La Abogacía Catalana apoya al juez de Tarragona que ha llevado las tasas al TC, a petición del abogado

• Ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por considerar que ‘podrían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva’

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, aplaude la iniciativa llevada a cabo por el titular del Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona, Diego Zafra, que, a petición del abogado, ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a la ley de tasas judiciales aprobadas por el Ministerio de Justicia, por considerar que ‘podrían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva’.

En un auto dictado en febrero ante una demanda de recurso de súplica por parte de un pensionista, el magistrado plantea una posible incompatibilidad de la ley con el artículo de la Constitución que garantiza que ‘todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva ante los jueces y los tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión’. El juez se ha basado en el escrito del abogado, que le solicitaba la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad. Cabe recordar que la Abogacía puso a disposición de todos los letrados un modelo de formulario para plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de tasas. Este es el primer caso que trasciende en el que el juez acepta la propuesta del abogado y que su auto llega al TC.

Dos modelos de formularios contra las tasas

El Consell de l’Advocacia Catalana puso a disposición de todos los letrados, el pasado mes de diciembre, dos modelos de formularios en catalán -que se pueden descargar a través de su página web – para impugnar la polémica Ley de tasas judiciales y luchar contra el ‘abuso’ de su imposición. Los formularios proponen dos opciones: no pagar la tasa planteando cuestión de inconstitucionalidad, o bien pagar, interponiendo una reclamación económica.

La primera opción supondría la paralización del procedimiento hasta la resolución del juez o tribunal, respecto del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 10/1012, ante el Tribunal Constitucional. La segunda opción permitiría que el procedimiento siguiera su curso -previo pago de la tasa- pero interponiendo una reclamación dirigida al Tribunal Económico Administrativo de la circunscripción correspondiente, planteando la inconstitucionalidad de la Ley por la vía del contencioso administrativo. De esta manera, el procedimiento principal seguiría su curso de manera paralela a la reclamación económico, cuya tramitación podría alargarse entre dos y tres años pero que, al no interferir con el procedimiento principal, provocaría los mínimos perjuicios al justiciable.

Los formularios han sido redactados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que los ha puesto a disposición de los abogados de todo el Estado Español.

Recurso del CICAC contra la Orden Ministerial

La Abogacía Catalana también presentó el pasado mes de enero un recurso ante la Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que regula el pago de las tasas judiciales, solicitando su suspensión por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución. En su recurso, el CICAC ya advertía que ‘las tasas constituyen un obstáculo económico insalvable para infinidad de particulares, teniendo en cuenta su elevada cuantía’. Para la Abogacía Catalana, ‘las tasas suponen una limitación del derecho de acceso a la justicia, uno de los derechos más fundamentales del ciudadano’, por lo que ha solicitado la anulación de la orden ministerial que regula las tasas y, por tanto, su aplicación, por inconstitucional. El recurso está pendiente de resolución.