Jueces y fiscales, excepto APM y AF, convocan huelga el 20 de febrero contra las reformas de Gallardón

Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales,  han convocado una jornada de huelga para el 20 de febrero al entender, entre otras razones, que las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón tienen como “motivo oculto” su intención de “dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial” e imponerles un “trabajo inasumible” que permita crear “espacios de impunidad” de los que se beneficiarán los implicados en casos de corrupción.

Las asociaciones reclaman la suspensión o derogación del “tasazo”, un incremento de las plantillas, el mantenimiento del presupuesto en la Justicia, soluciones al drama social de las ejecuciones hipotecarias y la reforma de la Ley del Indulto para frenar su uso “abusivo” permitiendo al Gobierno conceder estas medidas de gracia “usurpando la función del Poder Judicial, con informes desfavorables y sin aportar la menor explicación.

El Gobierno indultó recientemente al conductor kamikaze de Alzira y a una madre que compró con una tarjeta de crédito ajena en Requena (Valencia) con los informes desfavorables de la Fiscalía y del Juzgado sentenciador.

La comisión interasociativa de jueces y fiscales reunida el martes 5 de febrero ha animado a los secretarios judiciales, los abogados y los sindicatos representativos del sector a sumarse la protesta, que tendrá lugar casi cuatro años después de la primera huelga judicial ocurrida en España. El 18 de febrero de 2009, más del 60 por ciento de los togados secundaron las manifestaciones contra la gestión del entonces ministro Mariano Fernández Bermejo.

PREPOTENCIA DE GALLARDÓN

Representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han argumentado que han “agotado todas las vías posibles” –llamadas a la negociación, paros parciales o concentraciones– antes de efectuar la convocatoria.

“La actitud de prepotencia de Gallardón, impropia de sus altas responsabilidades, y su incapacidad para gestionar la crisis” ha abocado a las asociaciones a la “única salida” de convocar una huelga, aunque muestran su disposición a desconvocarla si el Gobierno atiende sus peticiones.

José Luis Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, Ángel Dolado, de Foro Judicial Independiente, y María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, han denunciado que los proyectos legislativos intentan “desapoderar” al poder judicial de sus funciones. “Los políticos se quieren blindar”, han dicho.

Ante un escenario de “crisis institucional” y los casos de corrupción que salpican diferentes puntos del territorio nacional, los jueces han defendido que la sociedad necesita una Justicia “fuerte”, eficaz y con medios suficientes para frenar los “abusos de poder” y combatir eficazmente esta lacra.

La Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora, ha lamentado la actuación de la comisión interasociativa en momentos “extraordinariamente difíciles” para el país y con una crisis que se proyecta en “tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente”.

“En esta coyuntura el Poder Legislativo es un instrumento ineludible para incorporar los cambios de actuación precisos y el Poder Judicial se percibe como último referente que tienen los ciudadanos para confiar en el imperio de la Ley. Creemos que el comportamiento que se espera de nosotros –dice en un comunicado– es que gestionemos con responsabilidad el interés público que se nos ha confiado y que lo hagamos con absoluta independencia y rabiosamente comprometidos con el Estado de Derecho”.

La comisión interasociativa ya advirtió el pasado enero de que convocarían la huelga si no obtenían una “respuesta satisfactoria” por parte del Ministerio de Justicia.