La Abogacía Catalana pide a Catalá una ley de segunda oportunidad para reducir los desahucios

El Consell de l’Advocacia Catalana ha propuesto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que impulse una ley de segunda oportunidad que permita reducir la deuda a las personas que no pueden hacer frente a su hipoteca o el alquiler de su vivienda, con el fin de frenar los desahucios, que continúan creciendo a consecuencia de la recesión. Es una de las propuestas que los abogados catalanes han presentado hoy durante la reunión del pleno del Consejo, que ha contado con la asistencia del ministro Rafael Catalá.

En el Estado Español, cuando una persona acumula una deuda hipotecaria o por impago de un alquiler que no puede asumir, la situación en que se encuentra es de total desprotección ya que, no sólo acaba siendo desahuciada, sino que a menudo la deuda le persigue y le impide rehacer su vida. Para evitarlo, en otros países europeos -como Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o Irlanda- y también en Estados Unidos, se han aprobado leyes que regulan el sobreendeudamiento familiar y que ayuden a superar la situación de desprotección en que se encuentran las familias que no pueden hacer frente a sus deudas. Ante este vacío en la regulación estatal, el Consejo de la Abogacía Catalana ha pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que promueva una ley de segunda oportunidad en España que regule, entre otros aspectos, la dación en pago de la vivienda y que permita empezar de nuevo a las familias que sufren las consecuencias de la crisis.

La propuesta de la Abogacía Catalana contempla que el banco no se pueda adjudicar por subasta un inmueble por un valor inferior al 80% de su precio de tasación, de modo que la deuda no supere el 20% del valor de la vivienda. También contempla la desjudicialización del proceso hipotecario y la regulación de un proceso notarial que permita al banco ofrecer la cancelación de la deuda por un importe no inferior al 80% del precio de tasación, así como la creación de comisiones de sobreendeudamiento que harían de mediadoras entre las entidades bancarias y la familia, y un tratamiento fiscal especial favorable a las personas y familias vulnerables y con riesgo de exclusión social.

“Pensamos que en España conviene una ley de estas características dirigida a las familias que, no sólo han perdido su vivienda, sino que, además, se encuentran con dificultades para poder rehacer su vida a  consecuencia de un deuda que los persigue”, explica el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié.

BATERÍA DE PROPUESTAS

Esta no es la única propuesta que la Abogacía Catalana ha hecho llegar al ministro de Justicia. También le ha pedido la derogación de la ley 10/2012 de tasas judiciales, para eximirse de su pago a las personas físicas y pymes; la descentralización de la prueba de acceso a la Abogacía, para que se pueda hacer también en Cataluña y que incluya más temas del derecho civil catalán; o la retirada de la ley de asistencia jurídica gratuita hasta consensuarla con la abogacía institucional.

En cuanto al recientemente aprobado anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Abogacía Catalana ha pedido al ministro que reconsidere los puntos que hacen referencia a la posible intervención de comunicaciones telefónicas sin autorización judicial, y en la supresión de la necesidad de asistencia letrada para la recogida de pruebas de ADN de un detenido. La Abogacía también solicita al ministro que retire la propuesta de instauración de la pena de prisión permanente revisable, por considerar que vulnera las previsiones constitucionales de reinserción que deben guiar toda política penitenciaria.

TASAS Y JUSTICIA GRATUITA

El Ministro de Justicia visitó también el Colegio de Abogados de Barcelona, donde se reunió con el decano, Oriol Rusca, y el resto de miembros de la Junta de Gobierno del ICAB (vicedecana, secretario y diputados de la Junta) para analizar conjuntamente los principales temas que afectan a la abogacía: ley de tasas judiciales, la reforma de la Justicia Gratuita y la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECrim).

La Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona trasladó al ministro la preocupación por estas leyes que afectan especialmente a la abogacía y a los ciudadanos y considera muy positiva la acogida que tuvo el ministro.

En la reunión también estuvieron presentes María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña; Miguel Angel Gimeno Jubero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; José María Romero de Tejada, fiscal Superior de Cataluña; Abel Pié, presidente del Consell de l’Advocacia Catalana; Joan Carles Ollé, decano del Colegio de Notarios de Cataluña; Ignacio López Chocarro, decano del Consejo de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña; Luis A. Suarez Arias, decano del Colegio de Registradores de Cataluña.