Informe de la FRA sobre Garantías Procesales Penales y la Orden de Detención Europea

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado su informe “Derechos en la práctica: acceso a un abogado y derechos procesales en los procedimientos penales y la orden de detención europea”. En él se describe la forma en que los Estados miembros aplican en la práctica determinados derechos procesales penales fundamentales.

Algunos de los hallazgos clave incluyen:

– La policía informa a los acusados de sus derechos, pero las prácticas varían. Estas van desde la información escrita hasta la información oral, incluidos los folletos, que pueden ser difíciles de entender. Los Estados miembros deben garantizar que los acusados comprendan correctamente cuáles son sus derechos y facilitar información por escrito y oralmente tan pronto como sean sospechosos. También deben prestar atención a las personas que pueden tener dificultades debido al lenguaje o a una discapacidad, por ejemplo.

– Muy a menudo los acusados reciben información mínima o poco clara sobre los cargos en su contra. Esto les dificulta defenderse. La policía debe informar de manera adecuada, clara y completa a los sospechosos de sus crímenes y de por qué fueron arrestados, tan pronto como sea posible.

– Recibir asistencia legal de manera rápida y directa no siempre ocurre, particularmente en el caso de las personas que han sido encerradas. Los Estados miembros deben garantizar que todos los acusados tengan acceso rápido, directo y confidencial a un abogado antes de interrogar a los acusados encarcelados.

– A veces la policía trata a los sospechosos como testigos o los interroga informalmente. Sin embargo, esto priva a los sospechosos de su derecho a guardar silencio y a no incriminarse. Los Estados miembros deben tratar a todos los sospechosos como sospechosos para respetar sus derechos.

El informe también examina las órdenes de detención europeas. Además de las cuestiones anteriores, los acusados también se enfrentan a problemas de derechos derivados de la participación de dos países.

– Las diferencias lingüísticas a menudo dificultan que los acusados comprendan sus derechos cuando se trata de órdenes de detención y su derecho a consentir en ser transferidos al extranjero para ser interrogados. Los Estados miembros deben prestar servicios de traducción e interpretación para que los acusados puedan comprender plenamente los cargos que se les imputan y lo que implica la orden de detención europea.

– Los acusados a menudo tienen dificultades para obtener representación legal en ambos países. Esto puede deberse a diferencias lingüísticas, así como a la falta de conocimiento por parte de la policía de los sistemas jurídicos de otros países y a su falta de voluntad de interferir en la jurisdicción de otro país. Las autoridades del país que procesan la orden deben ayudar a los acusados a obtener asistencia legal en el país que emitió la orden. Los Estados miembros podrían facilitar listas de asociaciones jurídicas al emitir el exhorto.