Inmigrantes que no pueden ser expulsados de España pasan por los CIE “una y otra vez”

Nada en la Ley de Extranjería impide que un inmigrante en situación irregular que ya ha estado privado de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sin que las autoridades hayan logrado expulsarle a su país de origen pueda volver a ingresar por las mismas razones, así que hay ‘inexpulsables’ que “pasan una y otra vez” por esta situación.

Así lo explican el responsable del área jurídica de ACCEM, Francisco Rojo, y la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, organizaciones ambas que pertenecen al Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por su siglas en inglés), que acaba de publicar un informe sobre el limbo legal que atrapa a las personas inexpulsables en suelo europeo. No pueden ser deportados, no pueden marcharse voluntariamente y no pueden regularizar su situación.

“Toda vez que una persona es detectada en situación irregular y se constata que no puede ser expulsada, no se entiende la necesidad de que sea detenida una y otra vez para que vuelva a ser internada en un CIE para que, de nuevo, no pueda ser expulsado”, denuncia Rojo en declaraciones a Europa Press. “No tiene sentido que haya personas que lleguen a acumular hasta cuatro órdenes de expulsión”, añade.

Estas personas, entretanto, viven en España en situación irregular, es decir, “no tienen acceso a sus derechos básicos”, como la sanidad, ni pueden acceder al mercado laboral. “Están condenados al mercado negro y con la situación actual ya ni eso, y lo que se produce al final es una exclusión social”, explica el representante de ACCEM.

Se trata, conforme apunta Galán, de “miles de personas” que se ven atrapadas en un “limbo jurídico”. No se les puede deportar porque no existe convenio bilateral con el país de origen, porque la embajada del mismo no les reconoce como ciudadanos o porque no cuentan con documentación que acredite procedencia. La mayoría son migrantes económicos con el proyecto frustrado, pero también hay solicitantes de asilo cuya petición fue denegada y apátridas que no son reconocidos como tales.

Rojo afirma que el perfil es “muy variado”, aunque la mayoría, como en la migración y el asilo, son hombres. Desde CEAR la experiencia es diferente, encuentran una proporción mayor de personas procedentes de países del África Subsahariana. Sí coinciden al afirmar que el principal riesgo para estas personas es la indigencia, “con la desestructuración personal y la desesperación que eso conlleva a todos los niveles”, dice Galán.

11.325 EN EL CIE, 5.401 SIN EXPULSAR

En España, donde operan nueve Centros de Internamiento, el plazo máximo que una persona puede estar retenida es de 60 días. Según la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, en 2012 pasaron por estas instalaciones 11.325 personas, de las que 5.401 no fueron finalmente expulsadas, es decir, quedaron en libertad y ‘sin papeles’.

Los datos del Ministerio del Interior sobre el mismo año, apuntan a un total de 10.130 expulsiones, de las que 1.321 fueron por estancia irregular en España, aunque el balance no recoge cuántas órdenes de expulsión habían sido incoadas.

Según la Directiva Europea de Retorno, que amplió a 18 meses el plazo máximo que un inmigrante puede ser retenido en un CIE, los extranjeros sólo pueden estar privados de libertad mientras exista “una perspectiva razonable” de expulsión. Conforme la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE, esto significa mientras “exista realmente la posibilidad de que la expulsión se puede llevar a cabo con éxito teniendo en cuenta los plazos establecidos”.

Los ‘inexpulsables’ sólo pueden regularizar su situación en España por la vía del arraigo, es decir, constatando que llevan más de tres años viviendo en el país y que cuentan con un contrato laboral, algo “realmente difícil” con la actual tasa de paro. Existe otra figura de regularización excepcional, la que se concede por razones humanitarias, pero Rojo y Galán constatan que “no se aplica en estos casos”.

“Consideramos que dado que son inexpulsables, hay que buscar alternativas, ya sea por la vía humanitaria o bajo otras condiciones, pero lo que no puede ser es que España mire hacia otro lado y mantenga situaciones que se pueden agravar enormemente y más según está la situación: cada vez es más difícil empadronarse e imposible acceder a la sanidad. Son miles y están abocados a situaciones extremadamente graves”, declara Galán. Rojo añade: “No puedes dejar a personas sin sus derechos fundamentales”.

39 CASOS EN EL LIMBO

El informe de ECRE, que adelantó Europa Press, recoge 39 ejemplos de personas ‘inexpulsables’ residentes en Francia, Bélgica, Reino Unido y Hungría para poner rostro a esta situación y denunciar que “simplemente, están atrapados, sin nada que puedan hacer para tomar el control de sus vidas”.

Este es el caso de Michel, un burundés que carece de documentos de identidad y vive en Francia desde 2002. Su embajada, que no le reconoce como ciudadano, dice que debe ir a Burundi para obtener un pasaporte, pero no puede desplazarse hasta allí sin tener ese documento de viaje. Las autoridades francesas no pueden expedirle un salvo conducto porque Michel ha estado retenido cuatro veces en tres centros de internamiento de extranjeros. No podrá acceder a un permiso de residencia.

Así están también Marie, congoleña, madre de un niño belga que lleva 13 años en el país y sigue en situación irregular; Mohammed, un iraní “atrapado” en Francia que ha intentado más de una treintena de veces llegar a Reino Unido para pedir asilo; y Bobam, un macedonio de 33 años que lleva 8 viviendo en las calles de Bélgica sin ninguna ayuda social después de que varios países de la UE le denegaran el asilo.