La Abogacía alerta sobre los riesgos que la desinformación supone para la salud democrática

La desinformación está poniendo en riesgo la salud de nuestra democracia en un momento en el que las redes sociales propician una censura informal y un terreno abonado para la propagación de noticias falsas y verdades alternativas. Esas fueron las principales conclusiones del VIII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, que puso de relieve la importancia crucial del papel de la prensa como garante del derecho a la información.

“El flujo constante de desinformación nos convierte en víctimas de la manipulación y nos impide ejercer los derechos de ciudadanía con la libertad imprescindible para la toma de decisiones”, señaló en sus palabras inaugurales la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

En el panorama actual, como señalaron los diferentes ponentes, la lucha contra la desinformación y la posverdad es desigual, y muy complicada de ganar porque, con la ayuda de las redes sociales, las noticias falsas se han normalizado. Y los medios de comunicación, que deberían ser la vacuna, están debilitados económicamente y eso les sitúa en una difícil situación para contrarrestarlas.

“Esto es verdaderamente una lucha a brazo partido en la que no vamos ganando, la desinformación cada vez es un problema mayor y sus consecuencias afectan a todo el mundo. Esto se ha visto con la pandemia“, afirmó Carlos Hernández-Echevarría, coordinador de políticas públicas y desarrollo institucional de Maldita.es, quien advirtió de que “la calidad de nuestra democracia es la calidad de la información que tenemos”.

En este sentido Lucía Méndez, redactora jefe de Opinión en El Mundo, habló de la deriva actual del periodismo, con unos medios de comunicación regidos por el número de visitas: “Si el consumidor pide determinadas noticias enfocadas de determinada manera se las tienes que dar, porque es el que paga. La información deja de ser información y el periodista deja de serlo y se convierte en alguien que debe satisfacer los deseos del lector para cobrar su sueldo”, señaló. También explicó que “el periodismo está en periodo de adaptación y en medio de esta revolución tecnológica el contenedor afecta directamente al contenido, cuando uno no puede llamar a una fuente para confirmar la noticia porque hay que lanzarla antes que la competencia”.

La desinformación no son solo las noticias falsas. Raul Magallón, investigador y profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid , explicó que incluye la difusión de contenidos falsos, la publicidad segmentada, el uso de plataformas para operaciones de influencia e injerencia extranjera, la amplificación de discursos del odio o el clickbait.

Y Alfonso Armada, presidente de honor de Reporteros sin Fronteras, explicó que “la posverdad no es sinónimo de mentira, sino que trata de crear una verdad alternativa, con la ayuda de las redes sociales. Viaja a toda velocidad y suele ser más fascinante”.

La solución para combatir la desinformación se presenta por ello complicada: todos los participantes coincidieron efectivamente en señalar que los intentos de limitar la desinformación llevan a restringir la libertad de expresión. De ahí la importancia de apostar por un periodismo de calidad, “que es la vacuna para todo esto y es más necesario que nunca”, señaló Hernández-Echevarría.

En este sentido, el periodista Miguel Ángel Gozalo, ex presidente de la agencia Efe,  señaló en la inauguración que “los periódicos no son una mercancía como otra cualquiera y la información tiene un valor añadido y un papel social que jugar”.

Las redes sociales son muy responsables de esta proliferación de la desinformación, y además están propiciando un nuevo tipo de censura, como se abordó en otra mesa redonda.  Edu Galán, creador de la revista satírica Mongolia, señaló que existen censuras informales, como utilizar el aparato del Estado para desgastar la libertad de expresión, la falta de independencia económica o la presión sobre los artistas para que sus palabras tengan consecuencias laborales…  “Esto crea un ambiente, en todo Occidente, de linchamiento social”, afirmó.

Por su parte, Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, advirtió de que las redes sociales, lejos de ser un espacio de conversación pública, son en realidad espacios privados, en los que las grandes corporaciones tecnológicas dictan las reglas: “A mí no me hace gracia que Twitter le cierre la cuenta a Trump porque hoy es Trump y mañana, con los mismos argumentos, es una líder de un movimiento feminista argentino. Se les ha dado unas prerrogativas enormes a estas compañías”.

Y en el mismo sentido, Galán se mostró preocupado porque “se puede dar en un futuro que estas compañías controlen Estados de Derecho y medios de comunicación”.  Además Monge explicó que en esas redes sociales “vivimos en burbujas autorreferenciales, centradas en si mismas”.

Los límites legales de la libertad de expresión también se abordaron en otra mesa redonda en la que Marta Timón Herrero, letrada coordinadora del área de lo contencioso-administrativo del Gabinete Técnico de la Sala 3ª en el Tribunal Supremo, señaló que es necesario redefinir el contenido y el alcance de la libertad de expresión para adaptarlo al contexto actual.  Y Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, advirtió sobre la “preocupante instrumentalización” de juzgados por parte de ciertos colectivos para hacer que quienes profieran expresiones que les hieran ideológicamente sean llevados ante el juez y deban dar explicaciones. “Esto plantea un efecto demoledor en el ámbito de la libertad de expresión, un efecto censura porque la mayoría de los ciudadanos tenemos miedo a un procedimiento judicial”, añadió, tras contar que diversos juristas han creado la página LibEx, que ofrece herramientas para revertir estas praxis.

Y precisamente se abordaron dos casos muy conocidos. La abogada Cristina Peña habló sobre el “caso Jiménez Losantos”, en el que se enjuició al periodista por injurias contra Alberto Ruiz-Gallardón. Y el abogado Endika Zulueta habló sobre el “caso Willy Toledo”, denunciado por ofender los sentimientos religiosos.

También se habló sobre los peligros de Internet y las tecnologías. Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA recordó que es necesario legislar más rápido porque “cuando nos demos cuenta ya habrá otras tecnologías nuevas y habrá derechos afectados”. Por su parte, José Perals, fiscal de Criminalidad Informática de la Audiencia Nacional recordó que “las fake news difundidas por Internet, como tal, no suponen un delito, aunque sí pueden provocarlo y además son peligrosas, porque producen consecuencias con su generación y difusión”. Finalmente, David Javier Santos, jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española Protección de Datos advirtió que “los smartphones han puesto Internet en el bolsillo de cada uno de nosotros” y con ello y el surgimiento de las tecnologías de tratamiento masivo de datos las empresas saben exactamente nuestros gustos y necesidades.