Las CCAA se oponen a las propuestas del Gobierno para financiar la justicia gratuita con las tasas

• La Comunidad de Madrid se planteará pedir la derogación de la Ley de Tasas si su recaudación no se dedica íntegramente a justicia gratuita
•  El Gobierno se compromete a pagar a las CCAA el sobrecoste de la justicia gratuita por la elevación de umbrales y la incorporación de víctimas especialmente vulnerables en este sistema de asistencia

Las comunidades autónomas han rechazado de forma unánime la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la parte de la recaudación de las nuevas tasas judiciales que irá destinada a financiar la justicia gratuita, así como la mayoría se ha opuesto también a la nueva demarcación y planta judicial que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.

Así lo han puesto de manifiesto consejeros de todo signo político tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el lunes 16 de diciembre bajo la presidencia del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román. En ella, el Ministerio ha trasladado a las comunidades los proyectos en los que trabaja y ha centrado el debate en las dos que más afectan a las autonomías, la ley de tasas y la demarcación y planta judicial.

El reparto de fondos obtenidos por las nuevas tasas judiciales ha sido el asunto más polémico de la reunión, ya que las comunidades se oponen a la propuesta de Justicia de traspasar a las comunidades los fondos necesarios para financiar el coste de los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita. “Se nos dijo que las modificaciones de las tasas judiciales estarían destinadas a la mejora de la justicia gratuita, por eso pedimos al Gobierno que cumpla su palabra”, ha avisado el consejero de Presidencia y Justicia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

También desde la Comunidad de Madrid su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha rechazado la propuesta del Ministerio y ha pedido que la cantidad íntegra recaudada por las nuevas tasas se destine a la financiación de la justicia gratuita. “Estamos insatisfechos y decepcionados”, ha reconocido tras el encuentro, a la vez que ha recordado que la ley de tasas ya tenía la oposición de todo el ámbito judicial y se sustentaba en esa mejora de la justicia gratuita.

Por ello ha adelantado que, si el Gobierno no modifica su propuesta, la Comunidad de Madrid podría llegar a pedir la derogación de la ley de tasas, que quedaría como un instrumento “meramente recaudatorio” y no ayudaría a convertir a la justicia en el servicio público esencial que merecen los ciudadanos.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha coincidido en estas críticas y ha insistido en pedir al Departamento de Alberto Ruiz Gallardón que “reconsidere” su postura “dado que la propuesta inicial y la de ahora sin diferentes”. “La postura conocida hoy no encaja con lo anunciado en su momento y esperamos un acuerdo en una negociación”, ha apuntado.

ACTITUD CICATERA DEL GOBIERNO

Tras la reunión han comparecido de forma conjunta los representantes de Andalucía, Asturias y Canarias –comunidades no gobernadas por el PP–, que han recordado que el artículo 11 de la ley de tasas establecía que el dinero estaría destinado a financiar la justicia gratuita. “En este asunto, como en otros muchos, también se está sufriendo la asfixia económica del Gobierno”, ha censurado el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

El consejero de Justicia canario, Francisco Hernández Spínola, ha acusado de “actitud cicatera” al Ministerio y ha lamentado que, de los 313 millones recaudados por las tasas, sólo una cantidad “ínfima” iría destinada a las comunidades autónomas, que deben hacer frente a un gasto “importante” de asistencia jurídica gratuita que no está cubierto con lo que recibieron cuando se hicieron cargo de las competencias en materia de justicia.

Esta propuesta tampoco ha obtenido el respaldo del País Vasco, cuyo consejero de Justicia, Josu Erkoreka, ha reprochado a Gallardón que sólo una parte de la recaudación de tasas vaya destinada a la justicia gratuita y el resto se prevea para financiar “otros gastos del Ministerio, entre ellos el sueldo de los altos cargos”.

NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL

También una buena parte de las comunidades se han opuesto a la nueva ley de demarcación y planta judicial en la que trabaja el Gobierno, que supondrá una reorganización del mapa judicial y que, según el consejero de Aragón, ha sido planteada pensando sólo “en las grandes urbes con la población concentrada” y no ha tenido en cuenta la diversidad territorial de otras comunidades.

“No se puede modificar la planta judicial tomando como referencia comunidades autónomas diferentes. Puede ser muy óptima para Madrid, Valencia o Cataluña, con grandes urbes y población muy concentrada, pero en cambio para Aragón, La Rioja o Navarra no va a hacer una justicia cercana al ciudadano y va a crear más problemas que soluciones”, ha censurado. Por ello, se ha mostrado “claramente en contra” y ha pedido al Gobierno que haga “un punto y aparte” para negociar con las comunidades.

Mientras, Erkoreka ha ido más allá y ha denunciado que esta modificación supondrá la desaparición “de un plumazo” de la competencia autonómica en demarcaciones judiciales, ya que prevé la “desaparición” de todas las demarcaciones judiciales inferiores a la provincia, así como de los jueces de paz.

También han asegurado que la propuesta del Gobierno vulnera los estatutos de autonomía los consejeros de Andalucía, Asturias y Canarias, que han advertido de que puede “alejar la justicia de los ciudadanos”. El consejero de Asturias, Guillermo Martínez, ha avisado de que una reforma de este calado requiere de un mayor acuerdo e interlocución.

Por su parte, el consejero gallego no ha querido profundizar en si la propuesta del Gobierno vulnera el estatuto gallego, aunque sí ha reconocido que afectará a la organización de la justicia en su comunidad autónoma. Rueda ha pedido “no precipitarse” porque sólo se conocen los primeros datos de la propuesta y por ello ha solicitado tener acceso a más información cuanto antes para poder negociar y llegar a acuerdos. “No puedo decir si atenta o no a disposiciones autonómicas hasta que no conozcamos la propuesta”, ha insistido.

El Ministerio de Justicia ha informado a los representantes de las comunidades autónomas que han participado en la Conferencia Sectorial sobre los avances que se han realizado a lo largo del último año en materia de modernización e interoperabilidad y sobre el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial.

Justicia gratuita, según el Ministerio de Justicia

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha propuesto, según una nota de prensa, a las comunidades autónomas asumir con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Justicia Gratuita, en la que se ha ampliado el número de beneficiarios. Este aumento del coste se ha producido al elevarse los umbrales dentro de los que se puede solicitar este servicio y al haber incorporado a colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta.

Durante el encuentro, los representantes ministeriales han explicado a los autonómicos que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjeron las transferencias en materia de Justicia, por lo que cualquier aportación indiscriminada implicaría una doble financiación. Desde la Administración General del Estado se cubrirá el mayor coste generado por la ley.

Con el objetivo de garantizar una aplicación equitativa de la norma, se preverá un incremento máximo de la aportación de cada comunidad. Como referencia se tomará la variación media que registren las comunidades del territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Baleares) y se establecerá que las aportaciones que reciban el resto puedan alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación.

Con esta medida se garantizará que la justicia gratuita se preste de forma homogénea en todo el territorio nacional, al aportar el Estado los recursos suficientes para sufragar los incrementos de coste que provocó el Real Decreto Ley de 22 de febrero que modulaba la cuantía de las tasas y adelantaba la entrada en vigor de las novedades que incluirá la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

A lo largo de 2014 se recibirán y analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013, y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar a cada una de ellas.

El Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado en enero de 2013, amplía por primera vez desde 1996 el número de beneficiarios de justicia gratuita al incrementar los umbrales económicos de acceso (se amplía el umbral de 14.000 a 15.000 euros anuales, 2,5 veces el IPREM) y los colectivos que podrán acogerse a este servicio.

Los colectivos que pasan a ser beneficiarios de la justicia gratuita con independencia de su renta son las víctimas de violencia de género; terrorismo; trata de seres humanos; menores y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de abusos, y víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.