Justicia ultima la revisión de la Ley de tasas con idea de limitar las que afectan a los ciudadanos

• Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama directamente la supresión de las tasas
• La supresión sería coherente con la posición que Catalá mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas físicas, sino únicamente para las jurídicas 
• La nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita

El Ministerio de Justicia está ultimando su propuesta para revisar el vigente sistema de tasas judiciales impulsado en su momento por este departamento cuando todavía lo dirigía Alberto Ruiz Gallardón. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de los planes de Justicia, el Ministerio está preparando una modificación que beneficiará a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.

La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Sin embargo, la práctica totalidad de los sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

Al suceder a Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse y ya tiene casi ultimada la propuesta que va piensa elevar en breve al Consejo de Ministros. Eso sí, tiene que recibir el visto bueno también del Ministerio de Hacienda ya que podría suponer merma de ingresos para las arcas públicas.

Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama directamente la supresión de las tasas y, aunque aún no se ha cerrado un texto definitivo, desde el Ministerio no se descarta que éstas puedan suprimirse en algunos casos y que, para compensar los efectos negativos sobre la recaudación, las que tienen que abonar las empresas se vean incrementadas.

ERA LO QUE EL MINISTRO DEFENDÍA EN 2003

Esta propuesta sería coherente con la posición que Catalá mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas físicas, sino únicamente para las jurídicas (sociedades y empresas).

Se prevé que la decisión final la tome en breve el Consejo de Ministros y aún está por ver cómo se hará efectiva la reforma de la ley vigente. Teniendo en cuenta que quedan escasos meses de legislatura, parece descartada la vía del proyecto de ley. La reforma acometida en febrero de 2013 se hizo mediante un decreto ley que entró en vigor inmediatamente y después fue convalidado por el Congreso.

Para esta nueva reforma se podría repetir esta fórmula o bien aprovechar alguno de los múltiples proyectos de Justicia que están en trámite en el Parlamento. El más indicado sería el proyecto de ley de Justicia gratuita que lleva ‘congelado’ en el Congreso desde el pasado verano. Entonces los grupos parlamentarios registraron sus enmiendas parciales pero éstas aún no se han debatido.

Así las cosas, la nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita una vez se reactive su tramitación convocando la ponencia y la comisión encargadas de la misma.

Además, está previsto que en las próximas semanas y siempre antes de que termine febrero el Gobierno remita al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurarse que se aprueban de manera definitiva a más tardar en mayo.