales. Una novedad positiva fue la retirada de una de una propuesta de reforma del sistema de selección de sus miembros que habría aumentado la percepción de que el Consejo es vulnerable a la politización.

En este contexto, se pidió que se estableciera un sistema de elección de los jueces miembros del Consejo por parte de sus homólogos, de acuerdo con las normas europeas. Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas.

También se han planteado inquietudes sobre la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los altos cargos, así como el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales. Se han adoptado varias medidas para mejorar la calidad de la justicia, como la revisión del sistema de asistencia jurídica y del sistema de asistencia jurídica y del Código de Procedimiento Penal, así como tres proyectos de ley sobre de eficiencia procesal, organizativa y digital. La digitalización de la justicia avanza.

Se han hecho esfuerzos para resolver los atrasos, como la creación de nuevos tribunales, pero el bajo número de jueces por habitante es un reto. Las preocupaciones en relación con la autonomía de la fiscalía con respecto al Gobierno.

España sigue mejorando el marco institucional y jurídico para prevenir y combatir la corrupción. Las medidas anticorrupción siguen una línea de acción estratégica, pero no existe una estrategia anticorrupción específica que oriente las medidas preventivas y represivas para combatir la corrupción de manera integral. En cuanto a la represión de la corrupción está tipificada como delito en el Código Penal y hay una serie de instituciones especializadas en marcha. Las autoridades fiscales señalan que la falta de recursos adecuados afecta a la velocidad de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, incluidos los de alto nivel.

En cuanto a la prevención de la corrupción, la CE indica que España sigue mejorando su marco de integridad y se ha comprometido a desarrollar legislación en áreas clave, como la transparencia de los grupos de presión, un código ético para los funcionarios y la protección de los denunciantes. El nuevo código de conducta para todos los miembros del Congreso y el Senado se adoptó en octubre de 2020, y una nueva Oficina Parlamentaria de Conflictos de Intereses supervisa el cumplimiento de los parlamentarios.

Por lo que respecta a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones relativas al acceso a la información. Siguen existiendo retos en relación con la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Durante la transposición de la Directiva revisada sobre los servicios de medios audiovisuales se planteó la preocupación por la independencia funcional y los recursos del regulador audiovisual. El Gobierno ha tomado algunas medidas para apoyar financieramente a los medios de comunicación en el contexto de la pandemia por COVID-19. Los periodistas han seguido enfrentándose a retos en sus actividades profesionales, pero se han adoptado iniciativas para facilitar su trabajo.

En cuanto a los controles y equilibrios, el nuevo Cuarto Plan de Gobierno Abierto establece renovados compromisos renovados en relación con la participación pública, la transparencia, la responsabilidad y la integridad pública. Las CCAA fueron designadas como autoridades competentes para la aplicación de las medidas de emergencia relacionadas con la pandemia de COVID-19. El Defensor del Pueblo, en funciones ad interim desde 2017, ha recibido un incremento exponencial del número de quejas sobre las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia del COVID-19.

Siguen existiendo retos para el espacio de la sociedad civil, y la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana está en curso, a la luz de las preocupaciones planteadas. Varias iniciativas destinadas a desarrollar una cultura del Estado de Derecho, como los programas de educación en materia de justicia para estudiantes.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3761