La Abogacía aparece entre el grupo de instituciones y grupos sociales mejor evaluados por la ciudadanía

Por su interés se recoge la entrevista publicada en el diario LA LEY de 27 de junio realizada al presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, que se publicó durante la celebración de las VI Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados celebradas en Vigo. Para acceder a más información en DIARIO LA LEY 

Usted que conoce muy bien el mundo jurídico y el de abogacía especialmente, además de la realidad social española, ¿qué contribución cree que hace a la sociedad la abogacía?

Una contribución esencial y que, además, es cada vez más reconocida y mejor evaluada por la ciudadanía, según se deduce de los múltiples estudios de opinión disponibles. Por citar un solo dato que, en sí mismo, condensa de forma rotunda e inequívoca el sentido y alcance de esa contribución: el 82% de los españoles cree que en las actuales circunstancias los abogados desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

¿Y en estos difíciles tiempos de crisis económica generalizada?

Se reconoce de forma generalizada a la abogacía su labor de ordenación, encauzamiento y solución pacífica de conflictos que, de otro modo, podrían derivar en situaciones de grave injusticia y consiguiente probable violencia. En la actual crisis, la abogacía española ha tenido el valor —y el acierto— de no desentender- se de lo que «pasa en la calle», mirando para otro lado; al contrario, ha optado por dar —institucionalmente— la cara en todas las cuestiones de interés público que han surgido y que requerían un posicionamiento inequívoco. La ciudadanía lo ha percibido y se lo está premiando, como los sondeos disponibles llevan meses mostrando, con un creciente reconocimiento y aprecio.

¿En qué se concreta esta función social de la abogacía?

Básicamente, en haber sabido permanecer conectada con el pulso ciudadano, es decir, en haber sabido sintonizar con lo que el interés público demandaba en determinadas cuestiones (como, por citar solo unos ejemplos, en el caso de las tasas judiciales, o de las ejecuciones hipotecarias, o de la reforma de la Justicia) y expresarlo alto y claro. En Las Partidas de Alfonso  X, en la que, probablemente, es la primera definición en castellano del término abogado se le denomina «bozero» porque «razona por otro (…) en demandando o en respondiendo». Y eso es lo que los abogados españoles han acertado a ser en estos tiempos sin duda difíciles para nuestra sociedad: portavoces firmes, pero serenos y dialogantes, del sentir popular. Algo que, en cambio, no han parecido lograr otras instituciones a las que, en principio, parecería estarles atribuida más directamente esta función de portavocía institucional ciudadana.

¿Qué perfil tiene el abogado de oficio?

Un perfil que en realidad no coincide con el que, todavía, sigue siendo un extendi- do tópico al respecto. La justicia gratuita la desempeñan tanto los abogados más veteranos como los más noveles, y en proporciones idénticas. Es una actividad que los abogados parecen considerar una contribución que a todos corresponde y en la que todos se sienten implicados. Los abogados de oficio ¿compatibilizan su función con asuntos particulares? Sí, y esto va también en contra de otro tópico.

¿Qué opinión tienen los usuarios de la función de los abogados de oficio?

Periódicamente, y como una de las aportaciones al Observatorio de la Justicia Gratuita que llevan ya cinco años realizando de forma conjunta la Abogacía Española y la Editorial LA LEY, se lleva a cabo una encuesta entre usuarios de la Justicia Gra- tuita. Pues bien, de forma permanente el grado de satisfacción de quienes utilizan los servicios de los abogados de oficio resulta ser muy elevado.

¿Qué imagen tiene la sociedad española de la abogacía?

Claramente positiva, aunque quizá pueda sorprender a alguien. La prueba más sencilla y clara la proporciona la última oleada del Barómetro de Confianza Institucional que Metroscopia realiza para el diario El País, publicada el 7 de abril de este año. La Abogacía  aparece entre el grupo de instituciones y grupos sociales mejor evaluados por la ciudadanía, por encima de instituciones tan relevantes como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. No deja de ser llamativo que la sociedad perciba de forma tan clara la contribución que al mejor interés general puede estar desempeñando  una profesión que se basa, precisamente, en la defensa de intereses de parte.

Los poderes públicos ¿colaboran, respetan y valoran la contribución de la abogacía en la Administración de Justicia?

Por lo general, no, o al menos no en la medida debida. No puedo evitar la sensación de que los gobiernos, del signo que sean, y probablemente por razones ideológicas de base de naturaleza muy dispar pero coincidentes en los resultados, tienden a recelar de una institución, como la Abogacía, llamada a ser una permanente conciencia crítica. Y una conciencia crítica, además, difícilmente ignorable precisamente por su alta cualificación jurídica, que es, por cierto, reconocida de forma masiva por la ciudadanía: el 68% de los españoles dice que nuestros abogados tienen, en conjunto, un nivel de preparación alto o muy alto. Y saben de lo que hablan, porque el 55% ha ido alguna vez al despacho de un abogado a consultar algún tema de índole jurídica.

¿Cómo valora la tarea de los abogados en términos de paz social y de amortiguación de conflictos privados y públicos?

Creo que el hecho de que el 70% de los españoles afirme que la existencia de abogados permite que se aclaren y resuelvan pacíficamente situaciones que, en otro caso, podrían derivar en conflicto, tensión o violencia social lo dice todo. Además, un 90% valora especialmente la capacidad de pacto y negociación de los abogados. No somos un país pendenciero (o, al menos, no lo somos en modo alguno ya): nuestra ciudadanía anhela acuerdos, pactos, compromisos y valora especialmente a quienes profesionalmente más se empeñan en lograrlos. Que, según la percepción ciudadana, son fundamentalmente los abogados. Y no deja de ser hasta cierto punto paradójico que de forma masiva se perciba como agente de pacificación y concordia a una profesión tradicional y tópicamente presentada como tendente a enconar situaciones y propiciar disputas. Este papel, en nuestro imaginario colectivo actual, aparece ahora asignado a la clase política, y esto es algo tan lamentable como profundamente disfuncional para nuestra dinámica social y democrática.

En el respeto de los derechos fundamentales la labor de la abogacía ¿qué importancia tiene?

También aquí los datos son claros. Sin duda como consecuencia de los inequívocos planteamientos mantenidos por la Abogacía española de forma tan continuada como unánime en la promoción, vigilancia y defensa de los derechos fundamentales ni más ni menos que el 82% de los españoles reconoce el papel decisivo que desempeña en este ámbito.

¿Cree que se escucha suficientemente  la voz de la abogacía en la elaboración de las leyes que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia?

No, en modo alguno. Un ejemplo clamoroso, e inexplicable, es la prácticamente nula participación que, hasta ahora, se ha concedido institucionalmente a la Abogacía en el órgano encargado precisamente de gestionar el funcionamiento de la Justicia. Algo inconcebible, por ejemplo, en Estados Unidos cuyo sistema judicial tantos dicen admirar entre nosotros…

Respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿de qué se quejan los abogados?

Fundamentalmente, de las permanentes interferencias externas sobre la misma. ¡El 92% de los abogados españoles cree que nuestros gobiernos, cualquiera que sea su signo ideológico, muestran generalmente más interés por tratar de controlar a la Justicia o de influir sobre ella que por emprender una mejora a fondo de su funcionamiento que la haga más eficiente! Para los abogados, el problema no está en modo alguno en los jueces: el 77% cree que los actuales problemas de nuestra Justicia no dependen de las personas que la componen, sino de la forma en que está organizada. Y el 80% afirma que pese a todas las trabas, limitaciones, defectos e imperfecciones que pesan sobre ella, nuestra Administración de Justicia representa la garantía última en la defensa de la democracia y las libertades. La queja de fondo parecería ser algo así como «¡dejen de una vez en paz a la Justicia y no traten —más o menos sutilmente— de intervenir en su funcionamiento!».

¿Se sienten los abogados justamente  retribuidos y reconocidos por su labor en la Justicia gratuita?

Reconocidos sí: por la sociedad en general y, sobre todo, por los usuarios, como muestran los datos de encuesta disponibles. Retribuidos no: y no solo en cuanto a la (muy modesta) entidad de los honorarios, sino sobre todo en cuanto a la enorme tardanza en percibirlos.

El correcto funcionamiento de la Administración de Justicia es un baremo del funcionamiento democrático de una sociedad. ¿Qué parte les corresponde a los abogados?

Resulta realmente difícil atribuir a los abogados alguna responsabilidad significativa en lo que en nuestra Justicia funciona mal. De hecho, corporativamente, la Abogacía lleva ya un largo tiempo ofreciendo a los responsables públicos (los actuales y los anteriores) propuestas y sugerencias de posibles reformas y mejoras —por lo general amablemente desatendidas—. El funcionamiento de nuestra Justicia sería sin duda un claro punto negro en un hipotético chequeo de nuestra democracia. Y lo más triste es que se debe a factores relativamente sencillos de solucionar. No tenemos en modo alguno un problema de corrupción. Ni de incompetencia o falta de preparación profesional. Eso sí sería muy grave. Pero ocurre que en ambas dimensiones nuestros jueces son sistemáticamente muy bien evaluados tanto por los profesionales jurídicos como por la ciudadanía. Lo que ocurre es algo muy distinto. Por ejemplo, que como cree el 86% de nuestra ciudadanía (y el 83% de nuestros abogados) la disfuncional vetustez de nuestros mecanismos procesales, o la adecuada falta de medios, permita que las investigaciones en casos por corrupción (que tanto escándalo y alarma social originan) puedan eternizarse sin que el juez pueda evitarlo.

¿Se mide de alguna manera la función preventiva de la abogacía en la evitación de conflictos?

No. Y no solo no se la mide, sino que se la tiende a ignorar, como si la existencia de los abogados no constituyese —como en realidad ocurre— el más eficaz preventivo recurso a los tribunales. Desde hace años los datos indican que los casos que finalmente se judicializan probablemente no representan sino aproximadamente el tercio de todos los asuntos que llegan a los despachos de los abogados.

¿Y en la mediación y solución extrajudicial?

Tampoco. Y debería hacerse de forma sistemática para sacar a la luz, de forma razonablemente medida y objetivada, la crucial labor de sanación de las relaciones sociales que llevan a cabo los abogados. Ahora que está tan de moda recurrir a cuantificaciones tan llamativas como difíciles realmente de justificar de los puntos en que el PIB aumentaría con esta o aquella medida, sería bueno poner en primer plano de la atención pública otro tipo de «PIB», formado por intangibles de crucial importancia para nuestra convivencia cívica. ¿De qué sirve, en última instancia, mejorar —o mejor dicho, decir que se va a mejorar, lo que está por ver— en un punto nuestro PIB con esta o aquella reforma de la Abogacía si, al mismo tiempo, como consecuencia de la misma se perturbase la labor profiláctica que lleva a cabo sobre los flujos de conflictividad que permanentemente alteran nuestra vida social y que no por no estar cuantificada deja de ser menos decisiva de cara a la paz social? Personalmente, el economicismo simplista en cuestiones como ésta, tan llenas de matices y de dimensiones no medibles o no medidas, me pone muy nervioso. De entrada —y entiéndaseme como amable broma— pediría a quien haya calculado ese atractivo 1% de mejora del PIB mediante la puesta en práctica de alguna ocurrente mejora (por cierto, y dicho sea de paso, no reclamada por nadie) de la organización de nuestra Abogacía, que publicite y haga revisar sus cálculos de Excel por algún avispado estudiante universitario —como, tras la ya famosa experiencia de dos reputados economistas, parece prudente recomendar—.

¿Cuáles cree que son las mejores cualidades de los abogados y sus defectos?

La mejor cualidad, en el momento presente, de los abogados españoles es la imagen de competencia profesional, compromiso social y llamativa unidad que han logrado transmitir a la ciudadanía. Sus peores defectos (la tendencia a la desimplicación con los problemas de la profesión y de la sociedad y la propensión a la división y falta de unidad corporativa a la hora de defender el interés público) se encuentran en estos momentos en niveles históricamente mínimos. Ojalá por mucho tiempo.