Juristas y feministas alertan de que la mediación no sirve en violencia machista

Representantes de la justicia española y varias asociaciones feministas españolas han alertado este martes de que la mediación en los casos de violencia de género, recogida en la reforma del Código Penal planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no sirve en la violencia de género, informa Europa Press.

En unas jornadas organizadas por el PSOE sobre los efectos de esta reforma normativa en la lucha contra la violencia de género, las participantes han coincidido igualmente en que esta reforma normativa supone el desmantelamiento de las políticas claves en la lucha contra la violencia de género.

La magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, cree que este anteproyecto de ley supone igualmente el “derribo” de las “líneas fundamentales” de la violencia de género, que fueron consensuadas por todos los partidos políticos en su momento y que “están dando buenos resultados”.

ES UN ERROR SUPRIMIR EPC

En primer lugar, ha rechazado que el Gobierno haya suprimido en la reforma educativa la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC)porque, en su opinión, representa el “motor” de la Ley integral de violencia de género, y es clave en la educación en igualdad para futuras generaciones.

Igualmente, entiende que el anteproyecto supone “una vuelta atrás” porque se dejan sin reproche judicial a las vejaciones injustas, como los insultos, a la vez que se abre la puerta a la multa económica en los delitos de violencia de género o que la mediación, que se propone en la reforma legislativa, “no cabe en los delitos de violencia de género”, así como la supresión del agravante del delito de violencia habitual de menores en el domicilio.

“Estamos en una época en donde se trata de trabajar para seguir implantando la Ley Integral que da buenos resultados en el ámbito y tenemos una organización ya establecida y personal formado y ahora toca implantarla en todos sus caminos y las medidas a las que asistimos, tanto el anteproyecto como supresión EpC, suponen un desmantelamiento de parte de la normativa específica en la violencia de género”, ha sentenciado.

Desde el Consejo General de la Abogacía, la vocal de la subcomisión de violencia contra la mujer, Carmen Larramendi, ha subrayado que se tendrían que incluir en la reforma y, como delito leve, las vejaciones, a la vez que ha criticado que en las lesiones leves de maltrato se exija una denuncia previa.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, opina que esta reforma legislativa supone un “torpedo en la línea de flotación de la ley de violencia de género”, porque en la materia sólo se considerará delito a la violencia física y ya no servirán únicamente los partes médicos.

MAYOR IMPUNIDAD PARA LOS CULPABLES

Según ha advertido, quedarán impunes muchos casos de violencia de género gracias a esta reforma, en la que avisa también de que el legislador ignora organismos que fueron creados por mandato de esta ley, como el Observatorio estatal de violencia contra la mujer.

Sobre la mediación, critica que se introduzca de forma genérica en esta reforma para la suspensión de la pena, cuando es contraria a la Ley Integral de Violencia de Género. “Es un retroceso”, sentencia.

Desde la Federación de Mujeres Progresistas, coinciden igualmente en que esta reforma del Código Penal va a suponer una mayor impunidad a los agresores, aparte de un mayor sufrimiento a las víctimas. “Es un retroceso gravísimo que no se considere un agravante que un menor presencie un delito o la exclusión de la multa”, ha apuntado.

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, ha pedido que se defienda “con uñas y dientes” las leyes contra la violencia de género, frente a la “deriva revisionista” del PP. En este sentido, ha dudado de si esta reforma representa un conjunto de medidas para volver a obligar a las mujeres a encerrarse en casa.

Finalmente, María Serrano, de Amnistía Internacional, se ha quejado de que la respuesta judicial está fallando en la respuesta a violencia de género o que las reformas del PP en materia sanitaria impiden la asistencia sanitaria a las mujeres traficadas.