Jornada de reflexión y análisis en torno a la responsabilidad penal de los menores en el Colegio de Jerez

• Organizada por la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Jerez, se ha celebrado esta mañana en el campus universitario de La Asunción

A las 9,30 horas de hoy, en el salón de actos del Campus universitario de Jerez (Universidad de Cádiz), daba comienzo la Jornada sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, organizada por la Comisión de Formación del Ilustre Colegio de Abogados –ICAB- de Jerez.

Esta acción formativa se ha planteado abordar los aspectos más relevantes de la ley, motivo por el que el programa ha sido confeccionado con distintas ponencias, a cargo de magistrados y expertos en la materia que han analizado los asuntos de mayor interés.
El vicedecano de ICAB Jerez, Manuel Ferrer, fue el encargado de inaugurar la jornada junto a la presidenta de la Comisión de Formación, Inmaculada Delgado, quien dio la palabra al primer ponente, el magistrado-titular del Juzgado de Menores de Jerez de la Frontera, Jaime Moya, quien ha ofrecido una visión general de la Jurisdicción de menores, especialidades, así como ha reflexionado sobre las medidas impuestas a menores.

Respecto a su intervención, el magistrado ha destacado que “se trata de dar una visión general de la ley de responsabilidad penal del menor, tanto de la singularidad de la ley en materia de derecho penal juvenil y, fundamentalmente, dar una visión del proceso penal para menores infractores, ya que hay muchas cuestiones técnicas a lo largo de la ley como del reglamento para la ejecución de las distintas medidas”, aclarando que la ejecución de las mismas corresponde a la administración pública, si bien el Juzgado de Menores realiza el control y vigilancia de esta ejecución.

Así mismo, y ya en una segunda parte de su ponencia, el juez Moya ha querido centrarse en el papel que juega cada uno de los profesionales a lo largo del proceso, “especialmente en el del abogado que defiende a los menores –ha apuntado-, cuál es su rol, obligaciones, cómo puede cumplir fielmente los deberes de la defensa y, sobre todo, compaginándolo con el bien del menor. Ése es el difícil equilibrio que tiene que cumplir el abogado”.

Al finalizar su ponencia, el juez Moya hizo hincapié en la importancia de escuchar al menor, así como que éste adquiera cierto compromiso con la medida dictaminada, destacando que en Jerez el 60% de las sentencias sobre menores son de conformidad.

Seguidamente, ha intervenido el fiscal coordinador de Menores, Pedro Gosalvez, quien se ha centrado en el desamparo de menores, su acogimiento y centros de protección.

Tras una pausa, ha tenido lugar una tercera ponencia a cargo de José Carlos Albert y Verónica Cañas, director y psicóloga, respectivamente, del CIMI Bahía de Cádiz.

En este centro se cumple la medida judicial de internamiento en régimen semi abierto y abierto. Normalmente se impone internamiento o bien como medida de prevención y cautelar, o bien definitiva para delitos de cierta entidad. Las menores en esta etapa de estancia obligada normalizan sus vidas en cuanto a horarios, pautas y normas de conducta, así como ejecución de talleres educativos que les ayuden al desarrollo personal y formativo laboral, persiguen fundamentalmente el objetivo de la reeducación y corrección educativa de los menores , sobre todo que no vuelvan a reincidir.

Así, la primera de estas intervenciones abordó las medidas de internamiento, con especial atención a los aspectos organizativos y disciplinarios mientras que posteriormente se habló del tratamiento psicológico e intervención educativa en centros de internamiento, tema con el que se cerró esta intensa jornada formativa que ha sido de obligado cumplimiento para los abogados del Turno de Oficio de Menores, ya que se entiende que dicha disposición está en íntima relación con la normativa reguladora del Turno de Oficio en orden a cumplir con los requisitos de formación continuada y especialización necesarios para prestar los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y competencia profesional que garantice el Derecho Constitucional a la defensa.