Joan Perarnau y Lluís Matamala, galardonados con el XIV Premi Agustí Juandó i Royo de la Abogacía Catalana, por su defensa del uso del catalán en la justícia

• El Consell de l’Advocacia Catalana ha entregado al Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Joan Perarnau Moya, y al abogado gaianés Luis Matamala Ribó, el XIV Premi Agustí Juandó i Royo, un galardón creado en 2004 con el objetivo de reconocer a aquellas personas o entidades que en su trayectoria profesional se hayan distinguido por la defensa de la lengua catalana en el ámbito jurídico administrativo
• La presidenta del Consell, Mª Eugènia Gay, pide un “esfuerzo colectivo” para que abogacía y ciudadanía puedan hacer efectivo el derecho a relacionarse con las administraciones en su lengua

El Auditorio Felip Pedrell de Tortosa ha sido el escenario del acto, que ha adoptado un formato reducido y ha contado con todas las medidas de seguridad derivadas de la irrupción de la Covid-19. Han intervenido la consellera de Justicia, Ester Capella; la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Mª Eugenia Gay; el presidente de la Comisión de Lengua del Consell y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu; la decana del Colegio de la Abogacía de Tortosa, Marta Martínez, y la alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé. También han asistido al acto los decanos y decanas de los Colegios de Abogados catalanes.

La presidenta de la Abogacía Catalana, Mª Eugenia Gay, ha recordado que en el año 2019 sólo un 8,5% de las sentencias fueron redactadas en catalán, siendo este porcentaje aún más preocupante en las Tierras del Ebro, con sólo un 3,7% de las sentencias emitidas en catalán. Ante esta situación la también decana del ICAB ha instado a los poderes públicos a “incentivar el uso del catalán en el ámbito de la Administración de Justicia a través de unas políticas lingüísticas adecuadas, con un acompañamiento de recursos suficiente”. La presidenta del Consell considera que “sólo a través de un esfuerzo colectivo, la abogacía catalana y la ciudadanía podrán hacer efectivo su derecho de relacionarse con las administraciones en su lengua, especialmente cuando los Jueces y Magistrados, así como los diferentes cuerpos de funcionarios que prestan sus servicios en los órganos judiciales de Catalunya, “tienen la obligación de acreditar un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o de su lugar de trabajo”.

Los Premiados

Joan Perarnau Moya (Berga, 1967), Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, ha recibido esta distinción en reconocimiento a su labor de defensa del catalán en el ámbito judicial. La decisión del jurado ha sido motivada por su trayectoria, tanto en cuanto a la defensa del catalán en el mundo jurídico como por el uso habitual de la lengua catalana en el ejercicio de su labor como magistrado, reconocida por autoridades, instituciones, abogados/as y judicatura. Desde hace 15 años, como magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona, Joan Perarnau ha venido redactando en catalán las sentencias y las resoluciones de las que ha sido ponente, mostrando así un respeto por la lengua catalana que el jurado del premio Agustí Juandó i Royo ha considerado digno de galardonar.

Lluís Matamala Ribó (Gaià, Bages, 1951), es el abogado que presentó la primera demanda en catalán en los juzgados de Manresa, en 1981. Ese mismo año, cuando se acababa de licenciar en Derecho y con la ley de divorcio por estrenar, presentó la primera demanda de divorcio en catalán. Matamala ha sido reconocido con el Premi Agustí Juandó i Royo por ser un referente para abogados y abogadas que optan por trabajar en catalán ante los juzgados y los tribunales. Aparte de haber sido pionero en normalizar el uso del catalán en los juzgados, el jurado ha valorado su actitud, integridad y defensa de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, durante sus 40 años de ejercicio de la abogacía.

Una iniciativa incluida en el Plan de Trabajo suscrito con la Generalitat

La entrega del Premio Juandó i Royo es una de las iniciativas para el uso y promoción del catalán en la justicia incluidas en el Plan de Trabajo suscrito por la Generalitat y el Consell de l’Advocacia Catalana. Desde su instauración, en 2004, varias personas y entidades han sido reconocidas con este premio, que tiene como objetivo sensibilizar al mundo jurídico hacia el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos judiciales. En 2005 fueron premiados el Juez de Paz de Anglés (Girona), Pedro Figueredo, y el de Arbúcies (Girona), Josep Maria Iglesias, mientras que en 2006 el galardón se entregó a los abogados Sebastià Frau y Mercè Teodoro. En 2007 lo recibieron los notarios de Barcelona, ​​Lluís Jou y Eladi Crehuet, junto con el de Girona, Joan Bernà. El magistrado balear Gabriel Fiol fue distinguido con este reconocimiento en 2008, mientras que en 2009 se lo llevó el Colegio de Abogados de los Pirineos Orientales, representado por su decano, Hervé Germà. En 2010 recayó en la abogada de Lleida Antònia Forrellad, mientras que en 2011 fue para el fiscal de Medio Ambiente de Tarragona José Ignacio Monreal; en 2013 para el juez de Manresa José Manuel del Amo; en 2014 para el abogado mallorquín Francesc Riera; en 2016 para el abogado barcelonés Pere Cuxart; en 2017 para el abogado gerundense Joan Geli Rissech; en 2018 para el ex conseller de Justicia Carles Mundó y en 2019 fue por el abogado y activista por los derechos humanos August Gil Matamala.

Agustí Juandó i Royo

El Premio recibe el nombre del abogado Agustí Juandó i Royo, que fue secretario de la Audiencia Provincial de Barcelona en 1936 cuando estalló la Guerra Civil. La Generalitat de Catalunya lo nombró para que se hiciera cargo de la institución tras la revuelta militar. El 19 de junio de 1939 fue sometido a un consejo de guerra. La sentencia dictada recogió, como hecho inculpatorio, la tarea que en cumplimiento de las disposiciones de la Generalitat hizo para normalizar el uso del catalán en aquella institución. Fue condenado a pena de muerte por delito de rebelión militar, que fue ejecutada en el Camp de la Bota el 9 de julio de 1939.