Concentraciones en toda España: abogados, jueces y fiscales piden a Rajoy que hable con la Justicia

La Comisión Interasociativa de Conflictos de Jueces y Fiscales, que agrupa a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha convocado para al 12 de diciembre un paro parcial de 12:00 a 13:00 horas, al que se ha sumó el Consejo General de la Abogacía Española.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, realizó un llamamiento para que los abogados acudieran a las concentraciones convocadas por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales para protestar contra las tasas judiciales y así “mostrar al Gobierno que no se puede hacer una ley que expulsa a miles y miles de personas de la Administración de Justicia”.

Abogacía, asociaciones de  jueces y de fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de “poder a poder”, es decir, desde “el poder ejecutivo al poder judicial” debido al “fracaso” de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, según informó Europa Press.

Así lo ha indicado el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, durante la concentración contra la subida de tasas judiciales que ha tenido lugar desde las 12 hasta las 13 horas frente a los Juzgados de Plaza Castilla y durante la cual todos los representantes han señalado que “no descartan una huelga de los servicios de justicia”. Estas protestas se han repetido en todas las capitales de provincia de España.

Con respecto a la posibilidad o no de considerar a Gallardón como un interlocutor válido, el portavoz de CSI-F, Francisco Lama, ha recalcado que“ellos siguen considerando al ministro y a su equipo ministerial como personas válidas para abrir la vía de negociación” y ha indicado que, por ello, “están pidiendo por escrito que se sienten a negociar”.

Frente a ello, González Armengol ha recalcado que “quieren negociar de poder a poder y de poder ejecutivo a poder judicial”. “A la vista de como han ido las negociaciones y de que prácticamente no ha habido negociación ni interlocución, entendemos que hay un conflicto institucional fuerte” ha señalado el juez decano de Madrid.

“La solución tiene que hacerse de poder a poder, el máximo responsable del poder ejecutivo es el presidente del Gobierno y es el que tiene que ser nuestro interlocutor ahora”, ha apostillado.

UNA HUELGA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA PARA ENERO

González Armengol, ha señalado que “en el supuesto de que esto no mejore, de que no haya resultados en las negociaciones la comisión interasociativa se plantea una huelga de los servicios de justicia aunque ya veremos qué día y cómo se celebraría”.

De forma similar se ha posicionado el portavoz de CSI-F, Francisco Lama, que ha indicado que “este es el inicio de la movilización” en referencia a la protesta que se estaba desarrollando en los juzgados. “Desde luego no vamos a ningún acto de movilización, si hay que llegar a una huelga pues se llegará”, ha apostillado.

“LAS PALABRAS DEL MINISTRO SON MUY DESAFORTUNADAS”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha señalado que las palabras que el ministro de Justicia ha pronunciado en las últimas horas sobre el “conflicto” en la Administración de Justicia son “muy desafortunadas”.

En este sentido, Carnicer ha criticado las declaraciones en las que Gallardón afirmó este martes que las razones que motivaban las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a “intereses corporativos”. “Habrá que recordarle al ministro que los servicios jurídicos sociales que hoy se consideran imprescindibles y que forman parte de la justicia gratuita han nacido de compañeros altruistas que han prestado ese servicio siempre por humanidad y jamás por intereses particulares”, ha recalcado.

“No es cierto, por tanto, que este sea un problema corporativo y también es incierto que este asunto no le interese la ciudadanía” ha continuado Carnicer que ha señalado que Abogacía Española ha llevado a cabo encuestas en las que se muestra que “el 83 por ciento de la población rechaza estas tasas y cree que con los impuestos es suficiente para pagar los servicios de justicia”.

Además, Carnicer ha considerado una “desgracia” que el ministro radique los problemas de la justicia en la “masificación” del número de abogados. “La situación es producto de las leyes del Gobierno, entre ellos de este, que dio otra prologa más de las muchas dadas a la Ley de Acceso a la profesión de abogado”, ha señalado.

LOS SERVICIOS JURÍDICOS, PARADOS DURANTE UNA HORA

“En este momento y a esta hora en España miles y miles de ciudadanos se concentran para manifestar al Ministerio de Justicia que estas tasas y que la Ley Orgánica del Poder Judicial no arreglan la justicia y que es hora ya de introducir elementos que mejoren la Administración de Justicia” contando con aquellos que participan en la institución porque, según Carnicer, “nadie como ellos conoce los problemas de la justicia”.

Durante la concentración, que ha paralizado los servicios de justicia desde las 12 hasta las 13 horas, las decenas de personas concentradas frente a los Juzgados de Plaza Castilla llevaban camisetas amarillas con el lema de la concentración: ‘Justicia para todos: no a las tasas judiciales’.

“Gallardón dimisión” o “Gallardón escucha, la justicia está en lucha”han sido algunos de los gritos que han clamado las personas concentradas. Además, los manifestantes llevaban pegatinas con el lema ‘Tasas no, justicia para todos” y algunas pancartas, donde podía leerse ‘Procuradores contra las tasas’ o ‘No a la destrucción del bien justicia’.

Esta movilización a nivel nacional fue convocada el pasado 28 de noviembre, cuando las siete asociaciones integradas en la denominada Comisión Interasociativa Permanente anunciaron, además, que no descartaban la celebración de una huelga en enero de 2013 si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos y una reducción de sus días de permiso.

A juicio de los convocantes, la Administración de Justicia atraviesa “una grave situación de falta de medios personales y materiales que empeorará con las medidas anunciadas”, puesto que provocará “mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos”. Asimismo, consideran que las tasas judiciales “limitarán el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia”.

Durante el acto “en Defensa de la Administración de Justicia” celebrado este martes, que forma parte de las movilizaciones acordadas por el citado Comité, los representantes de las asociaciones han insistido en que las reformas suponen un ataque a la Administración de Justicia como servicio público y han manifestado que ya no consideran  como “interlocutor válido” al ministro Ruiz-Gallardón. Quieren una “reunión urgente” con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Previamente, el 11 de diciembre se realizó en la sede de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13 Madrid) una rueda de prensa, para medios nacionales e internacionales, que sirvió para poner en conocimiento de la opinión publica la situación de nuestra Administración de Justicia. En dicha rueda de prensa nacional e internacional estuvieron presentes junto a la Abogacía los jueces, fiscales, sindicatos, organizaciones de consumidores y otros colectivos.

La Comisión, en el caso de que se aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevista para el 18 de diciembre o se presentase otro proyecto que no respetase la independencia judicial ha anunciado que estudiaría la convocatoria una huelga para el mes de enero.

PARTICIPACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Alrededor de 300 profesionales han secundado el paro de una hora y se han manifestado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El decano del ICAV, Mariano Durán, ha respondido a las declaraciones del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aclarando que esta protesta no es consecuencia de la eliminación de la paga extra de los funcionarios de Justicia, sino que deriva de la absoluta carencia de un modelo de Justicia por parte del Gobierno.

A las concentraciones, seguidas por cerca de 2.000 personas en Castilla y León, se sumaron jueces, fiscales, procuradores, secretarios, funcionarios, representantes de asociaciones de consumidores y estudiantes, que escucharon la lectura de un manifiesto sobre la grave situación de la Administración de Justicia

Los abogados abulenses y su decano, Pablo Casillas, se concentraron a las puertas de la sede de los juzgados junto a jueces, fiscales y secretarios y representantes sindicales, en torno a medio centenar en total, que asistieron a la lectura del manifiesto de los jueces por parte de Luis Carlos García Nieto, juez de Menores.

En Burgos, los concentrados sumaban 150 personas, entre los que se encontraban letrados, jueces, fiscales y procuradores, encabezados por el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado Ayuso, el fiscal de la Audiencia Provincial, Santiago Mena Cerda,  y la juez decana, Blanca Subiñas Castro.

La manifestación celebrada en Palencia ha reunido alrededor de 250 personas entre jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, además de una amplia representación de la Abogacía palentina con la presencia del Decano, Daniel  Ibáñez, que ha reiterado los argumentos del manifiesto del CGAE.

Otras 150 personas se dieron cita en Salamanca y medio centenar más en Segovia, provincia en la que la lectura del manifiesto se hizo en el interior del Palacio de Justicia.

También en León se eligió el interior de los juzgados para una concentración que, en palabras del decano de los Abogados leoneses, Ricardo Gavilanes, fue “un éxito de participación, al que se sumaron jueces, fiscales y funcionarios”, y que reunió a alrededor de 400 profesionales de la Justicia.

Aproximadamente el mismo número se dio cita en concentración de Valladolid, que se transformó en una manifestación que cortó la calle Angustias, en la que se ubican los juzgados y la Audiencia Provincial, mientras en la sede del Colegio se recogían firmas contra las tasas.

A la protesta asistieron cientos de abogados, encabezados por el decano, Jesús Verdugo, -que leyó el manifiesto- y su Junta de Gobierno, jueces, fiscales, procuradores, secretarios, estudiantes de Derecho, representantes políticos y sindicales, y miembros de la Asociación de Consumidores de Valladolid,  entre ellos su presidente, Prudencio Prieto.

Se encontraban entre los manifestantes el consejero del Consejo General de la Abogacía Española, Enrique Sanz Fernández-Lomana, el juez decano, Ignacio Segoviano, la fiscal jefe, Esther Pérez, la decana de los Procuradores, Cristina Goicoechea, y el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, José Luis Ruiz Romero, que leyó el comunicado que expresaba las reivindicaciones del colectivo de jueces y fiscales.

“Cuanto más se persiste en sostener la Ley, el descontento es mayor”, afirmó el decano de los abogados en declaraciones a los medios, “las tasas”, finalizó, “son una monstruosidad y un atentado”.

Más de 300 profesionales del mundo jurídico de todo Baleares, en su mayoría abogados, han secundado esta mañana la concentración de protesta convocada por la Comisión Interasociativa, organismo que agrupa a diferentes asociaciones de jueces y fiscales, contra las propuestas de reforma que impulsa el ministerio de Justicia, así como contra unas tasas judiciales que los operadores consideran desproporcionadas y, por tanto, excluyentes.

Las protestas se han celebrado simultáneamente en Manacor, Inca, Mahón, Ibiza y Palma. En todas ellas, representantes de la Comisión Interasociativa han leído un manifiesto en el que, entre otras cuestiones, se pide a todos los responsables políticos que la Justicia “deje de ser vista como un problema”. Entre las reivindicaciones incluídas en el comunicado, entre las que, tal y como ha recordado la fiscal María Morató, “no se hace ni una sola mención a la retirada de la paga extra”, en clara alusión a las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Justicia, figuran la retirada inmediata del Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ “que perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”; el aumento de la planta con jueces y fiscales y la adopción de medidas y de medios materiales y humanos necesarios para “paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías”.

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) se ha sumado a la concentración en contra de las tasas judiciales estatales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre) que ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y el Hospitalet, y que ha sido convocada por asociaciones de jueces, fiscales y sindicatos de funcionarios. Las concentraciones también fueron seguidas por los profesionales de la Justicia en Reus, Granollers y Terrassa, aparte de otras localidades catalanas.

Con esta acción el Colegio de Abogados de Barcelona quiere mostrar nuevamente su rechazo a la entrada en vigor de las tasas judiciales. Por este motivo, el decano del de los abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, ha afirmado que “abogados, jueces, procuradores y fiscales estamos en contra de las tasas judiciales porque creemos que vulneran el estado de derecho y suponen un obstáculo para que el ciudadano acceda a la justicia, hecho que vulnera un derecho fundamental como es el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano”.

También cabe destacar los actos celebrados en Álava, Tortosa, Amposta, Córdoba o Cartagena, según se puede ver en las imágenes.