La abogacía anima a participar en la construcción del derecho de defensa

El mayor interés de la abogacía es ofrecer un derecho de defensa digno, libre e independiente, sin injerencias de ningún tipo, y que ningún ciudadano se quede indefenso ante los tribunales. Esta fue la principal conclusión que expuso Lourdes Carballo, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española, en la clausura de las I Jornadas de Derecho de Defensa.

“El futuro no es lo que va a llegar, es lo que vamos a hacer. No esperemos a que nos lleguen las reformas legislativas, intentemos que se promulguen como nosotros las queremos”. Por ello, animó a la abogacía institucional a ser proactivos en la construcción del derecho, a la vez que pidió que el derecho de defensa tenga un carácter esférico: “en todos los ámbitos, momentos y con carácter preceptivo”.

Estas jornadas, celebradas durante dos días, han servido para sentar las bases en esta materia y señalar el camino para empezar a trabajar.

La primera ponencia del segundo día de jornada, celebrada el 17 de junio, versó sobre “Defensa de las Competencias de la Abogacía”. Sobre intrusismo profesional habló Frederic Munné, diputado responsable de la Comisión de Arbitraje, Comisión de Honorarios y Centro ADR-ICAB (Arbitraje) del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Según el artículo 403 del Código Penal, señaló, es delito “ejercer como abogado sin poseer el título académico expedido, sin título oficial y, es aún más grave, cuando se atribuye públicamente la cualificación de abogado”. Este es el caso de plataformas digitales y proveedores alternativos de servicios jurídicos. Por ello, “tenemos que exigir el uso jurídico de la denominación de abogado y que no se use en vano”, instó.

Según Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional del Consejo General de la Abogacía, ante casos de intrusismo es muy difícil la actuación de los Colegios para resolverlo, y por ello, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Catalana, este auxilio lo ofrece la Administración, al haber incluido las leyes de Colegios Profesionales sanciones administrativas que castigan el intrusismo, “que oscila en Valencia de 5.000 euros a 150.000 euros”.

Pascual Valiente, presidente de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores de la Abogacía Española, debatió sobre el control de la publicidad como medida disuasoria de prácticas de intrusismo. Explicó que “los instrumentos que tenemos para defendernos son el Código Deontológico y el Estatuto de la Abogacía”. Por tanto, apuntó dónde hay que trabajar en este ámbito: “solo se solucionará controlando la transparencia en el precio de servicios y sancionando a quienes los ofrecen sin garantizar el mínimo requisito que el derecho de defensa conlleva, que es la relación abogado- cliente”.

En la segunda ponencia se expuso la protección de la defensa en la construcción del Derecho y el papel de la abogacía en su proceso legislativo.

Juan José Flores, presidente de la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos del Consejo General de la Abogacía Española, advirtió de la existencia “de un déficit democrático actual, en el que muchos ciudadanos no tienen una defensa adecuada,  dado que muchas veces el legislador, con la excusa de los costes, la sencillez y la desjudicialización, prescinde de la intervención letrada en determinados procedimientos”.

Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional del Consejo General de la Abogacía Española, explicó que “hemos avanzado en suspender juicios y plazos procesales en casos de maternidad y paternidad, pero exigimos también la suspensión de procedimientos en casos de enfermedad del profesional de la abogacía”, algo que ya ha pedido a los diferentes grupos parlamentarios para que se contemple en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.

Marta Martínez i Gellida, coordinadora del Grupo de Trabajo Probono del Consejo General de la Abogacía Española, defendió el asesoramiento jurídico en métodos alternativos a la resolución de conflictos (ADR) como otra vía. “Las abogadas somos las verdaderas gestoras del conflicto, somos las más capacitadas para decidir si un asunto debe ir al juzgado o a una mediación o conciliación”.  Y apuntó  que la mediación es necesaria para modernizar la abogacía y tener una resolución del conflicto de manera rápida y efectiva.

Manuel Eugenio Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, argumentó cómo se puede favorecer el acceso a la justicia utilizando herramientas fiscales. En este sentido, apuntó que la Abogacía Española quiere conseguir un mejor tratamiento en el IVA de la prestación de servicios jurídicos de abogados. Los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho son la educación, sanidad y justicia. “Mientras que los dos primeros gozan de exención en el ámbito del IVA, el tercero no”, denunció.

Augusto José Pérez-Cepeda, presidente de la de Subcomisión de Derecho Unión Europea del Consejo General de la Abogacía Española, apuntó que tenemos tres normas fundamentales que rigen nuestras vidas -la Carta de Derechos Fundamentales, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea-, pero “aún no tenemos normalizado el Derecho Europeo y la implicación de sus normas en nuestras vidas”, recordó.