La Abogacía andaluza urge a la Junta el pago de más de 25 millones por el turno de oficio de 2012

Los Colegios de Abogados andaluces tienen previsto adoptar “medidas reivindicativas” si a mediados de enero la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía “no ha regularizado la elevada deuda” contraída con este colectivo por el pago de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante el pasado año 2012, que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados cifra en un total de 25.394.685 euros.

Así lo ha anunciado el lunes 7 de enero, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del máximo órgano institucional de la abogacía andaluza y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien ha recordado que ya este pasado mes de noviembre, la institución que representa –que agrupa a los ocho colegios provinciales de abogados, así como a los de Jerez de la Frontera (Cádiz), Lucena (Córdoba) y Antequera (Málaga)– “requirió formalmente” el pago de dicha cantidad a la Consejería de Justicia.

En concreto, Gallardo ha señalado que la Administración andaluza adeuda “todos los turnos de oficio realizados y acreditados durante el pasado ejercicio”, así como “las guardias de asistencia a detenidos realizadas en el cuarto trimestre del año 2012”, y “una partida de los gastos de funcionamiento causados por los servicios de orientación jurídica de los colegios”.

Así, según ha explicado, la Junta adeuda un total de 21.411.933 euros por los turnos de oficio correspondientes a los tres primeros trimestres del pasado año, una cifra que sería superior si se hubiera cuantificado el coste de los turnos de oficio “prestados y acreditados” durante el último trimestre del año que acaba de finalizar, algo que aún no se ha realizado, según ha aclarado Gallardo.

Además, a esa cantidad habría que sumar un total de 2.185.706 euros adeudados por “las guardias prestadas en los centros de detención policiales y en los juzgados de guardia durante los tres últimos meses del pasado año”, así como otro 1.797.045 euros por “el funcionamiento de los servicios de orientación jurídica gratuita que mantienen los once colegios”, que, según ha recordado, “se ocupan del asesoramiento inicial a los ciudadanos y de la tramitación de los expedientes de justicia gratuita”.

La suma de estas tres cantidades da como resultado los más de 25 millones que los letrados andaluces reclaman a la Junta, a la que dan de plazo hasta el próximo día 15 de enero para “regularizar” esa “deuda”.

DEMORA “INACEPTABLE”

Y es que, según ha lamentado Gallardo, a pesar del “requerimiento formal” realizado el pasado mes de noviembre, el pago de estas cantidades ha acumulado “una considerable e inaceptable demora durante el pasado año” que llega “hasta límites inadmisibles”, mientras que la Consejería de Justicia “ni tan siquiera ha fijado aún un calendario para regularizar esa deuda”.

Aunque asegura “comprender las dificultades económicas que atraviesa la Junta”, y reconoce que durante el pasado año la Administración autonómica “satisfizo unos 30 millones de euros” a los abogados andaluces, que “en su mayor parte” corresponden a “servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante 2011”, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha instado a la Consejería a que “dé prioridad absoluta” al pago de “la importante deuda que mantiene con los letrados andaluces”.

“Nos consta que la Consejería pone el máximo interés en este asunto, pero encuentra dificultades en el área económica del Gobierno andaluz que se han de remover urgentemente”, ha agregado Gallardo, que ha querido subrayar que quienes “sufren esos impagos” son “los casi 8.000 abogados que prestan cada día asistencia letrada ante los órganos policiales y judiciales de toda Andalucía a aquellas personas que padecen insuficiencia de recursos económicos”.

Por eso, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados confía en que “esta problemática se resuelva con carácter de urgencia” para que “los colegios de abogados no se vean abocados a adoptar a mediados de este mes esas medidas reivindicativas que ya acordaron en noviembre pasado” y que, en su opinión, “ineludiblemente perjudicarían a los ciudadanos por culpa exclusiva de la Administración autonómica”.

Esa no es la intención de los letrados, según ha aclarado Gallardo, para quien “la abogacía andaluza tiene sobradamente acreditado su deseo de mantener la calidad del servicio y no perturbar el funcionamiento de la Administración de Justicia, que en un altísimo porcentaje se hace posible a diario gracias a la labor profesional de los abogados que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita”, ha concluido