Jueces y fiscales progresistas, contrarios a la prisión permanente revisable en la segunda jornada de Aula de Debate

En un Salón de Actos con el aforo completo, el Aula de Debate del Colegio de Abogados de Madrid dedicó su segunda jornada a una de las cuestiones más relevantes que afronta el panorama jurídico actual: la prisión permanente revisable.

Los participantes, el magistrado Ignacio González Vega y el fiscal César Estirado de Cabo, en representación de la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) respectivamente, argumentaron sus posturas contrarias a la figura punitiva e incidieron sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable.

En la presentación de la mesa, el diputado responsable de formación del ICAM, Raúl Ochoa, ya había anticipado que en esta sesión se ofrecerían perspectivas muy distintas y contradictorias a la jornada celebrada el pasado 19 de marzo, que versó sobre la misma temática. 

Para César Estirado, Fiscal Decano de la Sección de Delitos Medioambientales y Urbanismo de la Fiscalía de Madrid, la prisión permanente revisable es una “pena desocializadora y no orientada a la reinserción, pese a que el resto de legislación penitenciaria está adaptado a esta función fundamental”. Además, al tratarse de una norma que entró en vigor en el 2015 y no  haber estudios criminológicos acerca de su utilidad, empleo y efectividad, el fiscal considera que hablar de ampliar los supuestos a los que podría aplicarse “es irracional, obedece a fines mediáticos y no a una política criminal”.

Desde la UPF, explicó Estirado, promueven como alternativa “profundizar en la libertad vigilada, figura muy mal regulada en nuestro sistema, y que sí proporcionaría una eficaz herramienta de reinserción y asistencia social”.

Muy duro se mostró igualmente Ignacio González Vega, magistrado del Juzgado nº 20 de lo Penal de Madrid, sobre lo que denominó “legislar a golpe de titular”, recordando que “las víctimas no están capacitadas para dirigir la política punitiva, pues carecen de la necesaria imparcialidad”. En su opinión, la satisfacción de las víctimas no debe ir encaminada al endurecimiento de las penas, sino a una mejor atención y prestaciones, lo que contrasta con nuestro Código Penal y “una tendencia al endurecimiento de las penas desde 1991”.

Para el portavoz de JJpD, el ordenamiento ya contempla bastantes figuras que hacen “innecesaria” la prisión permanente revisable, “cuya propia conjunción terminológica resulta contradictoria”. A la luz de los datos estadísticos de incidencia criminal, España no se encuentra en un lugar especialmente preocupante (Madrid v.g. es la 2ª ciudad, junto a Zurich, con menos homicidios del mundo), pese a lo cual “tenemos una de las cifras más elevadas en cuanto a media de estancia en prisión: 17 meses”, señalaba el magistrado.

Y es que, para González Vega, cuando se realiza una comparativa con otros países de nuestro entorno que contemplan figuras análogas a la prisión permanente revisable, hay que tener en cuenta a su vez qué tipo de penas establecen para el resto de crímenes: de acuerdo al magistrado, en todos los casos la dureza de su Derecho Punitivo es menor a la del Español. Por eso, concluyó, “no tenemos que recurrir a un mejor Derecho Penal, sino a un Derecho Penal mejor”.

Por su parte, el abogado Raúl Ochoa señaló que, en relación a la prisión permanente revisable, “ni todo es tan claro ni tan evidente”, pero supone un gran problema que “la política criminal sea una gran olvidada en los presupuestos”. Aunque el diputado del ICAM coincidió en que “desde las vísceras no se puede legislar”, indicó que antes de ofrecer alternativas hay que analizarlas bien, pues se trata también de una “cuestión de medios económicos”.