Justicia oferta 25 nuevas plazas de abogados del Estado para afrontar con garantías el aumento de litigiosidad

• Se aprueban 1.452 nuevas plazas para personal funcionario de la Administración de Justicia
• La oferta incluye 25 plazas para el Cuerpo de Abogados del Estado, lo que permite afrontar con garantías el aumento de litigiosidad.
• Por otro lado, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé para el año 2021 un incremento de hasta 240 plazas de jueces y fiscales.2

El Real Decreto de oferta de empleo público aprobado ayer por el Consejo de Ministros contiene 1.452 plazas de nuevo personal funcionario al Servicio de la Administración de Justicia para los sistemas general de acceso libre y de promoción interna. De este modo, se cubre al 100% la tasa de reposición de las bajas producidas en 2019.

Dentro del conjunto de la Oferta de la Administración General del Estado, destaca la correspondiente al Cuerpo de Abogados del Estado con 25 plazas. De este modo, el Ministerio de Justicia refuerza el compromiso en sus funciones consultivas y de asesoramiento jurídico, y afronta con garantías el aumento de litigiosidad experimentado en 2020.

De dichas plazas, se ha calculado una reserva del 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, conforme al 59.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los incrementos más significativos en el número de plazas ofertadas en 2020, respecto al año anterior, se observan en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, con 36 nuevas plazas, y en los cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), con 31 nuevas plazas.

MÁS JUECES Y FISCALES

Por otro lado, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), aprobado ayer también, contempla que en 2021 la oferta de empleo público para el acceso a las carreras judicial y fiscal podrá alcanzar las 240 plazas, que se destinarán a la mejora del servicio público de Justicia. Este proyecto será remitido a las Cortes Generales para su tramitación y, en su caso, aprobación.