Justicia Gratuita y Turno de Oficio: 10 años de un Observatorio imprescindible

Por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Hace diez años, cuando, en su XXV Aniversario, la Editorial LA LEY concedió al Consejo General de la Abogacía Española un Premio Extraordinario «por su destacada actividad en la defensa y aplicación del Derecho como instrumento de convivencia y desarrollo de los valores democráticos y del Estado de Derecho en nuestra sociedad», su entonces presidente, Carlos Carnicer, propuso a la Editorial LA LEY que el importe del premio se destinara a crear un Observatorio de la Justicia Gratuita que se convirtiera en un instrumento eficaz para el análisis y mejora del servicio prestado por la Abogacía a la sociedad mediante la asistencia al detenido y los Turnos de Oficio. De eso hace ya diez años y el Observatorio se ha convertido en una referencia imprescindible para todos: para las Administraciones, para los Colegios de Abogados, para los expertos, para los estudiosos de la Justicia Gratuita.

Cada año se manejan cerca de 8.000 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados que sirven para hacer la verdadera radiografía de la Justicia Gratuita en España.

Pero hay mucho más en este Observatorio porque, desde el principio, se quiso que cada año se elevaran recomendaciones de mejoras internas —a la propia Abogacía— y externas —a las Administraciones Públicas— y que esas propuestas fueran elaboradas por un Grupo de Expertos mayoritariamente constituido por personas ajenas a la Abogacía: representantes del Ministerio de Justicia y de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo, de los distintos operadores jurídicos, de las asociaciones de consumidores y usuarios, etc. Y así ha venido siendo hasta ahora.

Además, se introducían otros elementos como una Encuesta anual hecha bien a usuarios —a la salida de los juzgados después de haber perdido o ganado su caso— o a los propios abogados del Turno de Oficio. Tengo que decir que la valoración de la calidad del servicio hecha por los abogados ha sido siempre inferior a la de los usuarios, lo cual no sólo significa, entre otras cosas, que los usuarios del servicio quedan bastante satisfechos, sino que los abogados conocen mucho mejor y sufren las penurias, por no decir las miserias, del sistema. Y que, saben, sabemos que modificando algunas cosas, este servicio público prestado hoy por 43.800 abogados, a través de los 83 Colegios de Abogados, con eficacia y eficiencia, 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, sería mejor.

La Justicia gratuita y el Turno de Oficio no son un gasto sino «una excelente inversión en paz social», como también decía Carnicer, y, sobre todo, es una obligación constitucional plasma- da en el artículo 119 de la Constitución y, por encima de todo, la última esperanza de los ciudadanos  más  desfavorecidos. De aquellos que habiendo perdido casi todo, aún confían en la Justicia, en que la Justicia no les vuelva también la espalda.

Los datos económicos

El Turno de Oficio está en la esencia, en el ADN de la Abogacía. En los años 80, cuando no existía la menor preocupación social por la inmigración, los Colegios de Abogados fueron los primeros que crearon los servicios de Orientación Jurídica para Inmigrantes. Y cuando aún nadie estaba preocupado por la violencia contra la mujer, fueron también los Colegios los que pusieron en marcha Servicios de Orientación Jurídica para mujeres agredidas. A costa de los abogados. Sólo a partir de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 se dio carta pública de naturaleza a este derecho constitucional y se fijó una remuneración para esos servicios.

Y, ahora, cuando desde la Administración se propone un turno de asilo especializado, hay muchos Colegios que llevan más de 20 años ofreciendo asistencia jurídica a los que piden asilo. Y el Consejo creó un Registro de Abogados Voluntarios (para hacer frente a la masiva llegada de refugiados, que nunca se produjo) al que se apuntaron en una semana más de 1.500 letrados.

Aunque el coste de este servicio aumentó entre los años 2006 y 2009, entre otras razones porque el Parlamento español decidió extender el beneficio de la Justicia Gratuita a más colectivos y más situaciones, a partir de 2010 y hasta 2013, el gasto disminuyó un 15 por ciento, nada menos que 40 millones de euros y en los dos últimos años, a pesar de la gravísima crisis económica y de la injusta imposición de las tasas, se ha mantenido prácticamente estable.

La Justicia Gratuita, por tanto no es cara. Todo lo contrario. Apenas 225 millones de euros para atender a entre uno y dos millones de ciudadanos cada año, un seis por ciento, aproximadamente de lo que todas las Administraciones Públicas se gastan en justicia. La Justicia Gratuita nos cuesta a cada ciudadano menos de 5 euros al año (4,87 en 2015). Y el abogado que atiende a estos ciudadanos cobra una media de entre 2 y 4 euros por hora o entre 125 y 150 euros por expediente, aunque eso signifique trabajar de madrugada, en festivos o fines de semana. Y funciona de forma eficiente. Sin duda alguna, la Justicia Gratuita no es cara, pero no deberían ser los abogados de a pie los que soporten su sostenibilidad. En algunos casos, como he dicho ha habido retrasos de hasta un año en el pago de los servicios prestados —que muchos Colegios han tenido que adelantar pidiendo créditos— y, lo que es peor, algunos baremos se han recortado, como ha sucedido recientemente en Aragón, hasta un 40 por ciento. En varias autonomías saben bien lo que ha sido o es el maltrato institucional. Y eso sin contar los intentos de privatización o funcionarización que algunos han intentado —sin duda, tratando de reducir costes mediante la limitación del servicio—, afortunadamente sin éxito, y que otros están poniendo en marcha en contra de los intereses de los ciudadanos y de independencia y la calidad del servicio.

La Abogacía institucional ha luchado duramente, y lo seguirá haciendo para garantizar la tutela judicial efectiva y la excelencia y la independencia del servicio.

Los protagonistas

Los protagonistas, los responsables de que este servicio funcione son los Colegios de Abogados, pero sobre todo, los casi 44.000 abogados de oficio que han aguantado todo: las bajas remuneraciones, algunas sin tocar desde hace más de diez años; los recortes; el maltrato institucional en muchos casos; los impagos de actuaciones realizadas; los retrasos de hasta un año por parte de las Administraciones en pagar el trabajo realizado…

Abogados que, como ha demostrado el Observatorio de Justicia Gratuita no son ni jóvenes ni inexpertos: la media de edad es de 41,5 años. Su experiencia media de unos 13 años y la mínima de tres años de ejercicio profesional. Todos tienen una formación específica para el Turno de Oficio. Y una gran mayoría, como se pone de manifiesto en la encuesta de este año, reclaman también una formación continuada y especializada para poder atender mejor a sus clientes.

Respecto al «negocio» de los abogados de oficio, el Observatorio también demuestra que la media de casos que lleva un abogado de oficio es de unos 20 al año y que los ingresos me- dios también pueden estar en unos 4.000 euros al año. Sin duda prima el interés social sobre el monetario. Y otro dato que lo corrobora es que, aunque ahora hay 11.000 abogados más en el Turno de Oficio que en 2006, representan el mismo porcentaje que hace diez años: en torno al 30 por ciento. Uno de cada tres abogados españoles está en el Turno de Oficio. Y me alegra que en este terreno, al contrario que en otro, la relación hombre-mujer está casi al 50 por ciento. Ya me gustaría que fuera así en todo, como sería justo.

Abogados de oficio han prestado sus servicios en casos como el 11-M, la Operación Malaya, el caso Gürtel, etc. Causas de decenas de miles de folios, meses y meses de trabajo, abandonando sus despachos, con unas remuneraciones ridículas que sólo se han dignificado levemente cuando ha intervenido la Abogacía institucional para reclamar un trato digno a las Administraciones públicas.

Abogados de oficio, como Cesar Pinto, José María Moreno, Manuel Delgado, Carmen San Illanes o Ángel Orpez han logrado que tribunales europeos paralizaran desahucios, que el Tribunal Supremo obligara a un padre preso por violencia de género a que pagara la pensión alimenticia a sus hijos, que un albañil en paro o una familia no perdieran su casa o han impedido que una mujer heredara las deudas de los asesinos de sus hijos. Hay muchos más, la mayor parte anónimos.

En mi toma de posesión tuve palabras de elogio y de admiración hacia los abogados de oficio y me comprometí a seguir defendiéndoles ante todas las instancias. Lo reitero de nuevo con la misma firmeza.

Lo positivo

No todo ha sido o es negativo. La calidad del servicio de Justicia Gratuita no se discute hoy. El actual sistema de prestación, tampoco. Ha costado, pero lo hemos conseguido por la fuerza de la razón, de la transparencia y de la convicción. La creación de un turno especial para las víctimas de violencia de género, fue un gran paso adelante en la lucha contra esta tragedia. Había que frenar alguna reforma que ya iniciaba el trámite parlamentario, y se logró. Algunas de las propuestas de la Abogacía, no todas las que deseamos, se han tenido en cuenta. En el último año y medio ha prevalecido el dialogo entre el Ministerio de Justicia y la Abogacía Institucional. No podemos decir lo mismo respecto a algunas comunidades autónomas, aunque otras, antes reacias a cumplir sus obligaciones, también han rectificado.

Y un dato que debe ser también valorado. En muchos Colegios funcionan cuestionarios de calidad para medir la eficiencia del servicio. Eso debería ser norma en todos. Pero, en todo caso, el número de quejas que reciben los Colegios es muy escaso. En 2015 el número total de quejas ha sido de 5.320 sobre más de un millón seiscientas mil actuaciones. Otro indicador es la Memoria del Defensor del Pueblo, ajena como es lógico a la Abogacía, donde también el número de quejas es muy bajo. Aunque cada queja es importante, las cifras indican, al igual que los estudios que hemos realizado en varias ocasiones desde el Consejo de la Abogacía, que la satisfacción del usuario es elevada.

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita —puesto en marcha por la Abogacía Española con el dinero de las cuotas de los abogados y ofrecido a todas las Administraciones públicas y a todas las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que tramitan las solicitudes— sirve hoy para que cientos de miles de ciudadanos se eviten tener que hacer colas ante las Administraciones públicas —Hacienda, el Catastro, la Seguridad Social, el Registro de la Propiedad, etc.— y que miles de funcionarios pierdan horas y horas de atención para dar respuesta a esos ciudadanos. Y miles de horas de tiempo: lo que antes se hacía en cuarenta días, hoy apenas tarda dos o tres. El expediente Electrónico de Justicia Gratuita de la Abogacía Española —621.658 tramitados en 2015— es el único que hoy por hoy funciona en la Justicia española. Y lo hemos hecho los abogados.

Diez años después

Diez años después tenemos que felicitarnos porque una idea es una realidad consolidada. Mi agradecimiento a la Editorial LA LEY del Grupo Wolter Kluwers, a los 83 Colegios de Abogados por el trabajo que supone recoger y ofrecer cada año de forma transparente todos estos datos. A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, a todo el Grupo de Expertos y a las organizaciones que representan porque sin ellos, este Observatorio tendría mucho menos valor y habría sido menos sólido. Y también a todos los que han colaborado en la parte técnica, porque su trabajo también ha sido duro y excelente.

Reducir la demanda de justicia, limitar el acceso de los ciudadanos más desfavorecidos, poner tasas a las pymes para que les sea más costoso reclamar una deuda que perderla, responsabilizar de la Justicia Gratuita a colectivos que no tienen ni la preparación ni la independencia ni la deontología necesaria o tratar de mercantilizar un servicio que no se rige por las normas e mercado y en el que los precios no los fijan quienes lo imparten, acaba siendo una traición a la letra y al espíritu de la Constitución y rebaja gravemente los niveles del Estado de Derecho.

La Ley del 96 no ha funcionado mal, pero, veinte años después, se ha quedado vieja. Y la reforma introducida casi subrepticiamente en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Civil no nos gusta y no resuelve los problemas. La Justicia Gratuita y el Turno de Oficio necesitan una reforma negociada y pactada, una dotación suficiente, la revisión de todo aquello —los requisitos de concesión del beneficio, ¿por qué no?, pero también la implantación de los Servicios de Orientación y Asesoramiento Jurídico en todos los centros penitenciarios, el asesoramiento obligatorio en todos los CIEs y otras más—, y, desde luego, la garantía de la calidad y de la independencia, que llevan aparejado un estricto control deontológico que sólo los Colegios de Abogados ofrecen.

Diez años son una base sólida para crecer. Todo lo que sea necesario en defensa de los derechos, de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, de todos, pero sobre todo de los más desfavorecidos. Cuando la Justicia se olvida, posterga o pone barreras a los más débiles también deja de ser Justicia y el Estado de Derecho se convierte en Estado de Deshecho.